Ante la Secretaria General del Senado de la República, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, y el Director del Departamento Nacional de Planeación, Hernando José Gómez, radicaron el proyecto de Ley Asociaciones Público Privadas (APP) para obras de infraestructura que tiene como propósito establecer un nuevo esquema de vinculación privada.

La intención es que los riesgos los asuman los inversionistas que participen o propongan los proyectos y no sea el Estado quien asuma los costos de eventuales incumplimientos. El Ministro de Hacienda explicó que la intención es que a través de éstas Asociaciones, sean los privados los que asuman la financiación y provisión del proyecto en el largo plazo.

Para el privado es un mecanismo atractivo de inversión, que le permite viabilizar su capacidad de innovación. Puede proponer los proyectos sin necesidad que sean invitados por las entidades estatales, y les será otorgada una bonificación entre el 3% y el 10% sobre su calificación inicial dentro del proceso licitatorio para adjudicar la ejecución del proyecto, lo cual genera un incentivo adicional para que se propongan proyectos debidamente estructurados que en realidad, satisfagan las necesidades básicas de la comunidad.

"El sector privado proveerá la infraestructura y/o equipamientos públicos, servicios conexos a éstos o para la prestación de servicios públicos a cambio de una remuneración que se fija de acuerdo con la disponibilidad y el nivel del servicio de la infraestructura y/o servicio; lo que desde luego implica una transferencia total o parcial de riesgos al sector privado, que deberá darse en términos eficientes, de acuerdo con su capacidad de administración de riesgos, velando siempre por la satisfacción efectiva de las necesidades públicas", aseguró.

El proyecto busca promover la inversión privada de largo plazo que a través de sus diferentes estructuras internas o comerciales estén en capacidad de convertirse en el centro de gestión, organización y financiación de proyectos de infraestructura, de manera directa y/o a través de la contratación de diferentes actores con el fin de llevar a cabo, según sea el caso, el diseño, construcción, operación y mantenimiento de dicha infraestructura pública.

Este nuevo mecanismo o instrumento contractual ya opera en Uruguay, Ecuador, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras y Panamá, que en los últimos tres años expidieron o reformaron el marco legal para participación privada.