Al instalar en Santa Marta el 55º Congreso Nacional del Sector de Agua, Saneamiento y Ambiente, convocado por Acodal, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, anunció que para 2013 el presupuesto para inversiones en este frente aumentará en 300%, lo que significará una disponibilidad cercana a los $600.000 millones. Adicionalmente, por la ley de traslados presupuestales, llegarán otros $270.000 millones, con lo que se consolidará una inversión record en estos rubros prioritarios.

Al respecto, la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal, Maryluz Mejía de Pumarejo, sostuvo que "esta es una muestra del eco que hemos encontrado en los últimos meses en el Gobierno Nacional a propuestas sobre la claridad en los presupuestos para el sector y otras iniciativas del gremio, como elFondo Nacional de Solidaridad de Agua Potable y Saneamiento Básico, la reducción de requisitos para la aprobación de proyectos en la Ventanilla Única y su descentralización, la supresión de la obligatoriedad de las gerencias asesoras en los Planes Departamentales de Agua, reformas que garantizan el desarrollo efectivo de la Política de Agua para la Prosperidad".

Según el ministro Vargas Lleras, los programas de inversión en agua y saneamiento cobijarán el año entrante a cerca de 1.400 mil colombianos. Además, confirmó que se llegó a un acuerdo con la Contraloría General de la República en cuanto a la fórmula de uso de las vigencias futuras para la financiación de los proyectos de este sector, las cuales llegaron en su momento a un punto crítico por determinaciones judiciales. "Todo esto permitirá una gran dinamización en este renglón", sostuvo.

También dijo que "se erradicaron en el ministerio las mafias que se habían generado alrededor del manejo de los recursos de agua y saneamiento, precisamente, porque se redujeron de 25 a 4 los trámites para acceder a estos", y anunció que habrá una mayor apertura para que empresas de servicios públicos experimentadas puedan participar en proyectos de acueducto y alcantarillado.

Finalmente, anunció que el año próximo se emprenderán unas 90.000 conexiones intradomiciliarias en los sectores más pobres de la población.

Peticiones de Acodal

En el 55º Congreso del sector la presidenta de Acodal, Maryluz Mejía de Pumarejo, presentó un paquete de propuestas al ministro de Vivienda:

En forma inmediata, dar a conocer el plan plurianual de inversiones por fuentes y usos de los recursos a ejecutar durante el actual Gobierno.

Elaborar una política de Estado para la gestión del agua. Esta política deberá integrar las estrategias, planes, programas para la protección y uso sostenible del recurso hídrico con aquellas orientadas al abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales.

Incluir a los representantes de la sociedad civil del sector, entre ellos a ACODAL, para que participen en el diseño y operación del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico.

Ajustar y simplificar el Sistema Único de Información –SUI, bajo la orientación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cuyo proceso ya viene adelantando la Superintendencia de Servicios Públicos y en cuyo proceso hemos solicitado participar como usuarios permanentes de esta fuente de información.

Expedir los nuevos marcos regulatorios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. El régimen tarifario de acueducto y alcantarillado, ajustado a la reciente Ley de Vivienda. El del servicio de aseo, adecuado a lo establecido en la jurisprudencia y autos de la Corte Constitucional sobre regulación tarifaria para el reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos.

Expedir la reglamentación para la gestión de biosólidos, escombros e instalaciones hidráulicas y sanitarias.

Movilizar los incentivos establecidos en las leyes de Ordenamiento Territorial –LOOT- y de Vivienda de 2012 para garantizar la estructuración de proyectos de impacto regional, tanto para la construcción de infraestructura como para la gestión de servicios públicos. Es6tos incentivos podrían ser movilizados por la Agencia Nacional del Agua, entidad que tendría la responsabilidad de proover procesos en el nivel territorial y regional.

Estructurar un programa de Asistencia Técnica y Capacitación, para que los municipios y departamentos más rezagados y con mayor debilidad institucional, logren superar las dificultades ya reiteradas en preparación de proyectos y operación de los sistemas. Este programa estaría a cargo de la Agencia Nacional del Agua sobre la base de un preciso diagnóstico de debilidades para defnir los tipos de oferta, su localización y cobertura.

Los rieles de la locomotora de vivienda

Sobre los programas de vivienda y su interacción con los sectores de agua, saneamiento y ambiente, la dirigente gremial advirtió preocupación por tres temas que, en su opinión, tienen que ser resueltos en el corto plazo. El primero, relacionado con las decisiones en materia de ordenamiento territorial para la definición de alternativas de expansión frente a programas de redensificación en zonas de renovación urbana. En esta materia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene que asumir un liderazgo para que las decisiones en los planes de ordenamiento territorial definan la mejor estrategia de desarrollo a partir de un mejor conocimiento de los costos derivados de la ampliación de redes y de la capacidad de los sistemas para atender las demandas de las nuevas viviendas.

El segundo tema por atender es la atención prioritaria agrave vulnerabilidad de los sistemas a las variaciones climáticas, unas veces por aumento de los caudales otras por graves sequías. Alrededor del 30% de los sistemas de acueducto del país se encuentran en condiciones altas de vulnerabilidad y riesgo por problemas en las bocatomas y los sistemas de aducción. Como lo ha señalado el Viceministerio de agua, pocos municipios han adoptado planes de contingencia y mitigación del riesgo.

El tercer tema motivo de preocupación parte de las dificultades aún existentes en la calidad del agua en muchos municipios menores y zonas rurales del país, donde se concentran los mayores déficit de vivienda de interés social y prioritario, precisamente donde la nueva política de subsidio a la vivienda vía precios de oferta debe priorizar las inversiones.