La gigante estatal brasileña Petrobras anunció que "continuará defendiendo sus derechos" tras el rechazo de la Corte Suprema de Nueva York a su demanda de cerrar una acción colectiva de inversionistas que piden un reembolso de las pérdidas generadas por la corrupción.

"Petrobras continuará actuando firmemente en la defensa de sus derechos", indicó en un comunicado la noche del viernes la petrolera, que se encuentra en medio de un enorme escándalo de desvío de dinero y pago de sobornos.

Con la decisión del jueves del juez estadounidense Jed Rakoff, responsable del proceso, "el caso deberá estar listo para ser juzgado de aquí al 1 de febrero de 2016", precisó Petrobras.

Según publica la prensa brasileña este sábado, en su sentencia Rakoff indicó sin embargo que el proceso no tendrá en cuenta las acciones compradas en Brasil como pedía la acusación.

Los poseedores de títulos negociados en el país deberán recurrir al arbitraje brasileño.

- Acciones presuntamente infladas -

El líder de la acción colectiva contra Petrobras es el fondo de pensiones británico USS. La acusación sostiene que 98.000 millones de dólares de acciones y títulos de Petrobras fueron inflados artificialmente por la compañía, que sobrestimó el valor de algunos de sus principales proyectos. Afirma que la dirección de Petrobras lo sabía.

El juez rechazó por otro lado una demanda específica de indemnización sobre una oferta mundial de acciones de Petrobras en 2012, al considerar que había prescrito.

La operación judicial y policial Lava Jato (lavado rápido de coches) reveló el año pasado la existencia de una enorme trama de desvío de dinero y sobornos en el seno de Petrobras que le costó 2.000 millones de dólares a la empresa.

La operación investiga delitos de formación de cártel, fraude en licitaciones, corrupción, desvío de fondos públicos y lavado de dinero, según la policía federal brasileña.

De acuerdo al proceso, empresas constructoras lograron contratos con Petrobras pagando sobornos a directores de la compañía durante una década. Los sobornos eran destinados a financiar partidos políticos, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores, y a engrosar fortunas personales de los involucrados, según confesiones de investigados.