El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural comenzó su estrategia de socialización del nuevo proyecto de ley sobre desarrollo rural, que presentará al Congreso en la próxima legislatura y que le dará un revolcón a la política sectorial.

La presentación de los principales componentes del proyecto la hizo el titular del despacho agrícola, Juan Camilo Restrepo Salazar, en el marco del seminario internacional "Desarrollo rural: un factor clave para el logro de la paz y la prosperidad", organizado por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la agencia de cooperación estadounidense Usaid.

El proyecto de Ley de Desarrollo Rural tendrá once grandes componente: disposiciones generales, ordenamiento de los macro usos de la tierra, incentivos para mejorar los usos del suelo, política de desarrollo rural integral, acceso a la propiedad de la tierra, acceso a riego y adecuación de tierras, acceso a servicios financieros, bienes públicos sociales, infraestructura productiva, formalización de la propiedad rural y fortalecimiento institucional.

La nueva política de Desarrollo Rural se adelantará en 25 Áreas de Desarrollo Rural que trascienden los límites municipales y permitirán aprovechar ventajas regionales y mejorar la vinculación a los mercados.

El proyecto propone cuatro líneas de acción para dotación de tierras a pequeños productores y campesinos sin tierra: compra directa de predios por el Incoder, subsidio integral de tierras, titulación de baldíos y formalización de títulos de propiedad rural.

Los beneficiarios de la política integral de tierras tendrán acompañamiento del Estado con un paquete de servicios que incluye: riego, servicios financieros, asistencia técnica y vivienda rural.

Habrá una nueva Política Nacional de Riego articulada con el ordenamiento de usos del suelo. Se crearán estímulos a la participación del sector privado en la construcción de distritos de riego a través de sistemas de obras por concesión y líneas de financiamiento adaptadas a los requerimientos de las inversiones en riego.

La prestación de la asistencia técnica será un servicio público obligatorio para pequeños y medianos productores.

Además, busca detener el crecimiento de la frontera agrícola, orientar la política hacia una mejor gestión del territorio y procurar un uso más eficiente de la tierra productiva disponible. También propone eliminarlos incentivos al crecimiento de la frontera agrícola: no más programas de colonización y cambiar la modalidad de titulación de baldíos por ocupación.

En lo referente a la reestructuración institucional, se contempla la creación del Consejo Nacional de Tierras, CONAT, que se encargará, entre otras competencias, de definir una política de usos de la tierra. De dicho ente harán parte el presidente de la República, los ministros de Agricultura, Minas y Energía y Ambiente y el director de Planeación Nacional.

De igual manera se creará la Unidad Nacional de Tierras y Aguas Rurales para la planificación y ordenamiento de los usos productivos de la tierra y el agua para riego; y se hará una nueva reestructuración al Incoder.

Entre los propósitos de la iniciativa está asegurar el buen uso de la tierra, reducir en un treinta por ciento los índices de pobreza en el sector rural colombiano, transformar su estructura productiva y atender a un millón de personas, equivalente a cerca de 225 mil familias.

Proyecto de ley de desarrollo rural