Cuando parecía que el caso estaba cerrado en instancias nacionales, el magistrado César Palomino Cortés emitió un documento en el que se comunica al afectado que la suspensión de la destitución, proferida el 23 de enero, continúa vigente hasta que no se le notifique legalmente sobre la revocatoria de la misma.

Del mismo modo, solicita que el Secretario General del Consejo de Estado informe al despacho del tribunal, donde se radicaron las primeras tutelas dirigidas a suspender la sanción de la Procuraduría, sobre la resolución de la impugnación interpuesta. Acto seguido, pide a la Presidencia de la República y al ministerio público que informen si fueron notificados sobre la resolución.

El abogado Luis Eduardo Parra, miembro del equipo de defensa del destituido alcalde, confirmó a Canal Capital que Gustavo Petro es aún el alcalde de Bogotá pues "los efectos jurídicos de la tutela del 23 de enero, proferida por el magistrado César Palomino, continúan vigentes".

En función de esto, los actos consecuentes que determinaron la destitución, como el decreto presidencial,  carecen de legalidad. Parra añade que se debía "notificar legalmente al (entonces) alcalde del fallo que profirió el Consejo de Estado", tal como señalaba el comunicado de prensa que leyó la presidenta de esa institución, María Claudia Rojas.

En adelante, para legalizar el proceso, Parra afirma que el presidente Santos debería "proferir otro decreto, dejando sin efectos el que destituyó al alcalde. Esperar a que se notifique jurídicamente a las partes (en este caso a Petro y la Procuraduría) y proceder al acto que corresponde de acuerdo con el Consejo de Estado".

Foto: Twitter @ParraLuisE, abogado de Gustavo Petro.

Ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el abogado Jorge Molano denunció al presidente Juan Manuel Santos por el presunto delito de prevaricato al no acatar las medidas cautelares que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de Gustavo Petro en su calidad de Alcalde Mayor de Bogotá.

En el documento conocido por Colprensa, el abogado solicita a la Comisión que se investigue la conducta del Mandatario quien dejó en firme la destitución e inhabilidad por 15 años contra el ex burgomaestre Distrital.  

Para el abogado, dicha decisión sería "contraria a la Constitución, el Derecho Internacional y la ley, dado que ha generado una ruptura de dicho ordenamiento jurídico, al ponerse en rebeldía y desacatar arbitrariamente la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)". 

En el documento de 15 páginas se explican las razones por las cuales el Mandatario de los colombianos sería el responsable del delito. "Decisión implica un claro y directo desconocimiento de la Resolución de la CIDH, por medio de la cual se solicitó la adopción de medidas cautelares, situación que implica un evidente y notorio desconocimiento y desacato a la Cidh, con lo cual el Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado y de Gobierno, y de manera autónoma y a sabiendas de las implicaciones, ha decidido entrar en rebeldía con el carácter vinculante y de incorporación automática de las medidas". 

En ese sentido, la denuncia penal señala que es deber de los Estados realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de la Cidh, teniendo en cuenta que se trata de un organismo que promueve los derechos humanos y po lo que hace parte de la Organización de Estados Americanos -OEA-. 

"La naturaleza jurídica de las medidas cautelares sigue siendo la misma, es decir, se trata de un acto jurídico adoptado por un organismo internacional de protección de los derechos fundamentales mediante el cual se conmina al Estado demandado para que adopte, en el menor tiempo posible, todas las medidas necesarias, de orden administrativo o judicial, a fin de que cese una amenaza que se cierne sobre un derecho humano determinado", dice el documento al citar la sentencia T-558 de 2003, de la Corte Constitucional. 

En la tarde de este jueves, el abogado Evaristo Rodríguez,   presentó una tutela en contra de la decisión del presidente Juan Manuel Santos, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca argumentando que en este caso se había desconocido la constitución política al tomar dicha decisión.