La toma de decisiones por parte de distintos actores políticos; que involucra no solo al gobierno nacional, regional y local sino también a distintas instituciones gubernamentales, ONGs, empresas privadas, representes de comunidades entre otros; tiene repercusiones económicas, sociales y ambientales; pero es mas predominante y defendible los factores económicos que a su vez destacan por quienes lo sustentan y sostienen, siendo relegados a un plano secundario las cuestiones sociales y un escalón mas abajo las ambientales, pero que en definitiva se debería dar valoraciones de manera equilibrada y eficiente teniendo en cuenta un proceso base que trabaje en favor de objetivos comunes a un determinado territorio, donde los beneficios y perjuicios de una acción se redistribuyan de forma equitativa.

Es así que la discrepancia existente entre lucha de poderes ha llegado a repercutir de forma mas intensa en el proceso de ordenamiento territorial en la región de Cajamarca, que tiene a dos bandos contrarios buscando en unos la conservación de las cabeceras de cuenca y en otros promover la inversión minera; ante lo cual cabe preguntarse ¿Cómo se toma la institucionalidad y el sustento técnico y político para lograr determinados fines en nuestro país? Y ¿Cómo un enfoque rentista es capaz de sobrepasar los derechos y valores que coexisten en un determinado territorio con el fin de promover la minería?, estas preguntas enmarcan lo controversial que ha suscitado disputas para problematizar y tecnificar acciones y planes como medios estratégicos en post del beneficio de cada coalición.

Los antecedentes existentes mostrados a través de un sistema económico neoliberal que ha regido desde 1990 y que ha pasado por cuatro gobiernos consecutivos, siendo el gobierno de Alan García el que más promovió y promociono la industria extractiva minera, tuvo sus propias contradicciones en afán de querer generar una imagen distorsionada de las secuelas y daños que deja la minería así como de buscar a toda costa la viabilidad y legalidad de la aprobación de sustentos técnicos que permitan operar a la minera Yanacocha en cabeceras de cuenca de la Región Cajamarca. Tales contradicciones van desde una zona aledaña a la minería bastante pobre ante ingresos elevados de la minería bastante notorios y por otro lado tensiones políticas como parte de la descentralización que fue la piedra en el zapato que perjudicaba los planes mineros

Ambas coaliciones tanto prominera como proconservadora trataron de dar explicaciones técnicas valiéndose de lo que la comisión técnica diera a conocer a través de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) (que servía de herramienta para validar los usos factibles económicos y ambientales del suelo en una determina zona) tanto en sus informes técnicos como en el mapa final de la ZEE; Sin embargo, ambas posturas no clarificaron de forma científica y comprobable sus argumentos. La postura prominera pues solo trato de visualizar la problemática en la cantidad de agua que se perdía como resultado de sus actividades extractivas por lo cual generarían reservorios para solucionar dicha efecto colateral, esta idea se trató de imponer magnificando por medio de discursos, imágenes, planes y proyectos persuasivos los beneficios económicos que se obtendría y que a su vez serviría como instrumento para fomentar aspectos sociales, generando expectativas falsas a la población; por el contrario la postura proconservacion, que buscaba a través del del Gobierno Regional De Cajamarca que se respete las cabeceras de cuenca y que se declare inviable el Proyecto minero conga tuvo que enfrentarse al gobierno central, que a través, del ministerio de energía y minas, ministerio del ambiente podía buscar la factibilidad de sus intereses, y que como aliados tenia al Grupo Norte, formado únicamente para defender la viabilidad minera en Cajamarca a partir del 2009, dos años después de la instauración de las directrices y equipo técnico que se formó para la aprobación de la Zonificación Ecológica Económica en la región y que ya tenía avances que respondían a favor de un mapa garantizador de la importancia hídrica con el ciclo hidrológico, que en resumen definían y localizaban las zonas de captación de cabeceras de cuenca, es decir zonas de protección que no admitían procesos mineros aledaños a ella.

Cabe resaltar que aunque no se admitió en varias oportunidades que la comisión técnica de la ZEE emitiera un informe y un mapa final especificando la no viabilidad minera en cabeceras de cuenca, tampoco estuvieron contentos con lo que se logro decretar a finales del 2010 en donde se definía dentro de la leyenda del mapa de ZEE a la minería con restricción, siendo su descargo y queja hacia el GRC ( Gobierno Regional De Cajamarca) por parte de los promineros un documento en donde expresaban su desacuerdo con el mapa final argumentando que el proceso de ZEE carecía de soporte técnico y que tenían el objetivo político de parar la actividad minera, Estas incidencias se presentaban por que el grupo norte no aceptaba la inviabilidad de la expansión minera, ya que lo que se pretendía era tener un mapa con una leyenda que indique el potencial minero con aplicación de proyectos de conservación y restauración aledaños a las cabeceras de cuenca.

Es triste e indignante ver en lo que se ha convertido la institucionalidad del estado peruano, donde la consecución de determinados fines es suficiente para buscar cualquier medio con el fin de lograrlo sin importar si es factible o no, logrando ensayar no solo con las normas y decretos supremos, también lo han hecho con el poder económico, siendo este suficiente para manipular instituciones públicas, haciendo engorroso el trabajo del equipo técnico de la ZEE, negando información importante para que no se logre calcular a través del sistema de información geográfica y detectar de forma precisa los lugares mas vulnerables para impulsar la minería, sin lugar a dudas todas estas trabas puestas por los que conforman el grupo norte que tuvo de aliado al gobierno central hicieron de las disputas técnicas y políticas una manera de afrontar las decisiones del ordenamiento territorial; en tal caso los resultados sociales dejaron secuelas bien grandes, a partir de protestas sociales por parte de las parte mas afectadas existió un saldo de diez muertos y varios heridos que a la postre termino por detener la expansión de proyectos mineros en la zonas de Quilish y Conga.

En definitiva la falta de un lenguaje de valoración fracasa cuando este no es convincente al valorar un recurso en disputa, sin importar donde se encuentre la razón y la necesidad de justicia la legalidad se tendrá que comprobar; aun cuando a partir del año 2013 la coalición prominera se ha fortalecido con ayuda del gobierno central que busco recentralizar la toma de decisiones sobre el proceso de ordenamiento territorial ensayando normas a su favor no ha existido un pronunciamiento favorable por parte de la sociedad cajamarquina que apoye a la explotación minera en Cajamarca, sin embargo estas disputas y conflictos de intereses genera un proceso de ordenamiento territorial debilitado que es también una consecuencia de un régimen neoliberal que tuvo en sus contradicciones intereses por respaldar.