El ex ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, contra quien se inició una investigación administrativa por parte de la Procuraduría, trata de desorientar a la opinión. El adagio popular señala que en "Río revuelto, ganancia de pescadores". Lo último que dijo a los medios de comunicación sobre el peor escándalo de corrupción en la historia del país, conocido como AIS, Agro Ingreso Seguro, donde está untado hasta el cuello, era "Ese es un contrasentido y ya se demostró que fue una de las mentiras de ciertos sectores de la oposición". Como si tuviera un cargo de conciencia recorre todo el país diciendo que "AIS no era un programa para pagar favores políticos". Habla de que se trata de un contrasentido, pero no dice porqué es así. La Fiscalía, Procuraduría y la Contraloría por el contrario, han encontrado mucho sentido a las afirmaciones y debates de la oposición y los medios de comunicación, particularmente la revista Semana.

La Procuraduría les abrió investigación disciplinaria al ex ministro Andrés Felipe Arias y al ministro de Agricultura actual Andrés Fernández por concepto de Agro Ingreso Seguro. "La investigación también afecta a Fernando Arbeláez, ex viceministro de Agricultura y a Juan Camilo Salazar Rueda, actual viceministro, a Camila Reyes y a Mario Andrés Soto, funcionarios del Ministerio". Hay que tener en cuenta que el Procurador está en el cargo gracias a una terna que elaboró el presidente Álvaro Uribe y de la que lo escogieron los congresistas uribistas. No se trata de nadie de la oposición, es de la misma ultraderecha colombiana. La Fiscalía, independiente de la anterior, abrió otra indagación preliminar, esta de carácter penal, contra 41 beneficiarios y más de 40 funcionarios y funcionarios. Entre los beneficiados, familias acaudaladas, en especial de la Costa Caribe, ya se sabe que recibieron cuantiosos recursos y hasta una reina de belleza sin propiedad alguna también. Al Contralor General de la nación, la cosa no le huele bien como pretende asegurar Arias, por otro camino busca llegar a la verdad y ha señalado que hay suficientes meritos para ello. Aquí se habla de posible daño fiscal.

Según el Ministerio Público, “los funcionarios pudieron incurrir en irregularidades al hacer los estudios para la asignación de recursos del Estado, en la celebración de convenios de cooperación, en los gastos de administración y por posibles falencias en el monitoreo y control durante la ejecución de este programa”. Poco a poco se va lejos. El Fiscal General precisó que, "Los indicios son suficientes para pensar que sí hubo irregularidades en la forma como algunas personas tramitaron el acceso a los beneficios del programa. Advirtió que “si se encontraban evidencias suficientes sobre la consumación de posibles delitos, en la actuación de las personas que accedieron a los beneficios del programa”. La fiscalía ha sometido a interrogatorio a 87 ciudadanos entre funcionarios públicos, contratistas y beneficiarios. Los involucrados en las investigaciones oficiales y las de prensa, son personajes, todos, con un denominador común: "empresarios e influyentes familias que aportaron dineros a la reelección del presidente Uribe". Las anomalías que vislumbran hasta el momento "acontecieron en las barbas de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y del IICA, sin que nadie demostrara oposición alguna naturaleza”. El candidato a la presidencia de la república por el partido conservador, si el presidente Uribe le da permiso y quien ha recibido críticas de su partido, está muy distante de las autoridades de control y vigilancia.

Los indicios son suficientes para pensar que sí hubo irregularidades en la forma como algunas personas tramitaron documentos

La fiscalía tiene el ojo puesto en "Tres millonarios convenios firmados por el entonces ministro Andrés Felipe, entre 2007 y 2009, los que podrían ser génesis de todo el escándalo. Parece que los funcionarios sabían que las cosas estaban mal, que algo raro sucedía pero se hacían los “pendejos” y no decían nada. Las órdenes venían de muy arriba. "Según el objetivo del programa los dineros debían ser para el estímulo a la producción agrícola, pero evolucionó para estimular la reelección de Uribe". Según la ley, los dineros serían "para paliar el impacto del TLC con Estados Unidos, tratado que no ha entrado en vigencia, no existe en la práctica, está trancado en el congreso de Estados Unidos, motivo por el cual no puede haber impacto por su cuente en la economía agropecuaria". Eso no es calumnia de la oposición. Eso es un golpe sucio al erario. Al ver que las cosas ya no se podían tapar, Uribe salio a la palestra y dio órdenes perentorias: “suspender el programa y usar todos los medios posibles, para presionar la devolución del dinero entregado gratuitamente”, pero le han mamado gallo a Uribe. No ha regresado ni un solo peso.

El Ministro de Agricultura cree, estúpidamente, que “un día de estos vienen y devuelven el dinero, pero de lo que si es seguro es que los beneficiarios ya los invirtieron en sus negocios porque fue el pago sus favores políticos para la reelección de Uribe, no lo devolverán. Presionarlos es conseguir que se estallen por otro lado y cuenten lo que el Ex ministro Arias trata de seguir escondiendo al pretender tapar el sol con un dedo.