La Seguridad Pública es un servicio que todos los Estados deben garantizar a sus sociedades, cumpliendo con los más altos estándares de calidad en eficiencia y eficacia. El mismo debe resguardar a todas las personas que se encuentren dentro del territorio o su jurisdicción y aquí debemos enfatizar que el resguardo es evitando a toda costa, incurrir en acciones enmarcadas en cualquier forma de discriminación.

Y es que, abordando el tema, hablamos de salvaguardar la vida, honra,  los bienes y demás garantías y libertades de las personas, consagradas en la Constitución o carta magna del país donde nos encontremos por razón de la universalización de estos derechos, los cuales, cada uno y/o en su conjunto se presentan como suficientes razones, para requerir colectivamente la verdadera efectividad en el cumplimiento del servicio de seguridad pública, que a su vez es pagado por todos los contribuyentes y que implícitamente tiene el deber de controlar el costo social del crimen.

Podemos dar el ejemplo de Latinoamérica que en los últimos años este costo ha estado por el orden del 3.5% del PIB, sin embargo, en todo sentido tiende a aumentar al igual que en otras regiones del mundo. He aquí la importancia del compromiso que deben tener los gobiernos para que, en consecuencia, de sus garantías en materia de seguridad pública, se puedan generar condiciones necesarias para la convivencia pacífica y el desarrollo humano individual y colectivo de la sociedad.

El servicio de Seguridad Pública del cual todos los ciudadanos necesitamos seguir manteniendo beligerancia, debe estar sujeto a la evaluación de sus niveles de productividad (Costo-Beneficio), factor de repercusión social en el que, si se propone el enfoque adecuado, buscaría permanentemente la correlatividad en orden descendente, de los índices delincuenciales, mes a mes, semestre a semestre y año tras año, precisamente, porque este germen social, está directamente relacionado con la violación del pleno goce de nuestros derechos y garantías constitucionales, esto último, interpretado como Inseguridad Pública.

Importancia de los indicadores y análisis de resultados de delitos de alto impacto.  

Esta realidad mundial conmina a las sociedades, sobre todo a las organizadas a estar pendientes de los mejores resultados en materia de seguridad y a colaborar con los estrategas para que continúen proyectando metas de disminución de los delitos de mayor impacto como lo son, los homicidios, violencia de género, secuestros, hurtos agravados, lesiones personales, robo con armas de fuego entre otros, no obstante y siendo optimistas en aspirar a la disminución de estos delitos, los cuales reconocemos como los más graves en cuanto a violencia se refiere, también, es oportuno señalar que durante la presente crisis por la pandemia del COVID-19 se han incrementado los delitos de violencia doméstica en casi todas las regiones del mundo.

Este delito que ya iba en aumento previo a la crisis, posiblemente, las medidas adoptadas de cuarentena total y reducción de la movilidad en donde se propició un mayor convivio familiar con sus cargas de problemas y frustraciones sociales, sumado a la pérdida de tolerancia en la convivencia, pueden haber ocasionado que se consolidara, en tanto, en este espacio del departamento de comunicación global de Naciones Unidas podemos ampliar los conocimientos sobre este tema.

La planificación, ejecución y evaluación de los programas de prevención que se desarrollen, deben ser dirigidos de forma integral hacia el espectro delincuencial

En torno a lo anterior, es prudente distinguir que no solo en la disminución de los casos de homicidios, por ejemplo, aumenta la percepción de seguridad, sino en la reducción grupal de violaciones a los derechos de las personas, es decir, en la merma de delitos y faltas administrativas en general es donde verdaderamente se empieza a percibir un ambiente de Seguridad.

La seguridad pública es un determinante social de la salud.

Analizando la situación actual, es prioritario ampliar nuestras expectativas, tanto de recibir, como de contribuir con un mejor servicio de seguridad pública, el cual, también se convierte en un determinante social de la salud pública. Reflexionemos en que cada vez que se suscita un incidente de violencia se genera una atención médica, además, en situaciones de epidemia o de la presente pandemia, vemos en el accionar de los funcionarios de la salud, de los servicios policiales, militares y demás instituciones de protección y seguridad, como se constituyen en los trabajadores de primera línea, exponiéndose a las mayores condiciones de riesgo, de modo tal, que estos servicios de seguridad y salud pública coexisten en estrecha coordinación en beneficio de las sociedades.

Los ciudadanos como mínimo, debemos acatar las normas de prevención y ser conscientes de todo lo que implica un trabajo de alto riesgo y los sacrificios que realizan estos servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. Pulse en la Primera Conferencia de Salud Pública de Panamá donde hace unos años hablábamos algo de este tema.

Concluyendo la opinión, considero que el interés común para afrontar con civismo la situación actual, nos envía un claro mensaje a los ciudadanos de todo el mundo a asumir nuestros roles de corresponsabilidad social en el tema. Disminuyendo niveles de criminalidad se puede atraer la inversión vital para la reactivación económica que crearía fuentes de empleo de calidad, promoviendo de esta forma el desarrollo socioeconómico y haciéndolo sostenible.

Los gobiernos en función de operadores del Estado, son responsables por la gestión del incremento de la deuda y gasto público, por la administración del presupuesto e inversión de los fondos, buscando la capacidad de fortalecer y mejorar el sistema de salud y seguridad pública como analógicamente lo haría un buen padre de familia.

La planificación, ejecución y evaluación de los programas de prevención que se desarrollen, deben ser dirigidos de forma integral hacia el espectro delincuencial y no solamente hacia un tipo de delito en particular como el homicidio, debido a que la percepción objetiva y subjetiva de la sociedad puede detectar niveles favorables de seguridad en la medida en que las políticas públicas y estrategias llevadas a cabo, puedan lograr el combate al crimen en todos sus frentes, de lo contrario, se convertirían en remiendos cosméticos con el agravante de que seguiría acrecentándose el problema de la Inseguridad Pública.

Durante la presente crisis por la pandemia del COVID-19 se han incrementado los delitos de violencia doméstica en casi todas las regiones del mundo