Anif

Tras año y medio de arduo trabajo por parte del Ejecutivo, del cuerpo académico del país, de las Altas Cortes y del propio Congreso, el pasado 28 de junio se enterró la ansiada Reforma a la Justicia, generándose el "punto más bajo" de la Administración Santos. No se trató de un incidente de un "viernes en la noche", sino de una grave desatención al curso errado que dicha reforma fue tomando desde el mismo momento de su radicación en agosto de 2011.

Los objetivos centrales pronto se fueron desfigurando, al no contemplarse correcciones efectivas frente a las fallas estructurales resultantes de: i) carencia de una última instancia; ii) entorpecimiento de su funcionamiento por usos "temerarios" del recurso de la tutela; iii) elevados costos relativos del sector frente a parámetros internacionales; iv) abierta corrupción al interior de la Rama Judicial; y v) baja eficiencia de su estamento administrativo (CSJ) frente a comparables internacionales.

A cambio de ello, se dio preminencia a los temas que terminaron por hundir su cometido, tales como: a) fuero especial militar; b) doble instancia en juzgamiento de parlamentarios; y c) ampliación de los períodos para los magistrados (por la vía de extender su fecha de retiro forzoso) y su permanencia (con aplicación inmediata). La propia Corte Constitucional le había negado, en hora buena, más extensiones de su período al sueño desinstitucionalizador de Uribe-III.

El gráfico adjunto ilustra los hitos del atropellado tránsito de dicha reforma constitucional y el deterioro que fue causando sobre la favorabilidad del Presidente Santos, la cual cayó de niveles del 64% en abril de 2012 al 48% en junio de este año. El atropellado hundimiento de dicha reforma ha sido caracterizado como un cuasi-golpe-institucional, con antecedentes tan sólo equiparables al de la "séptima papeleta" que incubó la Constituyente de 1991.

En Junio de 2010, Anif le había sugerido a la entrante Administración Santos que recogiera las recomendaciones de la "Comisión de Expertos", las cuales se habían divulgado en abril de ese mismo año. Dicha Comisión dejaba claro que la justicia colombiana requería de urgentes y profundas reformas, tanto en su estructura organizativa como a nivel procedimental (ver Comentario Económico del Día 6 de

Julio de 2010; Informe Semanal No. 1038 de agosto de 2010).

También señalamos entonces la importancia de corregir el error de las fusiones de las carteras del Interior y de Justicia durante Uribe-I. Era claro que la orientación de la justicia no debía mezclarse con el ministerio de la política. A la Administración Santos le tomó cerca de un año lograr la restitución de dicho Ministerio para la Rama (agosto de 2011); hasta allí las cosas lucían promisorias en este frente.

Para octubre de 2011, se había consolidado un buen diagnóstico y claras líneas de acción, con énfasis en lo práctico y operativo, a fin de lograr "pronta justicia" (ver "Costos y Eficiencia del sector Justicia en Colombia" en http://anif.co/sites/default/files/uploads/LIBROJUSTICIA-11.pdf). Se insistía en la urgencia de adoptar medidas para agilizar los procesos judiciales, cuyo estancamiento bordeaba los 3 millones. En materia de descongestión se llamaba a tratamientos de choque como los implementados en la Florida y California (EE.UU), donde abogados y notarios ayudaron en funciones de descongestión. En el tema presupuestal, se argumentaba que la adición de recursos sólo tendría sentido si se garantizaba la modernización del sistema informativo y se asignaban tareas claras de descongestión.

Al cierre de la legislatura de 2011, Anif decidió prender las alarmas frente a los desvíos de estos objetivos, pues notábamos que Ejecutivo y Legislativo ahora enfatizaban el poder nominativo de las altas cortes, la doble instancia para congresistas y los tribunales militares (ver Comentario Económico del Día 15 de Diciembre de 2011). Para mayo de 2012, el Senado ya tenía consolidado el desvío de la Reforma a la Justicia, concretando un organismo investigativo ad-hoc para el Congreso y la ampliación del período de los Magistrados de 8 a 12 años (claramente estos temas no habían surgido un viernes en la noche).

A la altura del sexto debate y faltando sólo dos para su aprobación, Anif y otras entidades hicimos un llamado a su hundimiento, dado el negativo balance que todo ello iba dejando: estaba a punto de triunfar la impunidad parlamentaria y la burocracia judicial, con mayores costos fiscales para el país (ver Comentario

Económico del Día 5 de junio de 2012).

Esta es la triste historia de una crónica judicial anunciada, donde tal vez la única parte loable proviene de una opinión pública que no dejó mancillar las instituciones. Durante dicho proceso, en vez de arreglar el paquidérmico funcionamiento de la justicia, se le abrió compuerta a la connivencia con un Congreso que enfrenta investigaciones judiciales cobijando un tercio de sus miembros.