El Congreso argentino buscar convertir en ley este miércoles la reforma del servicio de inteligencia que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner tras la misteriosa muerte de un fiscal que denunció a la mandataria, en un caso que salpica a la central de espías.

Kirchner envió la reforma al Congreso -controlado por el oficialismo- tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado en su departamento de Buenos Aires con un balazo en la cabeza el 18 de enero.

Su muerte se produjo cuatro días después de haber acusado a Kirchner y otros funcionarios de encubrir a exgobernantes iraníes por el atentado a la mutual judía AMIA de 1994 que dejó 85 muertos y 300 heridos y que lleva más de 20 años en la impunidad.

El gobierno puso la lupa en el poderoso exagente de inteligencia Antonio 'Jaime' Stiuso, estrecho colaborador de Nisman e ingresado al servicio de inteligencia argentino en 1972.

Aunque la reforma de los servicios de inteligencia argentinos, conocidos por extorsionar con una red de escuchas telefónicas a jueces, fiscales y hombres de poder, era reclamada por la mayoría de la oposición, la iniciativa de la presidenta fue ampliamente rechazada por sus detractores por considerar que estaba desviando el eje del debate tras la muerte de Nisman.

Stiuso había sido destituido en diciembre pasado junto a la cúpula de inteligencia cuando Kirchner disolvió la exSecretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

El martes, el Ejecutivo lo acusó junto a otros espías por un contrabando millonario.

- Espías controlados -

El proyecto de ley, aprobado la semana pasada en el Senado, disuelve la cuestionada Secretaría de Inteligencia (SI) y crea en su lugar una agencia federal, aunque con el traspaso de la mayoría de los agentes, lo que es cuestionado por la oposición.

Pese a las críticas, se espera que sea convertido en ley tras un debate que iniciará este miércoles al mediodía en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene mayoría, que podría prolongarse hasta la madrugada del jueves.

Aunque se abstuvo del debate en el Senado, la oposición anunció que sumará a las discusiones en Diputados.

La propuesta sufrió modificaciones en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, ambas en manos del oficialismo.

Según el proyecto, la nueva central de espías estará bajo la órbita del Secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, de estrecha confianza de la presidenta.

Parrilli tendrá la opción de jubilar a los agentes que están en servicio desde la última dictadura militar (1976-1983).

Entre otras modificaciones se prevé que el control de las escuchas telefónicas quede bajo la supervisión de la Procuración General de la Nación, cuya titular, Alejandra Gils Carbó, es cuestionada por la oposición por entender que responde al gobierno de Kirchner.

- Apoyo de expertos -

Algunos cambios fueron vistos con beneplácito por la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y expertos en seguridad, sobre todo los que hacen a establecer límites más claros a las tareas de espionaje.

Según el CELS el proyecto representa "una mejora significativa del funcionamiento actual del sistema y un avance fundamental para desarmar la autonomía de los servicios (de inteligencia) y sus relaciones con el poder judicial y político".

Argumentó que ello "transforma las funciones históricas de los servicios de inteligencia ya que prohíbe de manera taxativa que realicen tareas represivas y policiales".

"También impide que la Agencia Federal de Inteligencia realice investigación criminal a menos que un juez fundamente la necesidad de su intervención", expresó el CELS en un comunicado.

Entre los principales puntos destacó que "acota el concepto de inteligencia nacional, contribuye a transparentar el sistema de utilización de fondos reservados, establece pautas más claras para la clasificación y acceso a la información".

Otro aspecto que resalta el CELS es que prevé aplicar a los agentes de inteligencia las mismas reglas procesales que a los otros auxiliares de justicia cuando intervengan en investigaciones criminales.

La reforma establece además en 15 años el plazo máximo para la desclasificación de archivos, aunque el Poder Ejecutivo podrá hacerlo antes si lo considerada oportuno.