Anif

El resurgimiento de la tensión financiera internacional durante 2011-2012 ha generado una paradoja regulatoria. De una parte, las autoridades saben que se requiere mayor nivel de capital tangible y "colchones" de liquidez (especialmente en las grandes entidades con riesgo de contagio sistémico). De otra parte, dichas autoridades también son conscientes de que un llamado a capitalizar y a elevar los coeficientes de liquidez, en medio de esta turbulencia financiera, podría acarrear mayores problemas a entidades frágiles (incluyendo, especialmente, a los bancos alemanes, franceses y españoles, altamente expuestos a la deuda de la periferia).

Entretanto, la excusa "académica" para no apretar el marco regulatorio es que las nuevas reglas de Basilea III todavía se están perfeccionando. De hecho, actualmente se trabaja en el proceso de entrar a discriminar el tipo de bancos, a nivel de países y regiones. Persisten puntos de discrepancia, especialmente en lo relativo a elevar los niveles de solvencia en el Reino Unido y en Suecia (más allá del 8% sugerido por Basilea) y en la definición de activos ponderados por riesgo. Sí parece existir relativo consenso sobre la importancia de elevar los requerimientos de capital regulatorio, pasando del 4% al 7% en el caso del llamado tier 1, pero excluyendo algunos tipos de activos.

La mayor discusión se ha focalizado en los "colchones" o contribuciones preventivas de capital, especialmente para las instituciones financieras sistémicamente importantes (IFSIs). En todo caso, el Comité de Basilea optó, en junio de 2011, por exigir capital adicional por 1%-2.5% para este tipo de entidades, pero todavía resta por definir el espectro de dichas IFSIs. Adicionalmente, este tipo de instituciones tendrán requerimientos de liquidez más estrictos, buscando que sus fuentes de fondeo sean más estables, evitando repetir los problemas de 2007-2008.

Estas medidas deben poder aplicarse de manera uniforme a nivel global, para evitar problemas de arbitraje regulatorio de tipo geográfico. Bancos de Asia y Europa están cabildeando para evitar ser clasificados como IFSIs, argumentando que el grueso de sus servicios está concentrado en mercados locales o que sus líneas de negocio están enfocadas únicamente hacia la banca comercial y no a operaciones derivadas.

Un problema grave que resulta de esto es que, quienes se ganen la clasificación como IFSIs, serán considerados "contrapartes preferenciales", en detrimento de otras instituciones financieras. Ello les asegurará financiación estable y a costo más bajo. Otro frente de posibles asimetrías geográficas tiene que ver con la regulación referida a las compensaciones de los ejecutivos, cuya regulación actualmente es más severa en Europa que en Estados Unidos.

Otro elemento contencioso tiene que ver con la gestión de los derivados de crédito. Estados Unidos aprobó la Ley Dodd-Frank en 2010, la cual exige liquidar y compensar este tipo de instrumentos a través de cámaras de contrapartida central. Europa está siguiendo un camino similar, pero de forma muy lenta. Esto ha desencadenado una migración de este tipo de operaciones de Estados Unidos hacia Europa, particularmente hacia el Reino Unido. Así, las tareas de coordinación regulatoria todavía están en un proceso más bien lento.

En síntesis, la consolidación del acuerdo de Basilea debe pasar por dos filtros para que tenga éxito en disuadir una futura crisis: i) las reglas deben ser similares a nivel geográfico para evitar el arbitraje regulatorio; y ii) debe aprenderse la lección de contar con más capital tangible y con mayores niveles de capital si se quiere evitar repetir contagios financieros globales como los experimentados durante 2008-2009.