“La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se modifica el Código Penal, aumentando las penas para los delitos de homicidio, secuestro y amenazas, cuando estos se cometan contra defensores y defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la iniciativa, las sentencias pueden alcanzar los 56 años de cárcel”. La anterior información la divulgó la oficina de prensa de la presidencia. La determinación, para todos los colombianos es buena y es algo que se necesitaba. Es buena y altamente positiva. Pero, ante las cosas que ocurren en Colombia la pregunta obligatoria es. “Esta ley será para todos los que delincan sobre esta materia o después el presidente querrá que sus amigos, familiares, paramilitares y fuerza pública, entre otros, no sean castigados de la maneta preestablecida. El presidente de Colombia, cuando vengan las primeras sentencias, saldrá a denigrar de a los fiscales, los jueces y magistrados y a calificarlos como lo peor porque la aplican a los amigos del gobierno y el presidente la ley que propuso el mismo Uribe. Ya son muchas las leyes que inventa y hace aprobar el gobierno a las carreras y a las fuerza, sin darle campo de pensar a los congresista y después, cuando se comienza aplicar el presidente se enfurece y sale por televisión con sus bravateadas rodeado de generales.

De acuerdo con el Viceministro de Justicia y del Derecho, el proyecto presentado por el gobierno de, Álvaro Uribe, como una panacea, “busca incluir en la normatividad penal aquellas conductas que atentan contra las personas que con su invaluable trabajo coadyuvan con el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de garantía, promoción y protección de los derechos fundamentales. El Gobierno Nacional es consciente de las situaciones de riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos”. A pesar de todo lo que ocurre a lo largo y ancho del país y que ONGs nacionales e internacionales advierten, fuentes del gobierno aseguran que, “por eso viene haciendo un esfuerzo sin precedentes en la protección a la vida e integridad de los defensores de derechos humanos, para proteger el invaluable trabajo que realizan en defensa, promoción y protección de los derechos fundamentales". El proyecto de ley fue radicado ante el Congreso de la República el pasado 28 mayo.

Como lo importante no es tener leyes por montones, sino pocas pero aplicadas a todos los colombianos y extranjeros dentro del territorio colombiano, el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, denunció que las amenazas contra los defensores de los Derechos humanos continúan sin cesar. “En un comunicado de un grupo denominado Comando Conjunto de Limpieza amenaza con exterminar a quienes, según el grupo ilegal, se oponen al desarrollo y seguridad del país al estilo Uribe". Según el Cinep, dentro de las 17 ONGs amenazadas se encuentran, el centro de investigación, el Servicio Jesuita de Refugiados, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y varias organizaciones sindicales, de mujeres, de víctimas de crímenes de Estado, de desplazados y de defensa de los derechos humanos. El Cinep, le exigió al gobierno que identifique e investigue a los culpables, procese a los responsables. El gobierno está en mora definir con claridad las medidas de protección y garantías que ofrece a las organizaciones de Derechos Humanos y sindicatos entre otras". Mas que leyes aumentando penal urge voluntad política para frenar las amenazas, especialmente aquellas que en forma velada defienden furiosamente la gestión del gobierno.

En Colombia no pueden haber leyes para castigar a unos y felicitar a otros por los mismos delitos como los de la violacion de los derechos humanos

De la misma forma, es interesante conocer que, “La Defensoría del Pueblo alertó sobre las amenazas contra dirigentes políticos, congresistas y defensores de derechos humanos en el occidente del país. En un panfleto que circula en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Huila, un grupo denominado, Autodefensas Unidas de Colombia – Bloque Central, se declara objetivo militar a defensores de derechos humanos, partidos políticos, miembros del Congreso de la República, periodistas, docentes y contra algunos servidores de las Defensorías Regionales”. Leyes hay, pero los responsables de las amenazas y crímenes contra defensores de los Derechos humanos se ríen de ellas. Para que leyes como la que acaban de aprobar en primer debate si cuando se llega en momento de una sentencia, el propio presidente sale enloquecido a los medios de comunicación a intimar impunidad a favor de quienes violaron los derechos humanos de los colombianos. “Las autoridades están en mora para que se evalúen las amenazas y se apliquen medidas urgentes de protección”. Lo único que hacen con gran énfasis es rechazar y decir que son mentirosos los informes de organismos nacionales e internacionales sobre Derechos humanos”. Esto si lo hace con exageración y resonancia.

"Las amenazas conocidas en último año han sido proferidas contra representantes de organizaciones sociales, tales como: Codhes, la Onic, Corporación Nuevo Arco Iris, el CRIC y Asfades. Contra algunos dirigentes políticos de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Huila, y contra los periodistas Rosa María Agudelo (Cali), Fredi Calvache, Gustavo Valencia, Ricardo Motta (Cauca), Luz Adriana Morales (Buenaventura), Rodolfo Pantoja (Nariño), Hugo Abdón Zambrano y Hernán Estupiñán (Putumayo)", afirma la Defensoría del Pueblo. El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, “el año pasado las víctimas solo fueron 28 sindicalistas”. Contrario a lo que pidió Uribe, el Ministro del Interior y de justicia informó que se buscarán estrategias que lleven al esclarecimiento de hechos, identificación de autores y participes de desapariciones forzadas y desplazamiento, además de imposición de penas por estos delitos. ¿ O van o vienen?