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Ley de memoria histórica: ¿efectiva y justa?

07/06/2019 18:30 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Una ley que contribuye a cerrar las heridas aún abiertas y procura dar satisfacción a quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y de la dictadura

En diciembre de 2007 se aprobó la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, que reconoce y amplía derechos, estableciendo medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Esta Ley se conoce con el nombre de ley de memoria histórica. Su cometido es terminar de forma definitiva con las demandas de las víctimas del franquismo, al tiempo que pretende servir de base para la elaboración de políticas públicas dirigidas a recuperar y dignificar la memoria y los valores de aquellos que fueron masacrados por su defensa de los valores democráticos.

Esta ley, no obstante, por su desarrollo reglamentario a tenor de las demandas parece ser insuficiente, siendo mayor el impulso desarrollado en comunidades autónomas como Andalucía, Catalunya y Euskadi.

La ley de memoria histórica no satisface los tres elementos fundamentales que conforman los programas de justicia de transición de las dictaduras a las democracias. ¿Y cómo es esto? Pues por ejemplo, porque la negativa a que se investiguen hechos graves de violaciones de los derechos humanos durante la represión franquista impide que pueda cumplirse el requisito imprescindible de la verdad. Esto, evidentemente, vulnera el derecho de las víctimas a conocer el paradero de las personas desaparecidas. En España aún no contamos con un relato auxiliar ni una historia oficial de los crímenes de la dictadura.

Por tanto, no hemos avanzado nada en términos de justicia real. La impunidad impuesta por la Ley de Amnistía del año 1977 se mantiene intacta. Hoy, no hay iniciativas que capaces de superar esa impunidad. Ni legislativas ni judiciales. Desde esta perspectiva, la transición, que ni siquiera planteó la asunción de responsabilidades penales a aquellos que cometieron tales atrocidades, no merece ser calificada de ideal.

Entonces, ¿En qué hemos avanzado con esta ley? En la reparación a las víctimas sobre todo, mediante pensiones y reconocimiento de indemnizaciones. En este sentido, cuando menos, la ley de memoria histórica abunda en este proceso. Pero, subsiste un déficit importante, y es que la negativa del legislador español tiende a establecer un procedimiento para declarar la nulidad de las sentencias condenatorias.

Así que estamos lejos de la implementación del conjunto de políticas públicas idóneas para desarrollar esta memoria democrática a que hace referencia la Ley. Una memoria que contribuya a forjar una sólida ciudadanía democrática.

La ley de memoria histórica en lo relativo a las pensiones e indemnizaciones a las víctimas del franquismo dista mucho cuantitativamente de las víctimas del terrorismo según el ordenamiento jurídico español.

Las medidas de reparación moral que recoge la ley de memoria histórica adolecen de una perspectiva integral

Las medidas de reparación moral que recoge la ley de memoria histórica adolecen a su vez de una perspectiva integral. Es decir, se recogen en ella una serie de medidas parciales e insuficientes y se omite cualquier declaración de perdón y asunción de responsabilidad por parte del Estado español. Y lo más chocante, tampoco se anulan las sentencias emitidas por los tribunales franquistas en flagrante violaciones de los derechos humanos y garantías procesales.

Establece igualmente esta ley, un procedimiento de privatización de las labores de exhumación e identificación de cadáveres. O dicho de otra forma, la Ley no establece una obligación de los poderes públicos para realizar estas tareas, simplemente establece un principio de colaboración con las asociaciones de víctimas.

Ordena, eso sí, tomar medidas a las autoridades públicas para retirar símbolos franquistas en edificios, calles y lugares públicos. Tomándose medidas económicas, como la retirada de subvenciones o ayudas públicas, en caso de que no se cumpla con este precepto legal.

No obstante, persisten numerosos símbolos de exaltación del franquismo en lugares públicos, incluido el Valle de los Caídos; situación que contrasta con el hecho de que numerosos lugares donde se ejerció la represión permanecen sin señalizar y dignificar.

Hubo desde el principio una especie de pacto de silencio que se forjó en la transición española y que se refleja hoy en la política de archivos, registros y acceso a documentos públicos. Es curioso, pero toda la documentación relativa a la represión franquista fue durante años de imposible acceso para periodistas, historiadores e interesados. Incluso hoy son grandes las dificultades para quienes pretenden acceder a dicha documentación, a pesar del derecho de acceso público que reconoce la propia ley. Además, pese a la normativa aprobada por el Ministerio de Justicia en el ámbito de la protección y garantía de la identidad de los niños robados, el Estado español se resiste a enfrentarse e investigar este hecho en su completa dimensión.

 

BOE 24-XII-2008. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51900-51901.pdf

BOE 30-IV-2009. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/30/pdfs/BOE-A-2009-7194.pdf

BOE 17-11-2008. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/17/pdfs/A45577-45581.pdf

BOE 28-V-2011. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/BOE-A-2011-9320.pdf

BOE 22-VII-2011. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/22/pdfs/BOE-A-2011-12628.pdf


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Aicrag (232 noticias)
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