Para el año 2020, el gobierno nacional y la bancada caribe anunciaban  con bombos y platillos la hoja de ruta para resolver el problema de ELECTRICARIBE, señalando que las cinco medidas que adoptaría el Gobierno serían:

-La nación asumirá el pasivo pensional, por $1, 2 billones, otorgándole garantías de estabilidad a pensionados y trabajadores de la empresa.

- El mercado del Caribe colombiano se convertiría en dos o tres mercados buscando generar mayor apetito de inversionistas y operadores. Esta segmentación se realizará con criterios técnicos, financieros y de equidad.

- El tope que hoy existe de 25% de participación del mercado podría ampliarse, pero sin llegar al 50%, por los riesgos que esto implica en el sistema de distribución.

-Las gobernaciones podrán ser accionistas de los nuevos operadores a través de aportes con recursos de regalías.

-Un crédito aprobado por el Gobierno Nacional de $735 mil millones de pesos para invertir en redes que mejoren la prestación de este servicio en el 2019.

En medio del júbilo de ese momento en el Caribe, señalábamos que si bien es cierto, había muchas voces celebrando las propuestas y estableciendo que la misma es la cabal solución a los problemas de prestación del servicio de energía en la Región Caribe; no era menos cierto que estamos en tiempos de crisis y no era nada  sano la  inversión de 7 BILLONES  de pesos solo para hacer atractivo el negocio a inversionistas (o sea como quien dice asumir el Estado los misterios dolorosos para dejar a los del billete con los gozosos) y menos cuando UNION FENOSA no hizo las inversiones en infraestructura aún con fondos PRONE y FAER y al fin y al cabo nunca se concluyó con los proyectos de normalización.

Que por todo lo anterior, pedíamos una LEY DE PUNTO FINAL o algo para acabar con los beneficios convencionales y obligar a UNION FENOSA y a la misma SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS  a que explicaran  que pasó con los fondos PRONE, FAER y las inversiones que debieron hacerse; para que no resultara el Estado  “PAGANDO EL GANSO”, y no se siguiera usando la excusa de los robos de energía y la cultura de pago de los Caribes como excusa para la falta de las necesarias inversiones.

No obstante, el mercado “tabluo” de energía eléctrica del Caribe se dividió  en dos  empresas, correspondiéndole  CHAMPETESBURGO  a EPM  y REPELENCIA  al CONSORCIO DE ENERGÍA DE LA COSTA;  y precisamente antes de entrar en operaciones, los nuevos operadores advertían que existían una cláusula de efecto material adverso que había sido superada por el deterioro de indicadores de Electricaribe;  eso en plata blanca; traduce en que no entraban al negocio, hasta que se  hicieran  las necesarias inversiones por parte seguramente del ESTADO (10 Billones más por lo menos). Al final entraron los nuevos operadores de los dos mercados Caribes, sin que se dejara claro si se habían acordado el cronograma de tales inversiones, quien asumiría dichas inversiones, y cuál era finalmente su monto… Es decir, quedamos nuevamente en el aire, pero con la esperanza de que todo sería diferente.

Al principio, aparentemente todo bien; supuestamente la tarifa de energía de la Región Caribe era la más baja a nivel nacional; no obstante,   sin mayores cambios respecto a a la calidad del servicio y otras malsanas prácticas contra los usuarios ( Como disfrazar los racionamientos de mantenimientos, expedir facturas por “energía dejada de facturar” sin respetar debido proceso o facturar con base a consumo promedio estando los medidores en buen estado), empezó el aumento progresivo las tarifas de energía eléctrica en la Región Caribe desde  el mes de septiembre de 2021 ( adicionales a los hechos en el segundo trimestre del año 2021 por supuestos ajustes). Alegando las empresas, que tales incrementos eran para brindar las  herramientas necesarias a la compañía para  realizar las inversiones que se requieren  para superar el rezago en infraestructura eléctrica y así poder ofrecer a la comunidad el servicio que merecen; y que los mismos se hacían con base en la  opción tarifaria definida por la CREG, que le permite realizar alzas graduales para inversiones  y reducción de pérdidas.

A inicios del año 2022, la Superintendencia alertaba del incumplimiento de los compromisos de inversión para la región Caribe; a pesar de la disponibilidad de los recursos señalados en el CONPES  3966 de 2019; y además pedía con urgencia se incrementara la instalación de medidores inteligentes para reducir los fraudes en las redes de baja tensión.

 A la fecha presente; los alcaldes de la Región Caribe han solicitado  al gobierno nacional la revisión  de las tarifas de energía, y algunos congresistas Caribes han denunciado que el aumento de las tarifas de energía eléctrica solo ha servido para cubrir pérdidas y para ninguna inversión; sin que dicha petición y dicha denuncia hayan sido resueltas o esclarecidas por las autoridades gubernamentales ( Especialmente la Superintendencia de Servicios Públicos y la CREG), pues lo cierto es que Pedro Pueblo solo ve como aumenta la factura de energía y el servicio nada que mejora.

Y finalmente termina de preocupar:1) El que se pretenda instalar   INFRAESTRUCTURA  DE MEDICIÓN AVANZADA ( AMI) o medidores inteligentes; aumentando más las angustias   de PEDRO PUEBLO sobre el aumento de la tarifa de energía eléctrica; y 2) Que nunca se haya hablado de frente con la gente, respecto a las inversiones para el mejoramiento del servicio, y recursos invertidos con fondos PRONE, FAER y demás proyectos de normalización.

Lo único cierto hasta ahora, es que hay mucho que explicar; y el más jodido con todo esto es el sector   empresarial de la Región Caribe; quedando la duda de si fue peor la cura que la enfermedad.