Muchas gracias, no nos gustan...

"La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechazó reunirse con el presidente de la República, con el fin de tratar varios temas que han sido motivo de polémica". Los magistrados creen que como poder público autónomo e independiente, la justicia, nada tiene que acordar con el presidente Álvaro Uribe. De la misma manera los magistrados están profundamente heridos de las absurdas agresiones presidenciales a miembros de la justicia colombiana quienes actuando dentro de la constitución y las leyes han dictado autos contra funcionarios públicos y militares. La extraña teoría de que la armonía de la Justicia y el Ejecutivo dependen de de la obediencia de fiscales, magistrados y jueces a los caprichos de Uribe, no tienen fundamento legal, por lo que no pueden acogerla. La armonía en el funcionamiento de los poderes públicos depende del respeto del presidente por la justicia y sus determinaciones en todo sitio y lugar. "La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechazó reunirse con el presidente de la República, con el fin de tratar varios temas que han sido motivo de polémica. Este pronunciamiento fue hecho por le Sala Penal, Civil y Laboral, al estudiar la carta enviada por el Ministro del Interior que requería que todos los magistrados recibieran al jefe del Estado. Es de recordar que la Sala Penal rechazó reunirse con el primer mandatario por considerar que fueron excesivas las afirmaciones en su contra, al haberla señalado de influenciar las determinaciones de jueces de menor jerarquía. En las próximos horas se entregará un escrito en el que se explicará el por qué de la determinación".

El Poder Judicial espera para las próximas horas otra arremetida presidencial por determinaciones que tendrá que tomar de conformidad con la Constitución y las leyes contra un funcionario del gobierno de Uribe. "Hoy se cumplen los diez días hábiles para que la Agencia Presidencial pague más de 30 mil millones de pesos a 1.554 familias desplazadas por concepto se subsidios que no fueron cancelados, en algunos casos, desde 1997. A pesar de la impugnación interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá, la entidad tiene la obligación de cancelar esos dineros, o de lo contrario su director, Diego Molano, no sólo deberá cancelar una multa sino que podría ir prisión hasta seis meses, de acuerdo a lo que resuelva un juez de la República ante el incidente de desacato que interponga Edwin Gutiérrez, abogado representante de las familias desplazadas. El fallo de tutela proferido el pasado 1 de junio, ordena que se entreguen las ayudas humanitarias consistentes en subsidios de alimentación, aseo personal, abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas. Igualmente, critica la deficiente atención que se le brinda a la población desplazada y le ordena a la entidad estatal que elimine prácticas insanas como forzar a las personas a dormir en la calle frente a las oficinas Unidades de Atención y Orientación, para obtener un turno que le permita acceder a la información que allí se ofrece o negar el suministro de la Ayuda humanitaria de emergencia aduciendo extemporaneidad en su cobro"

El gobierno no le está cumplñiendo a la población desplzada. Les deben mas de treinta mil millones de pesos que no les quieren pagar

El abogado de las más de 1.500 familias desplazadas dijo que actuará son miedo y sin contemplaciones y presentará ante el Juez de tutela la queja de desacato. Según lo establecido en todas las normas legales que hacen referencia a este tema, el director de Acción Social podría ser detenido y ahí es donde se espera la próxima explosión de Uribe contra la justicia. "Si no cumple hoy, (jueves 17 de junio), a las 5:00 de la tarde, mañana, a primera hora, estaremos instaurando en correspondiente desacato". La entidad estaba obligada a hacer efectivo el giro de los dineros adeudados 1.554 familias desplazadas que hacen parte del programa de Ayuda Humanitaria de Emergencia, luego de que el Juez 32 Penal del Circuito de Bogotá comprobara el incumplimiento de ese compromiso por parte del Gobierno y ordenara el pago. "La apelación a la decisión, no entorpecerá el cumplimiento del fallo, pues se trata de la violación de un derecho fundamental que, como tal, debe ser restablecido con urgencia".

Entendemos que los magistrados le están diciendo formalmente al presidente, Álvaro Uribe, que muchas gracias, pero no son tan tarugos, que no quieren puestos ni contratos y que respetan la Constitución y las leyes por encima de todo deseo personal presidencial y por eso no pueden caer en trampitas planteadas desde el alto gobierno. Que ellos son independientes y autónomos y que por eso seguirán en su tónica porque no van a renunciar a su fuero que hace la diferencia entre una democracia y una dictadura. "muchas gracias señor presidente, no nos gustan esos chicharrones, huelen a feo..."

Jueces esperan otra explosición de insultos de Uribe por sentencia contra otro alto funcionario, quien no acata las setencias