Por: ANGEL ALIRIO MORENO MATEUS

Comenzaron unos nuevos gobiernos y querámoslo o no, estarán a cargo de unos nuevos mandatarios que por virtud del ordenamiento jurídico son desde el primero de enero, servidores públicos, que deben ser respetados y acatados en sus decisiones, sobre las que la ciudadanía tendrá control a través de las herramientas que ha propugnado la Organización de Naciones Unidas, sean implementadas, para que exista transparencia en los gobiernos y  de esta forma se combata la corrupción.

Los nuevos mandatarios son los integrantes de la era anticorrupción. Atrás quedarán –para la historia- procesos como el 8.000 que vinculó a muchos de los políticos colombianos con el narcotráfico y la parapolítica, término último acuñado para judicializar y sancionar penalmente a otros políticos a los que se les condeno porque el Estado consideró que se habían aliado con actores armados de extrema derecha, para alcanzar con su ayuda curules en el poder legislativo. En la reconciliación, en la etapa del post conflicto, se borraran sus pecados tras la solicitud de perdón para que les indulten o amnistíen sus conductas. Los penales donde los indiciados y condenados pagaron con la privación de la libertad por esos procesos, comienzan a reclamar nuevos huéspedes, ahora por corrupción, para que soporten las imputaciones y purguen las condenas por infringir la ley penal en el título de los delitos contra la administración pública que hayan afectado el patrimonio del Estado.

La lucha contra la corrupción, dejo de ser retórica para constituirse en política pública del Estado colombiano desde cuando se adoptó y se le dio desarrollo a la Convención Interamericana contra la Corrupción, y a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES- se estableció que “la corrupción se puede entender como un fenómeno cíclico que se autorrefuerza y en donde sus causas y consecuencias se alimentan mutuamente. Factores como la desigualdad social, los inadecuados diseños institucionales, los incentivos perversos para el oportunismo, la impunidad frente a las prácticas corruptas, y la aceptación social de la corrupción son, en diferentes momentos, simultáneamente causas y consecuencias del fenómeno. (…) La corrupción se entiende como el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y/o privados con poder e incidencia en la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos.”

Los nuevos gobernantes son los de la transición entre el pasado de la corrupción y el florecimiento de la transparencia

No olvidemos que Colombia es aún considerado Estado fallido y que según la ONU “la lucha contra la corrupción, por tanto, es de gran importancia para el desarrollo de una sociedad, toda vez que las consecuencias del fenómeno son estructurales. Una práctica de corrupción no solo viola una regla particular o impacta una decisión colectiva específica, sino que afecta la legitimidad del Estado, profundiza la desigualdad y las asimetrías de poder, lo que se puede traducir en inseguridad e inestabilidad.”

Tengo la certeza como ciudadano que en Santander serán ejemplarizantes las sanciones penales que se impondrán a mandatarios que recientemente se largaron y de manera indebida, con las alforjas llenas. Y tengo la confianza, que en la Gobernación de Santander y tal vez en la mayoría de las alcaldías municipales, se guiaran por patrones y metodologías recomendadas por los organismos globales que propenden por la transparencia, para evitar riesgos y episodios de corrupción. En esa medida, los actuales mandatarios tienen la oportunidad de pasar a la historia como los gobernantes de la era de transición entre el pasado de la corrupción y el florecimiento de la transparencia. Así, reivindicarán el ejercicio de la política para que el ciudadano vuelva a creer en el Estado, se recupere la institucionalidad, las buenas prácticas de gobierno y como gobernantes, tengan un lugar en los pedestales destinados a los hombres probos.