La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia proferida por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, que en el 2005 había condenado a Ecopetrol a pagar $541.833, 6 millones que reclamaban un grupo de pensionados y ex trabajadores asociados en el fondo Foncoeco, por concepto de participación en las utilidades de la Empresa entre 1962 y 1997.

En su lugar, la sentencia de segunda instancia, notificada a las partes mediante Edicto del 29 de junio de 2011, ordenó a la Empresa pagar a Foncoeco únicamente la suma de $6, 6 millones.

El Tribunal aceptó en su sentencia la posición jurídica sostenida por Ecopetrol desde cuando presentó su rendición de cuentas, según la cual éstas debían versar sobre los saldos no distribuidos de utilidades autorizadas por la Junta Directiva hasta 1975, monto que ascendía a $3, 2 millones y que, traído a valor presente por el Tribunal desde diciembre de 1998, equivale a $6, 6 millones.

Adicionalmente, el Tribunal le ordenó al demandante (Foncoeco) pagar las costas de las dos instancias del proceso.

Historia

El caso Foncoeco, como se le conoce al pleito, se remonta a 1962. Entre ese año y hasta 1975, la junta directiva de la petrolera concedió a sus trabajadores, de manera discrecional, una participación en sus utilidades. En ese periodo se apropiaron $55, 8 millones que produjeron $24, 2 millones en rendimientos.

Hechas las liquidaciones y pagos respectivos a los trabajadores de la época, quedó en poder de Ecopetrol un saldo de $3, 2 millones. A partir de 1975 cesaron las apropiaciones para distribuir, pues legalmente la compañía quedó impedida para hacerlo.

Pero en 1997, dos décadas después de que se suspendieran los aportes, 28 ex trabajadores crearon el Fondo Cooperativo Multiactivo de Participación de Utilidades de los Ex trabajadores y Trabajadores de Ecopetrol (Foncoeco), registrado ante la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, cuyo fin era ser reconocidos por Ecopetrol y reclamar los recursos.

El Fondo reclamaba entonces no solo el saldo restante sino que demandó que se debían incluir las ganancias con sus respectivos rendimientos hasta 1997.

A lo largo de estos años Foncoeco realizó una campaña dirigida aumentar su base de afiliados (al menos 28.000), a los que les solicita un aporte económico con la promesa de que cuando se produjera el fallo el monto de recursos adeudado se iba a distribuir entre todos sus socios.

Incluso, el Fondo tiene una página web en Internet en la cual le da la bienvenida a los nuevos afiliados, los invita a seguir el procedimiento para inscribirse y les pide adjuntar la copia de la consignación que por $22.000 debe hacerse en los bancos autorizados por ellos.

A pesar de que inicialmente un juez negó las pretensiones de la demanda contra Ecopetrol para obtener una rendición de cuentas por la participación de utilidades decretadas por la junta, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión y ordenó a la empresa en el 2003, presentar las cuentas.

Luego de varias acciones judiciales que escalaron hasta la Corte Suprema de Justicia, Ecopetrol presentó cuentas por $3, 2 millones que fueron objetadas por Foncoeco que pidió un segundo peritaje en el 2005.

Este, ordenado por el Juez 23 Civil del circuito Bernardo Morales Casas, dio como resultado que Ecopetrol ya no debía pagar $3, 2 millones sino $541.833 millones por participación en un 3 por ciento en las utilidades. Esto lo convirtió en el mayor pleito contra Ecopetrol y uno de los más grandes del país.

El caso dio un nuevo giro el 21 de junio del 2010 cuando la Fiscalía General de la Nación llamó a una audiencia preliminar de imputación al juez Morales Casas.

La Fiscalía, a través de un oficio, hizo el llamamiento al Juez debido a que en el ente acusador existen sospechas de los delitos de prevaricato por acción, por omisión y la falsedad ideológica en documento público.

La audiencia de imputación fue programada para el 6 de julio de 2010 en el complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá, pero en su momento no se pudo completar la diligencia. En estos momentos está pendiente la realización de la llamada audiencia preparatoria la cual se efectuará el próximo14 de septiembre a las 9 de la mañana.

Para quienes han investigado el caso es muy extraño que el funcionario haya firmado la providencia de 40 páginas a las 5:45 pm del último día del calendario judicial (el 16 de diciembre de 2005) y que luego de ese último acto como Juez de la República, Morales se hubiese pensionado y abandonado el país.

Y también ha causado curiosidad que, por cuenta de este controvertido peritaje ordenado por el juez, un pleito de $3 millones terminó convirtiéndose en una escandalosa cifra de más de medio billón de pesos.

El temor era que una parte de las utilidades de Ecopetrol, de la que además de la Nación hoy son socios 370.000 colombianos, se fueran a los bolsillos de un pequeño grupo de ex trabajadores. Una decisión así, además de ir en contravía de la legislación colombiana, era impresentable en el nuevo escenario de una Ecopetrol democratizada y con claros criterios de Gobierno Corporativo.

Tranquilidad para los accionistas

Para poner punto final a 14 años de pleito, el 22 de junio de 2011 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia proferida por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá que ordenaba pagar la escandalosa suma de medio billón de pesos, la cual tenía en vilo a los accionistas de la Empresa.

El Tribunal aceptó en su sentencia la posición jurídica sostenida por Ecopetrol desde cuando presentó su rendición de cuentas, según la cual éstas debían versar sobre los saldos no distribuidos de utilidades autorizadas por la Junta Directiva hasta 1975, monto que ascendía a $3, 2 millones y que, traído a valor presente por el Tribunal desde diciembre de 1998, equivale a $6, 6 millones.