La Contraloría General de la República, frente a la tragedia ocurrida en la ciudad de Fundación en el departamento del Magdalena, llamó la atención del Gobierno por cuanto a pesar que desde el año 2010 había puesto en evidencia ante las diferentes autoridades competentes graves y reiterados incumplimientos y debilidades en materia de seguridad vial, no se le prestó atención.

Es aquí donde cobra mayor rigor la tesis de que la Ministra del Transporte y el Director de la Policía Nacional de Tránsito debieran ser vinculados administrativa, disciplinaria y penalmente a la investigación por la muerte de los 33 niños y no solo el propietario de la buseta, el conductor y quien la contrató.

Para el órgano de control "lo acontecido en este caso fue un cúmulo de las falencias en esta materia que la Contraloría ya había comunicado y sobre lo cual continúa haciendo un seguimiento; resaltando que a la fecha persisten las debilidades en inspección, vigilancia y control que permiten que se repitan estas tragedias".

Los documentos emitidos por la Contraloría, publicados en la página oficial, informan y conceptúan sobre la serie de debilidades y deficiencias asociadas a la Seguridad Vial que en materia institucional, comportamiento humano, vehículos, infraestructura y atención a víctimas.

La Contraloría General de la República ha comunicado en diferentes oportunidades, en los informes sectoriales e intersectoriales en temas de seguridad vial de los años 2010, 2011, 2013 y 2014. En la presente tragedia vemos que se acumulan causas prevenibles que afectan la seguridad vial, las cuales vienen siendo alertadas por el ente de control:

- Debilidades e inestabilidad en el marco jurídico (normativo y reglamentario) y en su aplicación en el del transporte público.

- No existen adecuados controles y sanciones asociadas a los prestadores de servicios de transporte y a los ciudadanos.

- Licencias de Conducción[4] y riesgo de los conductores sin licencia, esta última conducta se encuentra dentro de las 20 infracciones más comunes en los colombianos registrada por el Sistema de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

- Irregularidades en el Registro Único Nacional de Tránsito ? RUNT [5]? El RUNT se le otorgó, a través de contrato de concesión, a particulares que de acuerdo con los informes de la Contraloría, no habían cumplido con las inversiones necesarias que permitieran garantizar un adecuado seguimiento a las Licencias de conducción y a los registros de automotores en general.

- Presuntas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de Prevención Vial y efectividad de las campañas.

Parte de los recursos del Sistema del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ? SOAT- destinados al Fondo de Prevención Vial (creado por ley 100 de 1993[7]) fueron ejecutados a través de una entidad privada ? la Corporación Fondo de Prevención Vial ? creada por las aseguradores operadores del ramo de este seguro. Se encontraron presuntas desviaciones en el uso de recursos de naturaleza pública que la ley 100 le daba.. La Contraloría lleva procesos por cerca de 18.000 millones de pesos por los hallazgos fiscales identificados. La Contraloría encontró que de los recursos destinados a las campañas de prevención vial se tenían inversiones en el sistema financiero por más de 45.000 millones de pesos generando rendimientos y no cumpliendo la importante misión, esta suma es más del presupuesto de un año paralizado sin cumplir su objetivo.

- Debilidades en las Autoridades de Tránsito a nivel territorial y falta de articulación con las autoridades nacionales.

- Hallazgo sobre los recursos por más de 1.6 billones de pesos para medidas de seguridad vial provenientes del SOAT que no estaban cumpliendo su función y que se encontraban invertidos en el sector financiero en TES y CDTS.

- Debilidades en el régimen sancionatorio de la Superintendencia de Puertos y Transportes.

- En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se tenía proyectado la puesta en marcha de un Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte el cual, por razones de falta de planeación, se encuentra asignado a un convenio que su ejecución ? sólo de la consultoría con Colciencias ? se tiene proyectado termine en Agosto de 2015. Este centro de acuerdo con la Ley del PND debe ser operado en coordinación de la DITRA y la Superintendencia de Puertos y Transportes.

- Sobre los temas de seguridad en los vehículos, planteado en la Res 1382 de 2012 del Ministerio de Transporte, Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016 se proyectaron medidas sobre los vehículos seguros que a la fecha ninguna se ha implementado.

Por último teniendo los recursos para seguridad vial sin ejecutar se decidió retirar 800.000 millones de pesos como préstamo el cual fue aplicado a gastos del Ministerio de Salud y Protección Social,

Se resalta que este seguimiento a la Política Pública de Seguridad Vial fue realizado, en ejecución de las funciones de apoyo técnico al Congreso de la República que tiene la Contraloría General de la República, por solicitud de la Comisión no permanente de seguridad vial del Senado de la República, esta última liderada por el senador Plinio Olano.

Como lo ha reflejado la Contraloría General de la República las consecuencias asociadas a la inseguridad vial constituyen la segunda causa de muerte violenta en el país y es una de las principales causas de muerte en los niños y jóvenes; en el último año cobró la vida de más de 6.100 personas y más de 40.000 heridos, afectando miles de familias en todo el territorio colombiano. Por lo anterior, la Contraloría General de la República nuevamente hace un llamado urgente al Gobierno Nacional frente al tratamiento y la toma de medidas oportunas, efectivas y eficientes en seguridad vial de manera articulada e interinstitucional para garantizar los derechos ciudadanos

fuente HOY DIARIO MAGDALENA