Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en una causa que juzga por primera vez en Argentina a médicos y parteras por su papel en el robo de bebés durante la dictadura (1976-1983), solicitó penas de hasta 40 años al exponer este lunes los alegatos, informó la entidad humanitaria.

La acusación pidió 40 años de prisión para Santiago Riveros y 35 para el exdictador Reynaldo Bignone, ambos jefes de la zona donde funcionó una maternidad clandestina en el hospital militar de Campo de Mayo de Buenos Aires.

Allí se estima nacieron decenas de niños cuyas madres, secuestradas y torturadas, daban a luz vendadas y esposadas a sus camas bajo guardia armada.

Tanto Riveros como Bignone ya han sido condenados en otros juicios por crímenes de lesa humanidad.

Abuelas también solicitó 30 años de cárcel para los médicos Norberto Bianco y Raúl Eugenio Martín, jefe de la división de Clínica Médica del hospital y 12 años para la partera Luisa Yolanda Arroche, imputada por alteración de la identidad.

Los cinco acusados están imputados en este juicio en nueve casos de mujeres que fueron secuestradas embarazadas durante la dictadura, dieron a luz en la maternidad clandestina y luego sus hijos fueron robados y entregados en adopción ilegal.

Algunos de ellos fueron hallados por la labor de Abuelas de Plaza de Mayo que ha encontrado a 115 de los 500 que se estima fueron robados al nacer.

Uno de los últimos fue Guido Montoya Carlotto, nieto de la presidenta y fundadora de Abuelas, Estela de Carlotto, hallado en agosto pasado.

El tribunal ventila los casos de apropiación de los hijos de Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña.

Algunas dieron a luz en la cárcel clandestina conocida como 'El campito', otras en un sector del hospital militar.

"Resulta claro que en dos casos sabemos fehacientemente que el parto ocurrió en 'El Campito', hasta que 'un parto se complicó'. Luego el área de epidemiología del hospital Militar de Campo de Mayo comenzó a ser utilizado para alojar mujeres desaparecidas embarazadas desde mediados de 1977", dijo el abogado de la querella Alan Iud ante el tribunal.

En juicios anteriores médicos citados como testigos alegaron desconocimiento, haber sido forzados o razones de salud para atender a las parturientas.

Pero según Iud en el caso bajo juicio "su intervención no fue forzada sino que contribuyeron a armar verdaderas maternidades clandestinas".