La ley 100 o comercialización de la salud pública, esperpento que se inventó, Álvaro Uribe, cuando era senador, sigue dejando rastros negativos entre los colombianos. Definitivamente no es el sistema que le sirva efectivamente a la comunidad, por el contrario, como lo consideran algunos dirigentes políticos y profesionales de la medicina, se trata de algo que debe ser desechado. La Ley 100 le sirve para que algunas personas y entidades hagan mucho dinero, en forma descontrolada, pero nunca jamás para una atención efectiva del paciente. El gobierno actual quiere venderles a los colombianos la idea de que es muy buena porque hay muchos afiliados al sistema, pero desconocen de tajo la calidad de la atención, la verdadera esencia social. Las reformas hechas las ejecutan con sumo cuidado para no in afectar las ganancias de los comerciantes de la salud.

Un estudio realizado por especialistas de la Universidad Nacional, promulgado en los últimos días, se encontró serias irregularidades en la prestación de los servicios de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) en Colombia. El 24 por ciento de los atendidos por los médicos recibió negativas en cuanto a exámenes de laboratorio y a un 45 por ciento se les negó el tratamiento requerido. La publicación precisó que “En un 19 por ciento de los casos al paciente se le negó la atención por barreras administrativas; en otro alto porcentaje por falta de los médicos especialistas o por no tener los equipos para el tratamiento. Otra de las causas de la negativa, situación generalizada, porque el paciente no tiene la plata para pagar el tratamiento”. La cuestión social y la responsabilidad del Estado están a punto de desaparecer para dejarla en manos, ahí está lo horrible, de comerciantes a quienes solo les interesa las ganancias. Si no hay dinero, no hay medicina ni atención médica.

César Abadía, Profesor del Departamento de Antropología y del Doctorado Interfacultades en Salud Pública, dijo que “las EPS ven en la ley 100 un soporte jurídico que las respalda para negarse a prestar los servicios médicos”. La principal justificación de las EPS es que “el tratamiento que se requiere no está incluido dentro de Plan Obligatorio de Salud (POS)”. Además de lo anterior a los médicos de las EPS “los emplean bajo contratos temporales y existen el sistemas de premios y castigos”. A los que sobrepasen los límites en cantidad de medicamentos otorgados se les puede cancelar el contrato. Lo peor del tema es que a la persona que se le niega el tratamiento debe enfrentar un largo trámite para que pueda ser atendido, muchas veces por vía judicial/tutela. “En algunos casos después de varios meses de esperar por el tratamiento la persona muere y la EPS sigue campante como si nada hubiese sucedido”.

A LA LEY 100 es urgente hacerla desaparecer y reemplazarla por una norma humana no comercial como se usa en la actualidad: Primero en dinero despuès la gente

El Ministro de Seguridad Social no es una persona en la que se puede confiar. A este oscuro personaje, metido en líos judiciales hasta el cuello, no le interesa la persona, sino la rentabilidad de quienes comercian con el dolor humano. En reiteradas ocasiones ha sostenido que la ley 100 es la panacea y es quien mas se ha opuesto a que sea reformada de manera que beneficie a la persona. Como lo afirmó en una ocasión el senador y médico Iván Moreno Rojas, la ley 100 hay que desaparecerla del todo y reemplazarla. Los presupuestos nacionales, invertidos voluminosamente en cosas que no son salud sino rendimiento económico de las ARS, EPS, y similares hay que rescatarlos para los efectos de la salud. Moreno Rojas dijo que lo hecho hasta el momento como “reforma a la ley 100” no tiene repercusión social, son simples pañitos de agua tibia.

Sobre lo que la Universidad Nacional, primer centro de investigación del país, llama “serias irregularidades en la prestación de la salud al ciudadano colombiano” ni el ejecutivo ni el congreso se han pronunciado. Las voces escuchadas se pierden en el vacío de la indeferencia política y social. Hay que recordar que la mayor parte de organizaciones dedicadas a la comercialización de la salud en Colombia, son de propiedad en forma directa o indirecta de políticos al servicio del gobierno. La ley 100 fue diseñada por Álvaro Uribe Vélez como una fuente de obtención de dinero, por eso existe el Pos, figura que permite el abuso y el desprecio por la verdadera necesidad del paciente.