Redacción. Al amparo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuya vigencia comenzó ayer, se inició el proceso formal para que miles de familias campesinas puedan recuperar los predios que abandonaron forzosamente a causa del conflicto armado o les fueron arrebatados por organizaciones criminales. La Ley establece que tienen derecho a la restitución material y jurídica de tierras las personas propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que hayan sido o sean víctimas del despojo o abandono forzado de sus tierras a causa del conflicto armado desde el primero de enero de 1991.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas es la encargada de organizar y mantener un registro de todos los predios presuntamente despojados o abandonados, recibir las solicitudes de restitución y someter los casos, en representación de las víctimas, ante los nuevos jueces agrarios.

Esta Unidad tendrá trece oficinas regionales funcionando en este mes y 17 al finalizar el año.