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29/10/2018

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El Gobierno ha cambiado de criterio respecto a potestad que tiene para impedir que Francisco Franco acabe en la catedral de la Almudena una vez que su cadáver sea exhumado del Valle de los Caídos, tal y como han solicitado sus nietos. En el gabinete de Pedro Sánchez reconocían hace apenas dos semanas que no podían hacer nada para evitar que fuera trasladado a la catedral si la Iglesia no mostraba su oposición, pero ahora se aferra a la ley de memoria histórica y considera que esa legislación le ampara para negar a la familia que los restos sean trasladados a la tumba de la que disponen en la cripta.

"Su enaltecimiento es ilegal y el Gobierno no va a consentirlo", expresó la vicepresidenta, Carmen Calvo, con cierta euforia tras su reunión con el número dos del Papa. Para el Gobierno, la ley de memoria histórica señala que el franquismo no puede exaltarse en ningún lugar y que eso engloba a la Iglesia. "No pueden estar los restos de Franco en ningún lugar donde puedan ser enaltecidos, en ningún lugar donde puedan ser homenajeados porque está prohibido en nuestra legislación", expresó Calvo.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que les ampara el artículo 15 de esa norma, que señala que "las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

"No somos responsables de la inhumación, somos responsables de que estén [los restos] en un lugar donde no pueda ser enaltecido. Esto es lo que dice la ley", remató la vicepresidenta.

Esa posición del Ejecutivo choca con la que había mantenido hasta ahora. En Moncloa aseguraban que tenían "poco margen" para evitar que los restos, una vez exhumados del Valle de los Caídos, fueran a parar a la Almudena, donde la familia Franco dispone de una tumba.

De no poder influir a impedir el entierro

"No depende de nosotros. No podemos decidir a dónde van los restos. Estamos hablando de unos restos humanos, aunque sean de un dictador", admitió la vicepresidenta en una conversación informal con periodistas el pasado 12 de octubre. "¿Tú crees que la iglesia con lo que es no sabe lo que quiere o no quiere, puede o no puede, debe o no debe? ¿Yo voy a decirle a la iglesia lo que puede o no puede? ?se preguntó en esa charla?. No puedo".

El argumento era precisamente que se trata de un espacio privado: "Es un panteón privado de la familia Franco que compraron hace años", señalaban fuentes de Moncloa nada más recibir las alegaciones de la familia en el marco del proceso de exhumación, en el que dejaron clara su oposición a la decisión de Pedro Sánchez, pero solicitaban que, en caso de llevarse a cabo, pudieran hacerse cargo de los restos para trasladarlos a la cripta de la Almudena.

Eso ha cambiado en el criterio del Gobierno: "La catedral de la Almudena no es titularidad privada, es responsabilidad de la iglesia. El Estado, a través del Ejecutivo, debe garantizar que no se enaltece a Franco en ningún sitio, en ningún punto del territorio. Estamos todos sometidos a la ley", sentenció Calvo.

Calvo hizo esas declaraciones tras el encuentro que mantuvo en el Vaticano con el número dos del Papa, Pietro Parolin. El Ejecutivo se muestra convencido de que le ha sacado al Vaticano el "compromiso" de buscar una "solución" distinta a la Almudena para llevar a cabo la inhumación del dictador. "Lo que acordamos fue estar de manera conjunta tanto el Gobierno como la Iglesia católica para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena", afirmó.

Esas declaraciones iban en la línea del comunicado que emitió Vicepresidencia tras el encuentro y que fuentes de la Iglesia española negaron al asegurar que no tenían previsto tomar ninguna medida excepcional en el enterramiento de Franco. El Arzobispado de Madrid se mostró estupefacto con las declaraciones de Calvo y ha insistido en la inexistencia de un acuerdo.

Calvo sugiere diferencias dentro de la Iglesia

Calvo ha sugerido que el problema era de entendimiento dentro de la Iglesia. "Yo ya no entro a los asuntos que afecten internamente a su organización o a cómo ellos puedan organizar el acuerdo de trabajar conjuntamente para que los restos de Franco estén en un lugar donde no se pueda producir ningún tipo de enaltecimiento", respondió la vicepresidenta.

Poco después, el Vaticano emitió un comunicado en el que desmiente al Gobierno y apela a un diálogo del Gobierno con la familia. "Es cierto que la señora Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia. Al Cardenal Secretario de Estado le pareció oportuna esta solución", matizó la Santa Sede.

Una de las opciones que sugieren algunas fuentes gubernamentales es que se elabore un protocolo para la inhumación que deje claro que el dictador no puede ser enterrado en un lugar abierto al público en el que pueda ser enaltecido aduciendo problemas de "orden público". Sin embargo, fuentes de Moncloa afirman a eldiario.es que "no se está haciendo". Otra opción es que la negativa llegue a los nietos desoyendo sus alegaciones bajo el argumento de la ley de memoria histórica, pero fuentes gubernamentales niegan que vayan a entrar en confrontación con la familia.

Preocupación en el PSOE

Gobierno y PSOE no esconden su preocupación por que los restos del dictador acaben en un lugar tan preeminente como la catedral de la Almudena en pleno centro de Madrid. Algunos dirigentes socialistas reconocen que ese final para la exhumación de Franco sería "ridículo".

De hecho, fuentes gubernamentales consultadas por eldiario.es admiten que el decreto de exhumación de Franco se elaboró con fallos de partida como el de no dejar claro que el entierro no podría llevarse a cabo en un espacio abierto al público, por ejemplo. Desde vicepresidencia aseguran que el preámbulo del decreto recoge que el dictador no puede acabar en un lugar donde pueda ser exaltado; sin embargo, el texto solo hace referencia a que no pueda serlo en el Valle de los Caídos.

Hasta ahora, el argumentario de los socialistas se basaba precisamente en resaltar que el dictador dejara de estar en un lugar público: "Lo importante para la izquierda es que el dictador salga de un espacio que pertenece al Estado", dijo con resignación Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Pleno del Congreso, cuando Pablo Iglesias le pidió que hiciera lo posible por evitar que el dictador acabara en pleno centro de Madrid. "No desviemos la atención", le pidió el presidente.

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