Henry Villarraga O., magistrado del Consejo Superior.

Las gestiones para aguantar cerca de tres centenares de procesos judiciales fraudulentos, en los que el Instituto Nacional de Vías, Invías, tendría que pagara multimillonarias indemnizaciones en la Costa Caribe, comenzaron a dar resultados con la expedición de ordenes de captura contra los jueces que se prestaron para desfalcar al Estado.

37 jueces civiles municipales de Sucre, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Córdoba deberán responder por procesos que adelantaron sin tener en cuenta que estaban por fuera de su competencia, pues las indemnizaciones exigidas por particulares debían ser atendidos en juzgados administrativos, recordó el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, Henry Villarraga.

De acuerdo con denuncias del Invías, presentadas también ante la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Fiscalía General, los jueces aceptaron, además, reclamaciones prescritas, dictaron fallos durante vacancias judiciales y no permitieron reclamaciones.

La primera captura, informó El Tiempo.com, fue hecha efectiva contra el juez promiscuo de San Marcos, Sucre, Emiro Rafael Salgado Atencia. Su presunta responsabilidad penal consistió en embargar $8.000 millones del Invías para amparar el reclamo del propietario de una finca, de la que fueron adquiridos 4.000 metros cuadrados para la carretera San Marcos - Majagual - Achí.

El Instituto de Vías reportó que existen otras 47 decisiones similares que suman $13.000 millones, además de que ya varios demandantes y sus abogados $25.967 millones.

Como suele suceder en las demandas contra entidades estatales, a juicio del procurador judicial 44 de Sincelejo, Raúl Vergara, en todos estos casos hubo ausencia de defensa técnica del Invías.

Tumban 52 procesos

Además de los jueces investigados, cuatro peritos y cinco abogados están involucrados en las supuestas anomalías. Los representantes de los demandantes sostienen, con base en normas del Código Civil, que da un plazo de 20 años para reclamar indemnizaciones, que los terrenos utilizados para construir vías fueron expropiados y no se pagaron.

Paralelo a la decisión de los jueces, a comienzos de noviembre el Invías informó que, a través de las decisiones 101 y 104 del 20 y 26 de octubre pasado, respectivamente, el Consejo de la Judicatura tumbó 47 decisiones cuestionadas por valor de $25.000 millones. Asimismo, los Tribunales Superiores de Bolívar y Sucre ordenaron a jueces municipales dejar sin efecto otros cinco procesos por $6.900 millones.

Otros 280 procesos

En comunicado enviado a EL HERALDO, el Invías informó que desde 2000 enfrenta 280 procesos judiciales de este tipo, en los que particulares y abogados reclaman cerca de $350 mil millones.

La entidad nacional dijo que, en mayo pasado, fallos de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura dejaron en claro que estas demandas deben ser tramitadas ante juzgados administrativos, es decir los dos tribunales le cerraron el paso a la multimillonaria trampa contra el Estado.

Por José Granados Fernández

jose.granados@elheraldo.com.co