Con base en resoluciones presuntamente irregulares, jueces de la República han decretado el embargo de recursos del Fondo de Prestaciones del Magisterio FOMAG, que a la fecha suman $457.000 millones que frenan el pago de la mesada pensional a más de 130.000 maestros de todo el país.

Las demandas cursan en juzgados del departamento de Córdoba en los municipios de Planeta Rica, Chinú y Lorica, de acuerdo con la información que se tiene a la fecha.

El Gobierno, los entes de control y la Fiscalía durante más de seis meses han adelantado actuaciones tendientes a evitar que estos recursos se pierdan a través de resoluciones que presuntamente no cumplen con los requisitos legales, lo que daría lugar a la pérdida de millonarias sumas que terminarían pagando los colombianos.

En 857 resoluciones se han identificado circunstancias irregulares, como el reconocimiento y reajuste de pensiones a docentes que no pertenecen al régimen previsto en la Ley 33 de 1985, de otros que no son docentes y de muchos que ya tienen una pensión reconocida. Estas resoluciones tampoco cuentan con el visto bueno previo deLa Fiduciaria La Previsora, administradora del FOMAG, requisito sin el cual no se pueden autorizar los pagos.

Gracias al trabajo conjunto de las entidades indicadas, el Juzgado 20 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá decretó el pasado viernes suspender los efectos jurídicos de las decisiones mediante las cuales el Juez Promiscuo del Circuito de Planeta Rica embargó recursos por valor de $141.868.914.890 e igualmente ordenó no poner a disposición de dicho juzgado los valores antes indicados.

En relación con la actuación de los jueces, el Consejo Superior de la Judicatura, con base en las facultades otorgadas por el Estatuto Anticorrupción, ordenará que estos procesos se reasignen a jueces en Bogotá e iniciará los procesos disciplinarios que correspondan.

La Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura acordaron trabajar conjuntamente en estas investigaciones.

Como se recordará Colombia ya ha sufrido desfalcos relacionados con los recursos de las pensiones como en el caso de Foncolpuertos, en el cual se perdieron cuantiosos recursos que los colombianos debieron asumir.

El Gobierno está comprometido con todas las autoridades para fortalecer la defensa jurídica del Estado y proteger los recursos públicos.