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Promovamos una Constitución feminista

07/03/2018 13:58 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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El próximo 6 de diciembre de 2018 la Constitución española cumplirá 40 años. Cuarenta años que, sin duda, han marcado un antes y un después desde el punto de vista del constitucionalismo histórico español. Cuarenta años de avances ?en líneas generales? pero también de retrocesos y riesgos de involución advertidos tras la crisis económica de 2008. Cuarenta años que nos han permitido pensar y reflexionar críticamente sobre el modelo de convivencia social y, por ende, política, económica, cultural, etc. Pero, también, cuarenta años de olvidos intencionados en cuanto a integrar a las mujeres como verdadero sujeto constitucional. De ahí la importancia de apelar a una reforma/revisión constitucional desde la perspectiva de género ?Reforma Constituyente. En este punto cabría reseñar cómo el pacto de convivencia social ?constitucional? fue articulado haciendo abstracción de la sexuación de los sujetos de derechos e ignorando el conflicto socio/sexual sobre el que este se erigía. Un conflicto ignorado y naturalizado y que ha dado cobertura a situaciones de verdadera discriminación.

Los datos sobre violencia de género en el ámbito relacional de la pareja o expareja, la brecha salarial de género, los datos sobre los usos del tiempo, sobre acoso sexual y/o acoso por razón de sexo, los datos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual evidencian una realidad discriminatoria para con las mujeres. Una realidad que ha colocado a las mujeres en la "otredad" constitucional con respecto al sujeto jurídico/universal. Una realidad ante la que solo desde el feminismo jurídico ?a través del género como categoría de análisis? se han articulado críticas sobre la indiferencia jurídica de las diferencias (y sus consecuencias). Máxime cuando esa indiferencia ha impedido el reconocimiento de dos sujetos igualmente diferentes sin necesidad de que uno sea el modelo del otro y sin necesidad de que las mujeres, para conseguir la igualdad real, tengan que encajarse en un modelo normativo de lo humano falsamente neutro.

Obviamente, el no reconocimiento de la subjetividad jurídica y política de las mujeres ha dado lugar a desarrollos normativos excluyentes y discriminatorios para las mujeres en diversos ámbitos de interacción social como el civil, laboral, penal o familiar. Piénsese, por ejemplo, que hasta el Código Penal de 1995 las situaciones de acoso sexual no estaban tipificadas como delito. En la misma línea crítica cabría incluir la evolución normativa en materia de violencia de género en donde solo, tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se podría decir que se asumió el compromiso social de romper con la estructura socio/sexual del sistema sexo/género. En el ámbito laboral, la lucha por la igualdad efectiva y real sigue siendo una asignatura pendiente. Por eso todavía hoy se tiende a pensar en la maternidad como una enfermedad y a computar como ausencia laboral la baja maternal o baja por riesgo de embarazo a los efectos de días productivos.

Más reciente en el tiempo, (sin agotar todos los supuestos) cabría destacar cómo el no abordar en el pacto constitucional la sexuación de los sujetos de derechos (la no resolución del conflicto ignorado) obliga a reflexionar desde la crítica sobre los discursos jurídicos en torno a la construcción del cuerpo de las mujeres. El debate actual sobre la regulación de la gestación por sustitución y/o maternidad subrogada, los intentos por reglamentar o legalizar la prostitución, o de dar cobertura jurídica a la figura de la 'asistente sexual' constituyen claros ejemplos del lugar periférico que ocupan [-mos] las mujeres en el texto constitucional. Da la impresión de que el discurso jurídico dominante, cuando va dirigido a las mujeres, sigue instalado en una especie de determinismo biológico en donde el hombre, en tanto que sujeto jurídico, sigue siendo el sexo principal y las mujeres 'solo sexo' y, por tanto, solo cuerpos sobre los que disponer y legislar para mantener el orden social y los privilegios preestablecidos por el sistema sexo/género.

Llegados a este punto ?y en el marco del 8 de marzo? solo queda apostar por una Constitución feminista. Por una Constitución que en el marco de un pacto de convivencia socio/sexual sea capaz de redefinir al sujeto persona y sea capaz de resignificar la categoría 'sexo' como hecho biológico que implica diferencia mutua entre los sujetos jurídico/políticos sin necesidad de que exista un patrón de referencia al que haya que adaptarse o en el que haya que encajarse.

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* María Concepción Torres Díaz es profesora de Derecho Constitucional y abogada. Secretaria de la Red Feminista de Derecho Constitucional.


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Fuente:
ctxt.es
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Reportaje
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