Murillo Karam y la justicia que nos falta

La detención de Jesús Murillo Karam, quien fuera Procurador General de la República en un lapso del gobierno de Enrique Peña Nieto, es una bocanada de aire fresco para la sociedad mexicana. Y es que ante la violencia e impunidad que vivimos de manera cotidiana, el arresto de uno de tantos políticos que personifican la corrupción, el abuso y la ineptitud que desde hace sexenios padece el país, provoca, al menos, la sensación de recibir cierta justicia ante tantos agravios recibidos por parte de aquellos que han ostentado el poder.

Los delitos por los que se le acusan a Murillo Karam tienen que ver con la investigación de la desaparición, ocurrida en el año 2014, de 43 así como el homicidio de otros 3 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Es importante recordar que aquel condenable evento marcó, para mal, la administración de Peña Nieto y que la investigación llevada a cabo por el ahora indiciado fue simplemente una farsa.

Al igual que muchas de las decisiones que se tomaron durante el mandato de Peña, la averiguación que tomó en sus manos la entonces Procuraduría General de la República (PGR), fue desaseada, llena de incongruencias y con claras intenciones de dar un rápido “carpetazo” a la indagatoria para, al parecer, cubrir el involucramiento de fuerzas de seguridad federales en la desaparición y probable asesinato de los estudiantes.

Después de casi 8 años de dudas y zozobra al no conocer con claridad los hechos que ocurrieron, así como el nulo castigo a los responsables de ejecutar la desaparición de los estudiantes al igual que el señalamiento, por su incompetencia, de los encargados de indagar y esclarecer lo ocurrido en la triste noche de Iguala, hoy, con la aprehensión del ex jefe de la PGR, se tiene la posibilidad de empezar a dar luz de lo que realmente aconteció.

Dejo claro que no es momento de echar las campanas al vuelo pensando que al fin se ha acabado la impunidad en el país, pero tampoco se debe minimizar el hecho de que un personaje tan poderoso sea detenido con acusaciones tan graves como las de tortura y desaparición forzada. Adicionalmente, no se puede dejar de reconocer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues, con respecto a los mismos hechos de Iguala, también se han girado ordenes de aprehensión en contra de elementos de las fuerzas armadas, cuestión que hasta hace poco pareciera imposible que sucediera, pues bien sabemos que el poder que posee la milicia, le ha protegido de casi cualquier acusación en su contra por las muchas violaciones a la ley civil que han realizado a lo largo de toda su historia.

Los ciudadanos tenemos la obligación de observar el actuar de las autoridades con respecto a este caso, esperando que la fiscalía tenga pruebas lo suficientemente sólidas no solo para castigar a Murillo Karam, pues este funesto personaje debe ser el parteaguas para que caigan todos aquellos que de una u otra manera son responsables por omisión o comisión de encubrir a los asesinos de los normalistas de Ayotzinapa.

Y dicha observancia debe ser implacable para sortear la avalancha de información falsa y tendenciosa que se avecina, e igualmente hacer oídos sordos a todos aquellos que con imprudentes gritos “Stalinistas o Hitlerianos”, justifican la masacre de Iguala argumentando que los jóvenes “andaban de revoltosos, ellos se lo buscaron”. A esos valentones les debe quedar claro que si los estudiantes cometieron algún delito por el secuestro de camiones, lo lógico hubiera sido que la policía estatal los apresara y presentara ante un juez, sin embargo, esos policías estatales acompañados de los municipales, federales y el ejército, entregaron a los estudiantes a miembros del crimen organizado. ¡Justicia para los padres de familia! Eso es lo que deberían vociferar.

Deseable es que el ex procurador de la República pague las culpas por encubrir la masacre y que pronto veamos en la cárcel a toda la cadena de mando que permitió que más de 4 decenas hogares se humedecieran con el llanto de quienes perdieron a sus hijos. Adicionalmente, que se conozca sin que quede duda alguna, el aberrante destino que tuvieron los normalistas para que ahora sí podamos decir que conocemos la auténtica “verdad histórica”.