Ejercer la libertad de expresión dentro de la democracia es una tarea que requiere mucha convicción y mucho valor. Los que practicamos un periodismo ajeno a cualquier interés político o a cualquier propósito de incidir tendenciosamente en la opinión pública estamos siempre expuestos a ser incomprendidos o mal interpretados, precisamente porque ir construyendo la normalidad democrática exige una alta y permanente dosis de conciencia en el compromiso que significa estar cotidianamente de cara a la realidad, convirtiéndola en noticia y transformándola en opinión ciudadana. Esto exige no descuidar ni un solo instante las propias responsabilidades.

En lo que a la salvaguarda y promoción de la libertad de expresión se refiere, en Kennedy estamos haciendo un aprendizaje que es a la vez necesario y difícil: responder cotidianamente a la verdad y al mismo tiempo hacerlo con la responsabilidad que la ley y la moral exigen. Un medio responsable debe tener el constante cuidado de que sus informaciones y sus opiniones estén enmarcadas en la ley, como la Constitución establece.

En cuanto al derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, la Carta Magna, en su artículo 20, establece con claridad inequívoca: "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura".

En otras palabras, un medio que se precie de cumplir con su deber no puede permitir que a través de él se viertan acusaciones personalizadas, independientemente de quién sea el destinatario de las mismas, sin que haya sustento comprobable de lo que se afirma. Y al violentar esta norma básica se expone a las consecuencias legales del caso. Esto deben comprenderlo, asimilarlo y practicarlo todos aquellos que se expresen en los medios, justamente para ir ordenando las cosas en el país.

Los señalamientos de conductas delictivas, cuando se dirijan a personas con nombre y apellido, deben encauzarse por las vías que indica el régimen legal. Y esto es así en todas las sociedades que tienen un Estado de Derecho en funciones, y en las que hay un respeto básico al mismo, de parte de todos, sean instituciones o personas individuales.

Por nuestra parte, estamos en la más firme voluntad de seguir cumpliendo con la tarea de informar y de formar opinión dentro del más estricto apego a la normatividad jurídica y a los principios de independencia y de transparencia que son indispensables para que la tarea periodística cumpla su cometido. No estamos a favor de nadie ni en contra de nadie. No favorecemos aspiraciones de nadie ni nos dedicamos a promover ningún tipo de oferta política o de cualquier otra índole. Lo decimos con plena solvencia, sustentada por nuestro trabajo a lo largo del tiempo, y sobre todo en esta etapa tan compleja y desafiante de nuestro desarrollo como sociedad en transición hacia la democracia definitiva.

Sabemos todos los riesgos que tal comportamiento puede acarrear, pero tenemos la consolidada convicción de que estamos sirviendo a los mejores intereses de Kennedy, sin tortuosidades, dobles caras ni agendas ocultas. Nuestra credencial es el trabajo sincero y dedicado en pro del bien común, que es lo que hay que potenciar al máximo para que nuestra localidad sea la sociedad estable, abierta, progresista, segura y libre que anhelamos y merecemos. Esa es nuestra filosofía y este es nuestro compromiso, ahora y siempre.

Informativo PBAD - Nelson Armesto / José Roberto Dutriz /Deisy Castro

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