Alrededor de medio centenar de personas presuntamente torturadas en el pasado por Guardia Civil, Policía Nacional o Ertzaintza han solicitado el "reconocimiento político del uso sistemático de la tortura". Esa práctica persistente "parece estar en el ADN de algunos responsables políticos".

"Esa táctica que se ha silenciado durante décadas, tenía como objetivo político sembrar el pánico y arrancar información y autoinculpaciones de los detenidos".

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Anabel Prieto y Koldo Rodríguez han manifestado que desde 1970 hasta hoy "cientos de bilbaínos" han sido "víctimas de una tortura" que han calificado de "contínua contra la izquierda independentista".

Tras describir los métodos a los que habrían sido sometidos en esos "horrorosos días con total impunidad", han subrayado que "en este pueblo la incomunicación tiene la cara de la tortura".

Los convocantes al acto, entre los que estaba el histórico dirigente de la izquierda abertzale Tasio Erkizia, se han referido al reciente estudio del Gobierno Vasco que cifra en alrededor de 4.000 los casos de tortura habidos sólo desde 1960.

"Un informe que en cualquier democracia levantaría polvareda, pero aquí no pasa nada. Aunque sean miles lo afectados y los que sin tomar parte en la investigación hemos sido testigos de esa realidad", declaran.

Por supuesto- han denunciado- que algunos representantes políticos quieren "imponer otra versión" para ocultar esta realidad. "Esos partidos que han gestionado los Ministerios y las Consejerías de Interior  miraron antes hacia otro lado y no hacia las comisarías, y ahora hacen lo mismo".

"Exigimos la garantía de la desaparición de la tortura. Debe terminar la incomunicación y la Audiencia Nacional y dejar en suspenso los sumarios edificados sobre declaraciones así arrancadas", han añadido.

La condena por vulnerar el artículo 3 relativo a la prohibición de la tortura conlleva una indemnización de 23.500 euros. La Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional rechazaron sus recursos, mientras que la Audiencia Provincial de Navarra dijo que la gravedad de los presuntos delitos "merecía una investigación profunda".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó en Estrasburgo a España por no investigar las torturas denunciadas por el presunto miembro de EKIN, organización que formaba parte de ETA, Xabier Beortegi Martínez (Pamplona, 1980) durante sus cuatro días de detención en 2011.La condena por vulnerar el artículo 3 (Prohibición de la tortura) en lo que concierne a la investigación conlleva una indemnización de 20.000 euros por daños morales y 3.500 por gastos y honorarios. El Tribunal de Estrasburgo afirma que no tiene "elementos suficientes" para examinar los supuestos malos tratos que el demandante aseguró haber sufrido durante su arresto en Pamplona la noche del 17 al 18 de enero de 2011 y la detención incomunicada en la Dirección general de la Guardia Civil, en Madrid.  La Corte europea dice que "si existen motivos razonables para creer que hubo malos tratos, incumbe a las autoridades competentes del estado iniciar una investigación imparcial de oficio y sin demora". En su demanda, Beortegi aseguró que, durante el trayecto de Pamplona a Madrid, fue golpeado en la cabeza, testículos y costillas por los cuatro agentes que le acompañaban.Ya en Madrid, dijo haber sufrido "sesiones de asfixia, tocamientos, amenazas de ponerle electrodos en el cuerpo y de introducir un palo por el ano". La Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional rechazaron sus recursos, mientras que la Audiencia Provincial de Navarra dijo que la gravedad de los presuntos delitos "merecía una investigación profunda". Como indican los informes del Comité para la Prevención de la Tortura y del comisario de Derechos Humanos, el TEDH dice en el fallo que las autoridades "deben establecer un código de conducta claro sobre el procedimiento a seguir en los interrogatorios". España ya fue condenada por hechos similares en los casos de Jon Patxi Arratibel Garciandia (2015), Beatriz Etxeberría Caballero y Oihan Unai Ataun Rojo (2014), Martxelo Otamendi Egiguren (2012), Aritz Beristain Ukar (2011) y Mikel San Argimiro Isasa (2010).

El sistema de tortura no se detuvo ni tan siquiera en la Transición

Con el veto de Mariano Rajoy al reconocimiento de las víctimas de la ultraderecha y las torturas policiales, más de 4.000 personas quedarán en el olvido solo en Euskadi y Navarra. Estas cifras de la Fundación Euskal Memoria, relatan los abusos por parte de cuerpos de policía llevados a cabo desde 1960 y, fundamentalmente, en plena transición, en las décadas de los 70 y 80.

Los nombres y las historias detrás de cada número se han recogido de forma meticulosa por parte de la Fundación Euskal Memoria. En su tratamiento han participado historiadores y expertos en la materia, que han incluido cada caso en base a la legislación internacional vigente, apoyada por la ONU y por la que “cualquier agresión de carácter físico o psicológico bajo custodia de un mando policial se considerada una tortura”.

Los años 80 fueron los más sangrientos según los testimonios recogidos. Esta década concentra una cuarta parte de los casos de tortura que hasta ahora se conocen. El año 1980 fue el peor, con 284 casos de torturas policiales conocidas. A pesar de que en este momento cuentan con unos 5.000 casos verificados desde 1960, las estimaciones que manejan investigadores del tema “aproximan los datos hasta los 19.000 torturados” por parte de los cuerpos policiales (Policía Nacional, Guardia Civil y Brigada Político Social, principalmente), afirman desde la Fundación Euskal Memoria.

Entre los casos más graves no contabilizados se encuentran aquellos de los que se tiene conocimiento por charlas previas pero que “no quieren volver a vivir una pesadilla” relatándolo para estos estudios e informes. En este sentido los miembros de la fundación recuerdan relatos de “mujeres detenidas que, además de ser torturadas, fueron violadas” mientras se encontraban en dependencias policiales. Afirman, “son momentos que no desean recordar y, a pesar de conocer su existencia, no se incluyen en estos archivos”. Y hay otros casos que conocen todos u mucos temen incluso mencionar.

Joseba Arregui, fallecido en la Dirección General de Seguridad, donde fue torturado, el 13 de febrero de 1981 / Fundación Euskal Memoria.

Los testimonios que faltan por recoger para completar este macabro mapa pertenecen “a gentes que aún no han hablado, otras personas que prefieren no hablar y otros muchos que han fallecido antes de poder relatar sus sufrimientos”, explican desde la entidad. También existen los casos “de gente que no considera tortura ser golpeado con una vara mientras te están interrogando” y por tanto declinan aportar su testimonio. Destacan el caso de un “joven detenido que consideró que recibir golpes no era una tortura, ya que después lo llevaron al cuarto de socorro”. En la fundación atribuyen este tipo de negación a “la desprotección que  sienten, y  el proceso sufrido no les deja que su cabeza lo asuma”.

Fragmento de la carta redactada por compañeros de prisión de Arregi. /  Fundación Euskal Memoria ha recogido un testimonio escrito por los amigos de Joseba Arregui.

La conmemoración de este “Día contra la Tortura en Euskal Herria” parte del 13 de febrero de 1981, cuando Joseba Arregi murió en la Dirección General de Seguridad. Un informe forense posterior reconoció que Arregi, acusado de ser miembro de ETA, había sufrido torturas durante su estancia en este lugar. El informe recogía la existencia de “hematomas y erosiones” en la piel recientes, además de “quemaduras”.

El maltrato sufrido por Arregi en instancias policiales fue corroborado por tres presos del penal de Carabanchel a través de una carta publicada en un diario vasco pocos días después del fallecimiento del preso. El manuscrito, realizado por Iñaki Aguirre, miembro de ETA, José Luis Fernández, de los GRAPO, y Luis Alonso Rivero, del Partido Comunista de España Reconstituido (PCEr), ve la luz ahora, 35 años después de  redactado, un documento para aportar datos sobre la brutal muerte de Arregi: «Al verle los párpados totalmente amoratados y un gran derrame en el ojo derecho, así como las manos hinchadas, le preguntamos el tipo de tortura que había sufrido y respondió: “Oso latza izan da” (ha sido muy duro). Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; y los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes”». El castigo para los policías implicados: cuatro meses de arresto y dos años de suspensión para dos agentes.

Estas víctimas contaban desde el pasado 10 de abril con el reconocimiento y el amparo de la Ley  de reconocimiento y reparación de las víctimas de la ultraderecha y la violencia policial Navarra. Esta legislación pretendía que las víctimas de la acción violenta de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos sean reconocidas como tales y, por tanto, se beneficien de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral. La citada Ley sufrió la paralización a través de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Rajoy el pasado enero. Mientras, el Ejecutivo de la Comunidad Foral defiende su puesta en marcha en el ámbito estatal y pide el levantamiento de la suspensión por parte del gobierno central.

Con motivo del “Día contra la Tortura en Euskal Herria”, celebrado el pasado 13 de febrero, se programaron varios actos en Pamplona, entre los que destacó la experiencia de Paco Etxeberria, antropólogo forense, que resumió los resultados de un estudio paralelo realizado para el Gobierno del País Vasco que “cifra en más de 5.000 los casos de torturas” solo en esta región. Etxeberria recalcó especialmente los casos ocurridos ya en periodo democrático. “El sistema de torturas ha funcionado sin diferencia en el tránsito de la dictadura a la democracia. Quienes dieron palos en los años 70 también lo hicieron en los 80”, sentenció el antropólogo.

El de Arregi es solo uno de los tantos testimonios ya conocidos que se unen a represiones atroces por parte de mandos policiales. Las investigaciones y reconocimientos a las víctimas de torturas y de los excesos policiales van floreciendo en estos últimos años. Mikel Zabalza fue detenido en San Sebastián y llevado a comisaría el 25 de noviembre de 1985; desde ese momento se perdió el rastro del joven, hasta que 20 días después de su detención se halló su cuerpo sin vida flotando en el río Bidasoa. El documental que recoge las investigaciones sobre la muerte de Zabalza, “Galdutako Objektuak” (Objetos perdidos), toma el nombre de la respuesta que recibió la madre del joven, Garbiñe Garate, al preguntar por él en la comisaría de Intxaurrondo: “Si su hijo se ha perdido, será mejor que lo busque en objetos perdidos”. Este trabajo pretende arrojar luz sobre este caso, tras archivarse la investigación de la muerte del joven por falta de pruebas.