Como es sabido por todos, la Superintendencia de Industria y Comercio en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, ordenó de manera inmediata y preventiva el CESE de la prestación del servicio turístico de alojamiento en Playa Blanca ? Barú a aquellos establecimientos que NO cuentan con concesiones, permisos o licencias para uso y goce del suelo que permitan dicha actividad, hasta que la Alcaldía Mayor de Cartagena determine la procedencia o no del cierre de los establecimientos destinados a dicha actividad. Todo lo anterior, conforme a visitas de inspección a establecimientos de comercio ubicados en la mencionada playa, en las que se pudo evidenciar, entre otras cosas, que se presta el servicio de hospedaje incumpliendo la prohibición expresa de pernoctación en la playa según el Decreto 1141 de 29 de agosto de 2017.

En su momento la Alcaldía de Cartagena había señalado que iba a acatar la decisión del cierre preventivo de los hospedajes. Sin embargo, el día de hoy, los nativos y comerciantes de PLAYA BLANCA-BARU, han enviado hoy una misiva dirigida a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a la Procuraduría General y al Ministerio de Industria y Comercio; en la cual señalan que se abstengan de cumplir la medida ordenada por la Superintendencia de industria y Comercio, alegando que la misma sería un grave atentado contra sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad alimentaria, mínimo vital y consulta previa; alegando además que la misma no tiene en cuenta la afectación diferencial dado el hecho que el turismo es el único medio de subsistencia con el que cuentan las comunidades raizales; y concluyendo que, en todo caso ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR CON SU VIDA CON TAL DE DEFENDER SUS DERECHOS.

El ultimátum lanzado por los nativos, implicaría obligar a la Administración Distrital a incurrir en una falta disciplinaria grave, al desconocer en forma las instrucciones o directrices contenidas en los actos administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o entidad pública titular de la función, e igualmente a incurrir en el delito de fraude a resolución judicial o administrativa; todo eso sin contar que, entrarían en colisión con el deber del Estado de proteger la diversidad, la integridad del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Para colmo de males, la actitud pendenciera aunado a los desórdenes en otros temas turísticos, hacen que tanto a los nativos como todos los que alegan ser "servidores turísticos", se granjeen día a día menos apoyo por parte de la comunidad cartagenera ( Poco a poco han ido matando a la gallina de los huevos de oro)

Pero bueno, mientras tanto de acá desde la cocina esperemos a ver cómo reacciona la Administración Distrital frente a esta nueva problemática; resaltando positivamente, el hecho que la Administración Distrital y el Concejo de Cartagena de Indias hayan superado sus diferencias y esperando que ello sea el principio de la Cartagena que todos queremos y deseamos.

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