En una pandemia como el COVID-19 que evoluciona rápidamente, la información es esencial para que las personas tomen decisiones sobre cómo protegerse y cómo acceder a necesidades y servicios durante la cuarentena y el aislamiento voluntario. Los gobiernos en todos los niveles deben brindar información sobre la enfermedad, métodos de prevención y servicios en forma precisa, accesible y oportuna.

Las personas con discapacidad no solo tienen un riesgo de contagio ante la pandemia, sino que están en peligro debido a la discriminación y a los obstáculos para el acceso a información, servicios sociales, atención médica, inclusión social y educación.

El COVID-19 se propaga con rapidez y es especialmente peligroso para personas que viven muy cerca de otras en entornos cerrados. Millones de adultos y niños con discapacidad viven en residencias apartadas y, a menudo, atestadas, donde pueden sufrir abandono y abusos, y no recibir atención médica suficiente.

Las personas con discapacidad que viven en sus hogares suelen recurrir a servicios sociales comunitarios para satisfacer sus necesidades diarias básicas, incluso en lo referente a comidas e higiene. Existe fuerte preocupación entre las organizaciones de derechos de las personas con discapacidad por la interrupción de estos servicios. Las personas que brindan asistencia no cuentan con los equipos de protección personal necesarios para minimizar la exposición o la propagación de la infección, o ellas mismas se están contagiando y deben cumplir una cuarentena.

Las políticas para contener la propagación del coronavirus requieren el aislamiento social, y esto puede hacer que las personas con discapacidades psicosociales, como ansiedad o depresión, puedan sufrir un profundo malestar. En estos casos, puede resultar útil reforzar los servicios de apoyo para la salud mental. De hecho, en general, el aislamiento y la cuarentena podrían generar angustia a la mayoría de las personas. Las políticas gubernamentales deberían asegurar que continúe la prestación de servicios comunitarios y que los programas de orientación para situaciones de crisis sean accesibles para todas las personas. La interrupción de los servicios comunitarios no debería dar como resultado la institucionalización de las personas con discapacidad ni de las personas mayores.

En muchos países, los niños y niñas con discapacidad enfrentan obstáculos para acceder a una educación inclusiva y de calidad. A medida que los gobiernos cierran escuelas, muchas están implementando la instrucción en línea. Los niños y niñas con diferentes discapacidades pueden quedar excluidos si la instrucción en línea no se diseña de un modo accesible para ellos, por ejemplo, a través de materiales y estrategias de comunicación adaptados y accesibles. Los gobiernos también deberían asegurar que los alumnos que no tienen acceso a internet puedan contar con materiales y planes de clases accesibles. Sin el apoyo gubernamental, es posible que los padres y cuidadores no puedan brindar los servicios que los niños y las niñas podrían recibir en las escuelas.

Las personas con discapacidad resultan más afectadas debido a las barreras actitudinales, institucionales y del entorno, que se reproducen en la respuesta al COVID-19. Además, muchas personas con discapacidad tienen afecciones de salud preexistentes que las hacen más susceptibles de contraer el virus y de tener síntomas más graves al infectarse, lo que conduce a tasas elevadas de mortalidad.

La información estadística actualizada sobre las personas con discapacidad escasea en la región, más aún cuando se requiere información asociada a cómo ha evolucionado el COVID-19 en este grupo de población. No se cuenta con datos desagregados por discapacidad, lo que dificulta los análisis y la toma de decisiones durante esta crisis y en las instancias posteriores de reactivación.

Desde que se inició la pandemia y particularmente cuando esta se intensificó en algunos países de la región, tanto el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la Enviada Especial del Secretario General sobre la Discapacidad y la Accesibilidad han emitido diversos comunicados en que se exhorta a los Estados a tomar todas las medidas apropiadas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud y para proporcionarles la misma variedad, calidad y nivel de atención médica que se brinda a otras personas, incluidos los servicios de salud mental. Junto con ello se debe considerar que las personas con discapacidad infectadas por el coronavirus siempre tendrán derecho a ser tratadas con dignidad, a tomar decisiones con autonomía, a que se respete su voluntad y sus preferencias, a que se solicite su consentimiento libre y a que se proteja la privacidad de sus datos personales.

Es muy importante que en los países se dé una respuesta inclusiva a la pandemia, tanto durante la cuarentena, asegurando el acceso pleno a los suministros necesarios para la vida y la salud, como en las medidas que se adopten después de ella, garantizando el ejercicio efectivo de derechos como la educación inclusiva de calidad y la inclusión y accesibilidad establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad son un pilar fundamental en la gestión de la emergencia sanitaria, tanto durante el transcurso de esta como en la rehabilitación posterior, sobre todo en lo que se refiere a los servicios de salud.

Las personas con discapacidad tienen derecho a participar de forma plena y efectiva en las decisiones que afectan sus vidas.

En todas las etapas de la respuesta, desde la planificación y el diseño hasta la ejecución y la supervisión, se debe consultar a las personas con discapacidad y sus organizaciones, y ellas deben participar activamente. Esto ayudará a lograr la inclusión inmediata, permitirá que todas las medidas relacionadas con el COVID-19 beneficien a las personas con discapacidad, y contribuirá al desarrollo y a la recuperación a más largo plazo.

Se debe asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de apoyo para llevar una vida segura, saludable e independiente. Si las cuidadoras informales han dejado de trabajar en el empleo formal para destinar todo su tiempo al apoyo de algún pariente con discapacidad, se deben poner en marcha programas de asistencia financiera para cubrir esa falta de ingreso en el hogar.

En el ámbito laboral se recomienda implementar todas las medidas necesarias de protección, ajustes específicos y entornos accesibles para garantizar la seguridad de las personas con discapacidad que siguen trabajando durante la pandemia. En los casos en que sea necesario, los empleadores de personas con discapacidad deben darles prioridad para que trabajen desde el hogar o para que se les conceda licencia con goce de sueldo.

Para asegurar que las personas con discapacidad no queden sin acceso a información clave para salvar su vida, las estrategias de comunicación deberían incluir interpretación profesional con lenguaje de señas para los anuncios de televisión, sitios web accesibles para personas con diferentes discapacidades y servicios telefónicos para personas sordas o con hipoacusia. Las comunicaciones deben adoptar un lenguaje simple para asegurar la máxima comprensión.

En ERP Lawyers tenemos disposición para darle información y apoyarlos en esta materia. Puede contactarnos por nuestro correo info@erplawyers.com.