La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, sancionada el pasado 28 de junio por el presidente Juan Manuel Santos, define el marco legal para desarrollar las llamadas Regiones Administrativas y de Planificación.

Según el mandatario, esta ley tiene instrumentos para que departamentos y municipios conformen regiones y provincias administrativas que trabajen unidas para su progreso, y además, dispone claramente de dónde saldrán los recursos para que las regiones ejecuten sus proyectos.

"Estas regiones serán verdaderas empresas, con el debido reconocimiento legal, que velarán por los intereses de los departamentos que las integran. Serán empresas por el desarrollo regional que podrán designar supergerentes regionales que articulen los esfuerzos de sus miembros", explicó.

Añadió que "ahora las regiones podrán sentarse a concertar las capacidades de cada departamento y decidir cómo pueden ser más competitivos dividiendo funciones. Pueden coordinar —por ejemplo— cuál tiene mejores condiciones para un gran aeropuerto, cuál otro es más apto para apostarle de lleno a la industria portuaria y cuál debería enfocarse en el impulso de un gran ferrocarril".

Agregó que lo mismo podrán hacer los municipios, a través de las Provincias Administrativas y de Planificación. Así mismo, las provincias articularán la gestión de los municipios, armonizando el disperso desarrollo local.

"Ésta es una oportunidad para planear —en equipo—, teniendo en cuenta los intereses comunes de poblaciones vecinas o de las que hacen parte de una misma cadena productiva", puntualizó el Presidente y subrayó que todo eso será posible "sin necesidad de nuevo poderes políticos o estructuras intermedias que impliquen más costos para los colombianos".

Para dar una idea de las bondades de la Ley sancionada, el Presidente precisó que en la última década, los recursos totales de regalías que recibieron los departamentos del Caribe fueron de 9 billones de pesos.

"Pues bien, ahora, con el buen momento de los hidrocarburos y con la Reforma a las Regalías, se espera que el Caribe reciba en esta década 27 billones de pesos. Esa plata irá directamente a la inversión, a la competitividad, a generar empleo y a reducir la pobreza", añadió.

El Presidente destacó entre las tres herramientas que estipula la Ley de Ordenamiento Territorial, la figura de los llamados 'Contratos Plan', que faculta a grupos de departamentos o municipios para asociarse y sacar adelante grandes proyectos y obras.

"Básicamente, estos contratos son una especie de 'licencia' para que las regiones —unidas por departamentos, o por municipios— tengan competencias que hoy sólo se le permiten a la Nación", explicó.

Añadió que "por ejemplo, si dos o más departamentos —o incluso, municipios— presentan un megaproyecto vial, serio y realista, la Nación podría hacer con ellos un 'Contrato Plan' y cederles la competencia sobre el recaudo y los impuestos —durante un tiempo determinado—".

También esas asociaciones de territorios podrán emitir títulos o comprar acciones de manera conjunta, con el propósito de financiar algún proyecto bien justificado.