El Senado debatirá la ley el 29 de marzo y se aprobará sin enmiendas, como la ley Celaá, por lo que podría estar aplicándose ya tres meses después
El proyecto legislativo, según fuentes del Senado, se va a aprobar por el “mismo proceso” exprés que los Presupuestos Generales del Estado y la ley de Educación (conocida como ley Celaá): sin enmiendas al articulado.
Suicidio asistido
Aun así, la mayoría de los grupos ya preparan un listado de cambios que superarán el centenar. Uno de los más importantes es el de incluir el suicidio asistido.
La eutanasia se enfoca en la ley como una práctica clínica, una acción que se realiza en un centro sanitario. En cambio, el suicidio asistido implica que se le entregue a la persona demandante el material necesario sin vincularlo a un centro de salud.
La promesa electoral de Sánchez ha causado un gran revuelo social, y no solo entre los grupos parlamentarios que han alzado su voz en contra -casos de Vox o el Partido Popular-, sino también entre los profesionales sanitarios que tienen que practicarla.
Los colectivos médicos se han manifestado en contra de realizar eutanasias. Colegios como el madrileño ya han expresado su intención de no practicarla y argumentar objeción de conciencia.
El presidente de los médicos madrileños, Manuel Martínez-Sellés, ya valoró para Invertia su opinión "negativa" de la ley. "Se ha tramitado de manera acelerada, sin consultar con los profesionales implicados y en un momento de pandemia en el que los médicos luchamos por la vida de nuestros pacientes", alegó.
72, 3% de los españoles se muestra a favor de la eutanasia frente al 15, 1% que se posiciona en contra
Por otro lado, el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Motalbo, ha reivindicado en varias ocasiones el "no" de su organismo y los posibles efectos adversos. "Convertir en un derecho y una prestación algo que es excepcional" genera "un problema" porque "creamos cultura y no creo que sea tranquilizadora".
Sexto país del mundo
Pese a esas voces en contra, España se convertirá, en junio, en el sexto país del mundo en despenalizar la ayuda médica para morir, tras Bélgica, Holanda. Luxemburgo, Argentina y Canadá, aunque cada país tiene sus particularidades en la legislación.
En líneas generales, la norma que ha sido el gran proyecto de la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, prevé el derecho de los médicos a la objeción de conciencia, pero todavía no se conocen sus implicaciones.
Es decir, no se sabe si habrá algún resquicio legal para obligar a los médicos a practicar esta técnica incluida en la cartera básica de servicios. Varios colectivos médicos han sembrado la duda sobre si sus compañeros con contratos temporales puedan verse afectados si se acogen a la objeción de conciencia.
Por otro lado, tanto los médicos como el Partido Popular o Ciudadanos instan a la promulgación de una Ley General de Cuidados que garantice los cuidados paliativos y la atención al final de la vida. Esta segunda ley, que está ya registrada en el Congreso tanto por el PP como por Ciudadanos, espera todavía en el cajón de la Diputación Permanente a su tramitación.
Barómetro del CIS
Mientras el Senado se prepara para aprobar la práctica de la eutanasia, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado esta misma semana un barómetro del mes de enero en el que resuelve que el 72,3% de los españoles se muestra a favor de la eutanasia frente al 15,1% que se posiciona en contra.
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