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Libertad de expresión limitada

16/05/2019 14:39 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Lo ideal sería que la libertad de expresión estuviera ligada a la educación, utilizar un lenguaje apropiado y escuchar activamente respetando los sentimientos y las ideas de los demás sería lo ideal

En el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se expresa que se debe garantizar el derecho de la libertad de expresión, ya que es elemental para que cualquier ser humano pueda realizarse y desarrollarse debidamente como individuo. Las constituciones de cada país democrático también incluyen este derecho humano como derecho fundamental.

La libertad de expresión es elemental para la difusión de ideas y para el descubrimiento de la verdad. No hay ninguna duda de que este derecho humano es necesario para que las personas puedan tomar conocimiento del entorno que les rodea y del mundo en general, pues esto les capacita para intercambiar ideas y aprender mediante la comunicación libre con los demás. La libertad de expresión no es otra cosa que la posibilidad de formular ideas y, al mismo tiempo, escuchar otras.

Este derecho a la libertad de expresión se definió en el año 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no obstante, se habla de este concepto desde la Ilustración. Voltaire, Rousseau y Montesquieu sostenían que un mundo de hombres libres tendría como resultado un avance tanto en las artes como en las ciencias, y sin duda, en la política.

Pero, ¿Existen limitaciones a este derecho? La libertad de expresión se puede ver limitada cuando una situación entre en conflicto con otros derechos. Es decir, no puede considerarse libertad de expresión todo acto que tenga relación con la violencia, el delito o cualquier otro caso que pueda producir daños a otro.

Hace 55 años, en marzo de 1964, Timoteo Buendía, un peón de albañil, fue condenado a diez años y un día de prisión mayor por «cagarse en Franco» en voz alta en mitad de un bar en presencia de testigos. Esta sentencia la impuso el Tribunal de Orden Público (1963-1977). Pero lo que preocupa, es que semejante tropelía pareciera posible hoy día, si por algunos fuera.

Lógicamente, cuando se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, España estaba bajo la dictadura de Franco, con una represión firme como pieza fundamental sobre la que articular el sistema, y bajo una extrema violencia ejercida en la toma del poder, con la única voluntad de permanecer en él por la fuerza. Leyes como la Ley de Prensa de 1938 ponían a los medios de comunicación al servicio del régimen con medidas como la censura previa.

La Constitución garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información en su artículo 20

Cuando el régimen quiso actualizarse mirando al Mercado Común Europeo, puso en marcha una fingida política de apertura cultural que culminó en la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, que establecía unos márgenes de actuación muy estrechos y un nivel de represión cultural muy feroz, y por supuesto manteniendo siempre la censura previa. A la muerte del dictador y tras la coronación de Juan Carlos I, la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 siguió vigente. Y aunque la Ley sobre Libertad de Expresión de abril de 1977 la suavizó en cierta manera, prohibió expresamente toda crítica a la unidad de España, al Ejército, a la Institución Monárquica y a la Familia Real. Las instituciones se fueron transformando y el Tribunal de Orden Público fue sustituido por la Audiencia Nacional.

La llegada de la Constitución en diciembre de 1978 trajo la derogación de la censura. La Constitución garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información en su artículo 20. pero, aún así, una serie de disposiciones posteriores han ido estrechando esos límites. Tras la crisis de 2008 y debido a la explotación de las redes sociales por la ciudadanía para expresar sus experiencias u opiniones, se percibe una tendencia por el control de Internet que en algunos aspectos nos recuerda a esos tiempos totalitarios. Así, comentarios vistos como injurias a la Corona, por ejemplo, dejan espacio para la persecución ideológica del disidente, especialmente tras la reforma del Código Penal del 2015 o la improcedente Ley Mordaza, que tantas denuncias y sentencias dan cada día de forma desproporcionada e inflexible.

La libertad de expresión en España por consiguiente, está seriamente amenazada, porque se criminalizan hasta los chistes. Sería para tomárselo a guasa si no fuera por que esto no es broma, la Audiencia Nacional condenó a la tuitera Cassandra Vera en 2017 a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo, y todo por reproducir en Twitter 13 chistes sobre Carrero Blanco. Sí, es cierto que el Tribunal Supremo anuló la sentencia, pero el daño y el descrédito ya estaban hechos. Y qué decir del caso del actor Willy Toledo, denunciado por un delito contra los sentimientos religiosos por «cagarse en Dios y en la Virgen».

A causa de los atentados terroristas de París en enero de 2015, el gobierno español introdujo unas enmiendas al Código Penal que ampliaban el ámbito de aplicación del artículo 578 para penalizar el enaltecimiento del terrorismo mediante la difusión pública de mensajes o consignas, aumentando la pena máxima de dos a tres años de prisión. Hasta aquí bien, es como tal una media buena y lógica. Lo malo es que las autoridades vienen utilizando el artículo 578 para reprimir otras expresiones de índole política, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad artística del país. Esto restringe la libertad de expresión. La expresión política es básica, necesaria para mantener un debate dinámico sobre cuestiones de interés público y para inspirar el pensamiento crítico.

El derecho a la libertad de expresión incluye, nos guste o no, expresiones que pueden ofender en un momento determinado a alguien, escandalizar o molestar, en realidad esto está en los modales de cada persona, hay quienes saben estar y quienes simplemente, carecen de elegancia, porque la buena educación va más allá de los conocimientos o el estatus social de la persona. Es cuestión de civismo y respeto hacia el otro. Pero, como decía, al usar el artículo 578, las autoridades advierten en realidad a la sociedad que no van a tolerar ciertas formas de discrepancia, ni permitirán cuestionamiento alguno o ideas alternativas. Si hay monarquía ni se te ocurra proclamar tu ideal republicano. En esto estamos en España.


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Aicrag (232 noticias)
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