En los artículos 237 y 238 de la Ley 1955 de 2019 ( PLAN NACIONAL DE DESARROLLO), se establecieron las bases la consecución de la SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y el SANEAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR SALUD  EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES; lo anterior con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad financiera del sector salud y lograr el saneamiento definitivo de las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas por la UPC del régimen subsidiado prestados hasta el 31 de diciembre de 2019 ( Y finalmente cumplir con la promesa hecha por el Presidente IVAN DUQUE de “poner en cero ese tacómetro de las deudas del sector que maneja la Adres e iniciar así a saldar las deudas de la red hospitalaria”

Respecto al saneamiento definitivo las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que hayan sido prestados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

B) Que en los eventos en que se hubieren prestado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015, la solicitud de pago se haya presentado dentro de los términos a que hace referencia el artículo 73 de la Ley 1753 de 2015.

C) Que la obligación derivada de la prestación del servicio o tecnología no se encuentre afectada por caducidad y/o prescripción.

D) Que hayan sido prescritos a quien le asistía el derecho, por un profesional de la salud o mediante un fallo de tutela, facturadas por el prestador o proveedor y suministradas al usuario. Para demostrar el cumplimiento de este requisito se podrán utilizar los medios de prueba establecidos en el Código General del Proceso que sean conducentes y pertinentes para acreditar la efectiva prestación del servicio, de acuerdo a la reglamentación que emita el Ministerio de Salud y Protección Social.

E) Que no se trate de insumos que no observen el principio de integralidad.

F) Que no se trate de recobros involucrados en investigación por la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y/o la Superintendencia Nacional de Salud.

G) Que no correspondan a uno de los criterios definidos en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015.

Y respecto al saneamiento financiero de las entidades territoriales se establecieron las siguientes reglas:

En este proceso la entidad territorial verificará que los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC hayan sido prescritas por parte de un profesional de la salud u ordenados mediante un fallo de tutela facturadas por el prestador o proveedor y suministradas al usuario, para lo cual deberán acogerse a la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social en virtud del literal d) del artículo anterior.

Las entidades territoriales deberán adoptar lo dispuesto por la Nación para el proceso de auditoría y posterior pago de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo.

Cumplidas las reglas señaladas en los numerales anteriores, la entidad territorial procederá a suscribir los acuerdos de pago con las EPS e IPS de acuerdo con la disponibilidad de recursos del fondo constituido según lo dispuesto en los numerales 3 y 4 de este artículo.

Recientemente el Gobierno Nacional ha informado  que suscribirá un Acuerdo de Punto Final  en Salud y presentará un paquete de medidas económicas “que permitirán sanear las finanzas y pagar de manera definitiva las deudas del sistema de salud”; los objetivos de tales iniciativas son supuestamente:

1)      Eliminar la intermediación.

2)      Sancionar la corrupción

3)      Determinar exactamente el monto de las deudas y sus deudores.

4)      Obligar a la capitalización de las EPS con posterioridad al saneamiento

Los enemigos de tal iniciativa han señalado que los primeros problemas son las discordancias entre las diferentes contabilidades de los actores del sistema, la falta de autosostenibilidad del sistema, la perdida de la confianza generada mayoritariamente por la excesiva normatividad y control estatal, y que finalmente se va a “pagar con papeles”

Finalmente nosotros como Pedro Pueblo debemos entender que, si bien es cierto se supone el sistema cuenta con todas las herramientas necesarias para evitar la triste situación en la que se encuentra (y que bastante se ha legislado y regulado estos 26 años), para poder entrar a buscar una solución estable y duradera  hay que aliviar la crisis y el Estado meterse la mano al dril, así sea con un PAÑOTE DE AGUA TIBIA llamado “ACUERDO DE PUNTO FINAL”. Pues de otra forma vamos a seguir en el circulo vicioso.