La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de València, encargada del conocido como caso Imelsa, ha procesado al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y a otras 25 personas más por las contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.

Junto a Rus, figuran encausados en este procedimiento --las piezas separadas B y F-- el ex secretario autonómico Máximo Caturla; los exdiputados provinciales Rafael Rubio (PSPV) y Salvador Enguix (PP), dos exalcaldes y un exconcejal. La magistrada considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y falsedad documental.

El auto --facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana--, que puede ser recurrido en reforma y/o apelación, da diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas en las diligencias para que formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Según se recoge en la resolución, Alfonso Rus, su entonces jefe de gabinete, Emilio Llopis, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y Máximo Caturla utilizaron dicha mercantil "en beneficio propio" y contrataron a trabajadores "para responder a favores solicitados por terceras personas".

En muchos de esos casos los empleados tenían la condición de asesores de miembros del consejo de administración de Imelsa pero no desarrollaron ningún trabajo para la empresa. En la realización de estas contrataciones colaboraron presuntamente otros investigados como la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, respectivamente.

Según consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado unido a las actuaciones, esas incorporaciones de personal "se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad" y tampoco respetaron las limitaciones impuestas en las Leyes de Presupuestos Generales entre los años 2009 y 2014. La juez enumera a 12 personas contratadas en este periodo en Imelsa por orden de Alfonso Rus que percibieron salarios sin haber desarrollado ningún trabajo efectivo para esa empresa de la Diputación.

Entre esas 12 personas, que están igualmente encausadas, figuran desde el alcalde de la localidad de Cofrentes, Raúl Mateo Ángel Balufo, hasta un jugador del Club Deportivo Olímipic de Xàtiva, el club de fútbol que presidía el propio Rus. La instructora también cuestiona las retribuciones por productividad y dietas percibidas sin justificación entre los años 2011 y 2014 por Benavent, Esrihuela y Montblanch, que ascienden por el primero de los conceptos a 56.648, 97.125 y 82.162 euros, respectivamente.

De igual modo, el auto refiere otras cinco contrataciones presuntamente irregulares en Ciegsa, la empresa de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcción de colegios e institutos, cuyo consejero delegado entre 2003 y 2007 fue el también secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

Entre estos cinco contratados de Ciegsa entre los años 2004 y 2005 destacan el que fuera alcalde de la población de Llosa de Ranes por el PP Evaristo Aznar y el exconcejal del Ayuntamiento de Requena por este partido Manuel Gómez.