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Que paguen los pobres

07/02/2018 13:30 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

En menos de dos meses, el 4 de abril, el español corriente podrá empezar a preparar su declaración de la renta del año 2017. Puntual y con conciencia de estar obrando con honradez, pagará, o solicitará la devolución correspondiente, cumpliendo con Hacienda una parte importante de su deber como ciudadano. Si usted es un asalariado, que vive principal o exclusivamente de la nómina mensual que le paga su empleador o empresa, verá en su borrador que Hacienda sabe dónde vive, si está casado, tiene hijos, cuánto ha ganado, cuánto ha cotizado, si tiene una hipoteca, cuánto le han retenido, etc. Es decir, lo sabe todo, pero no porque sea una deidad omnisciente o una especie de Gran Hermano orwelliano, sino porque su situación personal es muy sencilla, y le tiene bien amarrado. Se limita a trabajar por cuenta de otra persona y no se puede escapar. Su vida es muy simple. Pero ¿qué ocurre con los grandes empresarios, o los poseedores de grandes fortunas, o aquellos que simplemente se dedican a "jugar con dinero", es decir, a ganarse la vida especulando con compraventa de acciones de grandes multinacionales, de divisas, criptomonedas y una gran variedad de productos financieros por todo lo ancho y largo del mundo, quizá desde el mismo sofá de su casa?

Pueden imaginar lo peor, que al final, como se dice coloquialmente, "solo pagamos los pobres", y me temo que no irán muy descaminados, pues el ansia de evasión fiscal espoleada por la codicia agudiza el ingenio (y la ingeniería fiscal).

El sistema tributario español tiene su fundamento primordial en un importante artículo de la Constitución española, el 31, el cual nos viene a decir que todos deben contribuir a sostener los gastos públicos según varios criterios: capacidad económica, justicia, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad.

Hoy en día, en España, podemos decir que, de esos principios, el único que se ha aplicado constante e inflexiblemente es el de no confiscatoriedad, sagrado dogma del neoliberalismo ferozmente antiestatista, el cual siempre blandirán sus secuaces, cargados de razón, contra toda exacción que pretenda cumplir con los demás principios tributarios. Curiosamente, en los debates de redacción del texto constitucional, el principio de no confiscatoriedad estuvo a punto de quedar fuera, sometido a un tira y afloja que un día lo introducía y otro lo suprimía, y no fue hasta que se llegó a la Comisión Mixta Congreso-Senado cuando se reintrodujo definitivamente, lo que demuestra la falta de convicción del legislador constituyente sobre su estricta pertinencia.

El escrupuloso celo que han demostrado bastantes españoles para con nuestra Carta Magna en relación con el conflicto catalán, con su complacencia casi orgásmica en la aplicación del artículo 155 y su apasionado clamor a voz en grito del "¡A por ellos!" ?pues, a su juicio, no podían permitir que nuestro texto constitucional sufriera tamaños desprecios? harían bien en irse un poco más al principio y leer el artículo 31, y preguntarse a continuación si su llevanza a la práctica es realmente efectiva o las distintas Administraciones tributarias y los cuerpos legislativos llevan toda la vida mofándose a su costa, con las formaciones de derecha como principales detractoras de su obligada aplicación. Analicémoslo al detalle:

El primer principio que dicho artículo proclama, el de universalidad ("Todos contribuirán..."), suena, cuanto menos, a broma de mal gusto si tenemos en cuenta el sinfín de informes, noticias y filtraciones que nos han llegado en los últimos años, y sin duda seguirán llegando, sobre las complejísimas y obscenas estructuras de evasión fiscal que las grandes empresas y los grandes patrimonios crean para tener su dinero en paraísos fiscales bien alejados de la jurisdicción y control de las Haciendas de los países que disponen de una administración tributaria mínimamente efectiva y organizada, principalmente Europa y Norteamérica. Los Papeles de Panamá y los Paradise Papers, llegados de la mano del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, son una buena muestra de lo lejos que estamos de que tal principio sea respetado.

El principio de universalidad, con su "Todos" a secas, y no "Todos los españoles", quiso dejar claro que la obligación de contribución pública debe atribuirse no solo a los españoles, sino a cualquier persona, física o jurídica, que lleve a cabo su actividad económica en nuestro país. Aquí tenemos la segunda broma. Si nos limitamos a las grandes tecnológicas (Apple, Google, Facebook, Amazon), la Comisión Europea ya ha avisado de que se exponen a elevadas multas por la continua reducción extraordinaria de sus bases imponibles repatriando sus beneficios a territorios de fiscalidad más laxa, haciendo uso de intrincados armazones societarios y un enorme gasto en ingeniería fiscal, mucho menor que lo que se ahorran con el fraude final. La Administración Tributaria española ya les ha abierto inspecciones, algunas de las cuales han terminado con actas de infracción cuyas multas son risibles.

Siempre habrá un sector de la población que se quejará de que en España se pagan demasiados impuestos

Luego tenemos el principio de capacidad económica, que, junto al de progresividad, debería conllevar que, a mayores rentas, riquezas y/o propiedades, mayor presión fiscal, pero en realidad ocurre precisamente lo contrario: el grueso de la presión fiscal cae sobre las espaldas de quienes menos capacidad económica tienen. Un dato elocuente: más del 90% de la recaudación en IRPF proviene de rentas del trabajo, mientras que el porcentaje procedente de rentas del capital es un nimio 5%. ¿Por qué ocurre esto? Las rentas del trabajo, que pertenecen a la base general, y las rentas del capital, que integran la mal llamada base del ahorro, no tributan según una misma escala. Las del trabajo se someten a una escala progresiva de 5 tramos, que va del 19% al 45%, mientras que las del capital se compone exclusivamente de tres tramos, del 19% al 23%. Ello significa que un trabajador que gana, por ejemplo, 32.000 euros al año pagará un 19% por los primeros 12.450 euros, un 24% por lo restante hasta 20.200 y un 30% de lo que queda hasta 32.000. Pero quien se dedica a vivir solamente de su jugoso porcentaje de participación en una multinacional o a vender esporádicamente grandes propiedades inmobiliarias que haya heredado pagará como máximo un 23% a partir de 50.000 euros.

Siempre habrá un sector de la población que se quejará (cuanto más potentado, más airadamente) de que en España se pagan demasiados impuestos, y que los tramos deberían disminuir, porque de lo contrario los inversores huirán a territorios de mayor laxitud fiscal. Esto podría ser verdad solo por una razón: la existencia de paraísos fiscales. Pero, eso aparte, no vendría mal recordarle a los que asocian una progresiva fiscalidad con una mayor desafección inversora el hecho de que, en un país tan poco sospechoso de socialismo como EE.UU., durante el gobierno de un personaje tan poco sospechoso de afinidades soviéticas como Dwight Eisenhower (periodo 1953-1961), la escala del impuesto sobre la renta se componía de 24 tramos, que iban del 20% al 91% (sí, 91%, leen bien). ¿Supuso eso algún problema? ¿Provocó que la primera potencia del mundo se viera abocada a una horrible crisis económica y a una espantada de inversores? Todo lo contrario: esa política fiscal se mantuvo hasta bien entrados los 60, y desde la Gran Depresión no volvió a haber auténticas crisis económicas hasta la década de los 70, con el inicio del desmantelamiento del sistema heredado del New Deal y cuando el neoliberalismo antiestatista empezaba a asomar la patita. Asimismo, gracias al elevado gravamen a las rentas que excedían con mucho lo que se consideraba justo y suficiente para vivir, se contribuyó a crear una sociedad más igualitaria, donde las diferencias entre lo ganado por un alto ejecutivo y un empleado corriente no eran tan desorbitadas como hoy día, y donde el concepto de "consumo ostentoso", acuñado por Thorstein Veblen, estaba más contenido y moderado que nunca.

En España, el ejemplo más paradigmático lo tenemos en las primeras tablas del IRPF de nuestra democracia, obra del polifacético Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda de 1977 a 1979. Creó una escala de casi 40 tramos que iban del 15% al 65, 51%. Eso sí que podía denominarse progresividad.

En relación con las diferencias entre lo que pagan las personas y lo que pagan las empresas, encontramos datos aún más desalentadores

En relación con las diferencias de recaudación entre IRPF e Impuesto de Sociedades, o sea, las diferencias entre lo que pagan las personas y lo que pagan las empresas, encontramos datos aún más desalentadores. Con las últimas estadísticas publicadas por la AEAT, del ejercicio 2016, todavía provisionales, vemos que la recaudación por IRPF, 72.416 millones de euros, es casi el 40% sobre el total recaudado para las arcas públicas, 186.000 millones; el IVA llega al 35%, pero en el Impuesto de Sociedades apenas si se alcanza el 11%. Sin embargo, el señor Rajoy no deja de soltar la cantinela de que la economía no para de crecer, que va como una locomotora, que las empresas no paran de aumentar sus beneficios... pero los impuestos que pagan son una ridiculez. ¿Cómo ocurre esto? Principalmente, por dos razones: tributan a un tipo fijo, es decir, en el I.S. no existe la progresividad, y el tipo sobre el que tributa la base imponible es, generalmente, el 25% (con una rebaja de 10 puntos durante 2 años para las empresas de reciente creación); y en segundo lugar, existe un desmesurado catálogo de bonificaciones y deducciones que se pueden aplicar en la reducción de la base imponible, muchas de las cuales son meros privilegios, injustificadas reducciones de la cantidad que hay que pagar, que no revierten en una mayor inversión, productividad, creación de empleo o innovación de las empresas, sino que acaban directamente en el bolsillo de los socios, fallando aquí el impuesto en su función redistributiva, y haciendo que la diferencia entre el tipo nominal del impuesto y el tipo efectivo sea cada vez más insalvable. Para más inri, las sociedades de inversión de capital variable, las famosas SICAV, tributan a un risible 1%. Desde el Gobierno no cesa tampoco la cantinela de que hemos salido por completo de la crisis; sin embargo, en el año 2007, la recaudación por IRPF e IVA fue prácticamente igual que la de 2016, mientras que en Sociedades fue entonces de 44.823 millones de euros, frente a los 21.678 del último año. Los salarios bajan, los beneficios empresariales suben, pero las empresas pagan menos de la mitad que hace diez años.

El Tribunal Constitucional, en una sentencia de abril de 2014, vino a aclarar que los impuestos pueden e incluso deben tener fines extrafiscales: el más importante, el de la redistribución de la riqueza que, con la larga nómina de beneficios fiscales a las grandes empresas, que son las que al cabo más se aprovechan, estamos lejos de lograr.

Oxfam Intermón, en un informe que trata la desigualdad fiscal en el mundo, ha llamado la atención sobre el hecho de que la aplicación de beneficios fiscales no debe hacerse por las bravas, sino calibrando bien los equilibrios necesarios para que lo que se pierda de recaudación por un lado se recupere por otro, como creando empleo de calidad.

Entroncando con lo anterior, el principio de igualdad y el de justicia tienen su razón de ser en el hecho de que, para una mayor justicia social, debe existir una mayor justicia fiscal, lo que significa que hay que extender el poder de exacción de Hacienda a todas las manifestaciones de riqueza. Otra vez Oxfam Intermón viene a señalar que los grandes patrimonios y las grandes empresas españolas esconden un 12% de la riqueza nacional en paraísos fiscales, es decir, alrededor de 130.000 millones de euros. Imaginen lo que supondría someter a tributación tamaña cantidad de dinero para pagar servicios sociales como pensiones, sanidad, educación, dependencia, ... . Esa pérdida de posibilidad contribuye enormemente a la injusticia fiscal, porque esas empresas y particulares que evaden la tributación nacional sí se aprovechan de su país para hacer negocios, especular, vivir, pero no muestran el más mínimo desvelo por los compatriotas que están parados y sin ayudas sociales, o los pensionistas con pensiones de miseria, o las largas colas en la sanidad pública. Para medrar ellos mismos sí aman a su país, pero para tributar, que pague otro. Y la pulserita bien visible en la muñeca.


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ctxt.es
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Reportaje
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