La polémica sobre el uso del glifosato para fumigar cultivos ilícitos dividía al gobierno de Colombia este martes, luego de que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, defendiera su utilización un día después de que el ministerio de Salud recomendara dejar de emplearlo.

"Nosotros tendremos que seguir con las aspersiones hasta que se tome alguna determinación", declaró Pinzón sobre las fumigaciones con glifosato, asegurando que aunque seguirán evaluando otras estrategias contra los cultivos ilícitos no pueden "permitir que se termine beneficiando a la delincuencia, la criminalidad y el terrorismo" por su suspensión.

Sus declaraciones llegaron un día después de que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, divulgara una carta que envió a las autoridades antinarcóticos del país para recomendarles cesar las aspersiones con glifosato, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificara en marzo a ese pesticida de "posible" o "probable" cancerígeno.

Colombia, el mayor productor mundial de cocaína junto a Perú, hace uso desde hace años de la fumigación con glifosato en el marco de un intenso programa de erradicación de cultivos ilícitos.

Según Gaviria, la advertencia de la OMS sobre el glifosato "representa una advertencia insoslayable de posibles efectos adversos a la salud y (...) es condición suficiente para dar cumplimiento al principio de precaución".

Sin embargo, desde la trinchera de la seguridad, Pinzón insistió el lunes en defender su utilización asegurando que "hay múltiples estudios sobre estos temas que no son concluyentes" sobre los efectos del pesticida en la salud humana.

La decisión definitiva podría venir del Consejo Nacional de Estupefacientes, al que el ministerio de Salud envió su recomendación, o incluso del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Entre 2000 y 2007 Colombia aplicó un fuerte programa de erradicación de cultivos ilegales en la frontera con Ecuador, en el marco de un millonario plan antidroga financiado por Estados Unidos, que fue denunciado por Quito y que llevó a la suspensión de la aspersión aérea en las cercanías de la zona limítrofe hace un par de años.

Ecuador se quejó precisamente de que el pesticida afectaba la salud de su población y sus cultivos agrícolas.