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¿Quién debe financiar las campañas electorales en Colombia: El narcotráfico, los empresarios o el Estado?
Estamos tan acostumbrados a que la clase política haga trampas y busque la manera de quedarse con una tajada del erario público, que una primera mirada a la propuesta hecha por el ex presidente del Congreso de la República de Colombia, Hernán Andrade, sobre aumentar el valor de la reposición del voto hiede a corrupción, como lo han anotado ya varios opositores.
Pero vamos por partes. ¿Qué es la reposición de voto? Resulta que, un mes después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral les entrega a los partidos políticos un dinero por los votos que obtuvieron; para paliar un poco los gastos de sus campañas. Después, los partidos distribuyen el dinero entre los candidatos. El costo actual del voto, según informe de elespectador.com, es de 3.468 pesos y la propuesta del Senador Andrade pide elevarlo a 6.000. Por su parte, el gobierno dice que puede aceptar hasta 5.000.
Críticos de la propuesta, como el Senador Armando Benedetti, advierten que hay en ella una pretensión de legislar en beneficio del propio ponente, quien seguramente será candidato en las próximas elecciones. Y en la misma situación estarían los demás congresistas que votaran favorablemente el proyecto.
Lo correcto es que el Estado financie las campañas electorales exigiendo que estas no puedan gastar más de aquello que el estado entregue
Por otra parte hay una pregunta de fondo importante. ¿Qué tiene que hacer un candidato cuando no tiene el dinero necesario para llevar adelante su campaña? Algunos, como el recordado Godofredo Cínico Caspa, dirán que no tienen derecho a presentarse a elecciones. Pero rápidamente desecharemos su opinión, porque esta sería tanto como decir que sólo los ricos tienen derecho a ocupar cargos de elección popular; posición poco democrática. Otros dirán que los recursos deben obtenerse de aquellos que los poseen. Y esto es efectivamente lo que sucede en la realidad.
Ahora ¿Qué es lo que ha sucedido con la práctica de pedirle los recursos a aquellos que los poseen? En principio, vemos a los empresarios financiando campañas políticas, pero esto tiene un costo y es que los candidatos elegidos quedan con una deuda que deben pagar luego con acciones que beneficien a quienes los financiaron. La otra posibilidad es hacer alianzas con organizaciones criminales, como fue el caso de las elecciones anteriores, en las cuales el 30% de congresistas fueron elegidos gracias al apoyo de los grupos paramilitares; el vergonzoso caso de la parapolítica. Ambos son casos de corrupción en los que el perjudicado es siempre el pueblo colombiano.
¿Entonces qué hacer? Creo yo, como otros tantos, que lo correcto es que el Estado financie las campañas electorales exigiendo que estas no puedan gastar más de aquello que el estado entregue. Lastimosamente la paciencia de los lectores así como el espacio de este artículo no son suficientes para explicar esta propuesta ahora, que además debe pensarse y repensarse muy bien. No obstante quiero decir que el proyecto del Senador Andrade no es solución a ningún problema, más que a unas dificultades económicas de las campañas, pero el Congreso de la República sí debe pensar en una reforma estructural en la que se garantice la igualdad de posibilidades para ser elegido y que los elegidos no tengan deudas con nadie, para que puedan dedicarse a legislar y gobernar de acuerdo a los verdaderos y máximos intereses de la Patria, no a los intereses del narcotráfico o los empresarios, como efectivamente sucede en la actualidad.