Casi desde el inicio de la andadura conjunta del Gobierno de coalición, los choques entre sus diferentes sectores han formado parte de la tónica habitual de funcionamiento. Y en esos roces, Unidas Podemos -y, en algunos temas, también ministros del PSOE- han tenido una némesis casi permanente: la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, representante del ala más liberal del Ejecutivo.

La última gran diferencia se ha producido en torno a la regulación de los derechos laborales de los riders que impulsa el Ministerio de Trabajo. Pero Economía también ha puesto trabas en asuntos como la prohibición de los desahucios, la subida del salario mínimo, la moratoria hipotecaria, la prohibición de cortar los suministros básicos a familias vulnerables y, en los últimos días, la puesta en marcha de ayudas directas a sectores perjudicados por las medidas contra la Covid-19. Más allá de la intención morada de diferenciarse con respecto al socio mayoritario de la coalición, los conflictos con Economía existen y responden a serias diferencias políticas.

La propuesta de poner en marcha ayudas directas desde el Estado -que complementarían a las de algunas comunidades- a sectores como la hostelería ha partido de Unidas Podemos, pero instituciones como el Banco de España están de acuerdo con una medida que han planteado también las patronales e incluso algunos bancos. No obstante, Economía se ha negado por el momento a valorar tal posibilidad.

El departamento que lidera Calviño insiste en que ya hay diseñados ERTE específicos para estas situaciones con exenciones fiscales, y se muestra poco partidaria de un modelo de ayudas que sí se ha puesto en marcha en otros países. Por el momento, ni la presión de Unidas Podemos ni tampoco de las patronales o incluso del sector bancario ha surtido efecto.

Calviño también se las ha visto en las últimas semanas con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, a tenor de la subida del salario mínimo interprofesional. Díaz es partidaria de un aumento de en torno al 0, 9%, en línea con la inflación, que supondría apenas unos pocos euros al mes pero que la vicepresidenta económica rechaza. Por ahora, Calviño ha ganado esa batalla interna, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido congelado el salario mínimo en 950 euros mensuales. Pero Díaz pretende reabrir el debate en las próximas semanas reuniendo de nuevo a patronal y sindicatos, y se ha comprometido a legislar por su cuenta si los empresarios siguen negándose a un aumento.

A finales del año pasado Calviño también fue muy dura en la negociación para ampliar la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional a todos los ciudadanos con problemas económicos, y no solo a quien tuvieran dificultades por la pandemia. Fue su presión, junto a la ejercida por el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, la que consiguió que el Estado se comprometiera a compensar a los grandes propietarios que no pudieran echar de sus casas a familias vulnerables que no pudieran pagar el alquiler, ya que Unidas Podemos proponía solo compensaciones por las primeras diez viviendas.

Algo similar ocurrió con respecto a la prohibición de cortar los suministros básicos (luz, agua y gas) a familias que no pudieran pagarlos. La medida estuvo vigente durante el primer estado de alarma, pero decayó en septiembre pese al desacuerdo de Unidas Podemos. Calviño fue una de las ministras que apostó por el fin de esa medida, que no obstante ha vuelto a ponerse en marcha hace unas semanas pese a las reticencias iniciales de Transición Ecológica.

En esa misma negociación el pasado septiembre también se decidió no ampliar el plazo para solicitar una moratoria en el pago de la hipoteca para personas cuyos ingresos hubieran caído por la crisis del coronavirus. De nuevo, la dinámica fue la misma: Unidas Podemos -y algunos ministros socialistas- eran favorables a la prórroga, pero Economía se negó rotundamente. Hace unas semanas, la propia Calviño anunciaba la reimplantación de la medida, según fuentes de su ministerio a causa de las facilidades proporcionadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

La vicepresidenta tercera también se ha mostrado siempre muy reacia a dar las competencias a las comunidades para establecer una limitación del precio de los arrendamientos en zonas con un mercado desbocado, pese a que el pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos así lo recogía. El pasado octubre, ambas formaciones se comprometieron a incluir este mecanismo en la ley de vivienda que están negociando. Y, unos días después, Calviño insistía en sus reservas: "Los ciudadanos lo que quieren es que les expliquemos es que las cosas son complejas y no que les digamos que las cosas se resuelven fácilmente con una varita mágica", planteaba.

Acabar con los aspectos más lesivos de la reforma laboral será uno de los principales proyectos legislativos del Gobierno para este año. Y, aunque la pandemia no ha permitido avanzar en los trabajos para ello con rapidez, la derogación traerá una nueva batalla dentro del Ejecutivo. Calviño, de hecho, ya fue clarísima el pasado mayo, cuando PSOE y Podemos se comprometieron con EH Bildu derogar de forma "íntegra" la norma. "Es absurdo y contraproducente abrir el debate", criticó entonces a las claras la vicepresidenta económica.