El problema de los desplazados parece estancado y sin soluciones a la vista en Colombia. Desde que el país apareció en las estadísticas internacionales ocupando el segundo puesto mundial, de este flagelo humano, ha permanecido quieto. Ha habido tentativas de soluciones pero muy pocas y de aplicación paquidérmica. La procuraduría y las Altas Cortes insisten en que el gobierno ha incumplido sistemáticamente con los desplazados, pero los altos funcionarios se rasgan las vestiduras y afirman que nunca como ellos en la historia de Colombia habían dado tanto. El gravísimo problema del maquillaje de las cifras, agudiza más la situación y le hace daño a irreversible a las victimas. Mientras Acción Social de la Presidencia asegura que el fenómeno de desplazamiento se redujo en un 56 por ciento, la organización Codhes dice que las estadísticas son manipuladas. En el país muchas entidades privadas creen en lo mismo. La incertidumbre sobre la cifra correcta de las víctimas es parte del problema, no parará hasta que llegue a su final este gobierno, el siete de agosto. Mientras la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES), tasa en 4 millones a los desplazados, la oficina de Acción Social de la Presidencia de Colombia dice que en sus registros que soplo aparecen 2.6 millones inscritos. La diferencia es brutal.

Al complejo y doloroso panorama humanitario colombiano el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, le agrega la existencia de 100 mil minas antipersonales sembradas por casi todo el país. Colombia ocupa otro vergonzoso segundo lugar. “The Landmine Monitor en su último reporte sostiene que durante los últimos años Colombia ha ocupado el segundo lugar del mundo en mutilados por esos artefactos, después de Afganistán”. El reclutamiento masivo de menores de edad para la guerrilla, los paramilitares ennegrecen aún más el paisaje. Las mujeres, niñas y niños y adolescentes siguen siendo la mayoría de las personas desplazadas en Colombia. Son como dicen los muchachos ahora, “las que más llevan del bulto”. Durante el período 2002-2009, del gobierno de Uribe, “la cifra de desplazados fue de 2 millones 412 mil 834 personas”. Aquí se teje una de las polémicas más agrias entre ONGs y Gobierno. Ha sido la causa de infinidad de discursos agresivos de los funcionarios del alto gobierno en donde hizo carrera negarlo todo si los autores no admiten maquillaje de la oficina de prensa de la Casa de Nariño.

“49 por ciento fueron desplazadas de sus tierras desde que se inició, (en agosto de 2002), el gobierno de Álvaro Uribe Vélez”. Nunca ha parado el flujo hasta el dia de hoy

Sobre los desterrados en Colombia, a enero pasado, había documentado sobre un saldo de cinco millones 915 mil 579 casos de personas que han sido desplazadas por la fuerza durante los últimos 25 años. En su informe más reciente, las Naciones Unidas, (de enero 27 de 2010), sostiene que de ellas, “49 por ciento fueron desplazadas de sus tierras desde que se inició, (en agosto de 2002), el gobierno de Álvaro Uribe Vélez”. Solamente en 2009, en Colombia fueron desterradas por efecto de la guerra civil y otras manifestaciones de violencia 286 mil 389 personas. Aquí se observa una disminución de 24 por ciento respecto de 2008 cuando los desplazados sumaron al menos 380, 863 personas. Afectó al 69 por ciento del total de los municipios, es decir, llegó a 773 de los 1.119 que componen el territorio nacional”. En el 2009, “tuvieron ocurrencia siete eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 19.181 personas en 12 departamentos de los 32 en que se divide la geografía nacional. Mientras el gobierno quiera tapar el sol con un dedo, la cuestión seguirá sin solución. De esos desplazamientos masivos de población 83 por ciento de las víctimas pertenecen a los grupos étnicos más rezagados y vulnerables del país, las comunidades negras e indígenas.

380 mil familias campesinas fueron despojadas de 5.5 millones de hectáreas. Todo esfuerzo para que se les devuelvan sus propiedades han resultado inútiles y cada vez que hay presiones y movimientos de protesta, el ejecutivo reacciona violentamente o distrae la atención ciudadana con temas diferentes. Casi todas esas tierras están en poder de cultivadores industriales de palma de aceite y caucho. Solo un uno por ciento de las gentes desplazadas ha regresado a su lugar de origen y otro tanto ha regresado al desplazamiento porque en Colombia no existen políticas agrarias serias respaldadas con crédito de fomento para el campesino. Esa cantidad, a pesar que el gobierno la usa como ejemplo de la labor presidencial en su favor, a otros niveles se le califica como una cantidad ínfima e irrisoria. Entre las cifras maquilladas están aquellas que advierten el gran crecimiento del empleo en el campo, cuando la realidad establece que, “por lo menos 994.000 personas que integran 198.800 familias campesinas abandonaron el campo y la producción agropecuaria entre 2005 y 2009 ya no están en ello. En cinco años la población rural colombiana habría disminuido en un millón de personas, al pasar de 10.3 a 9.3 millones”. Otra de las verdades inocultables: “Muchos de los programas de ayuda a los millones de desplazados en Colombia se han convertido en un negocio ''filantrópico'' para calmar conciencias y crear burocracias inútiles, para pagar favores políticos”. Aunque es imposible, el gobierno de Colombia si cree que está tapando el sol con un dedo.

Son más de cuatro millones de personas que sufre en problema del desplazamiento en Colombia, el gobiuerno lo niega