Al presidente Álvaro Uribe no se le puede prestar mucha atención, porque quien lo hace por fanatismo u obediencia ciega termina en la cárcel. Los ejemplos son muchos. Entre ellos están Yidis Medina quien creyó que porque era para el presidente se podía violar la ley impunemente (prevaricato). Más recientemente está el caso de los fanáticos “promotores” de la reelección quienes ya comenzaron a confesar sus crimines para lograr rebaja de pena. Todo por tener contento a Uribe. Funcionarios del Das hay más de una treintena quienes trabajaron personalmente para Uribe sin tener en cuenta las leyes y ahí están de cabeza en las diferentes cárceles del país. Más de una treintena de Representantes son objeto de investigaciones, etc. En las noticias de este lunes se advierte que, ”ante la Fiscalía General de la Nación será denunciado el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Carlos Barragán, por ordenar el traslado del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega a una guarnición militar y no a una cárcel”. Según el denunciante Cesar Rodríguez, familiar de uno de los desaparecidos del Palacio de Justicia, un cuartel no es una cárcel y la sentencia habla de enviar al coronel a una cárcel. Es la puesta en práctica de la habilidad que tienen los funcionarios del gobierno de Uribe, por orden suya, para hacer ver un gallinazo como una gallina y convencer a la gente que es por el bien de Colombia. De la misma forma precisó que enviaron una comunicación sobre el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “El Director del Inpec, Instituto Nacional penitenciario, habría incurrido en el delito de fraude a resolución judicial y este tendría entre uno y cuatro años de prisión”. Él sabe porque es abogado.

René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las 11 Personas desaparecidas en la retoma del Palacio de Justicia califico la medida de esquivar la cárcel por una guarnición militar, como un atropello a la orden de un juez colombiano. El abogado Jorge Molano anuncié que se tomarán “acciones judiciales”, porque el Coronel debe ser recluido en la cárcel, pues en su caso están involucrados “Delitos de Lesa Humanidad” y para estos no procede ningún beneficio judicial”. De por medio entre cumplir y burlarse de la sentencia judicial no hay más que una orden dada por el presidente Uribe cuando por la televisión, hace pocos días apareció rodeado de generales. “No hay razones valederas para que un ex oficial del ejército, condenado a 30 años de cárcel, por delitos de lesa humanidad, desaparición forzada de 11 personas, no sea recluido una cárcel y si lo asignen a pasar la sentencia en un cuartel, donde podrá estar con todos los lujos y comodidades que ofrecen los casinos militares, además de permanecer sin control real de ninguna naturaleza. “Eso no sería castigo, por el contrario sería un premio a las desapariciones forzadas de esas 11 personas, por los delitos de lesa humanidad”.

La reclusión del Coronel Alfonso Plazas Vega en la Escuela de Infantería, fue señalada por los familiares de víctimas del holocausto del Palacio de Justicia como, “una Nueva Interferencia del gobierno y de Álvaro Uribe Vélez por obstaculizar la Justicia”. Hacen lo que en las cárceles llaman el “cambiazo”, el convertir el castigo que ordena la ley y la justicia colombiana por un premio. El escándalo de violación de derechos humanos ya se hizo internacional por lo que urge que la Fiscalía proceda con prontitud a castigue a los responsables del nuevo abuso de poder, comenzando por el director del Inpec, quien indudablemente terminará preso luego que rinda descargos.

¿Quién ordenó cambiar la determinación de la juez, basada y la constitución, las leyes y acuerdos judiciales internacionales?

Trece días después de que condenaran a 30 años de prisión al Coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por la desaparición de once personas en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, se ordenó su traslado inmediato a la cárcel La Picota. Desde agosto de 2009, Plazas Vega se encentraba interno en el Hospital Militar. Los médicos entregaron un concepto a la juez Tercera Penal del Circuito de Bogotá en el que señalaban que, “a pensar de los trastornos de ansiedad que presentaba, él tenía la capacidad de evaluar situaciones, elegir un curso de acción y hasta dejar constancia escrita de un proceso de decisión, por lo que no había ningún tipo de impedimento para ser trasladado a un centro penitenciario. En este caso, a La Picota”. La juez María Stella Jara notificó al Inpec para que se dé el traslado inmediato de Plazas a la cárcel. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, confirmó haber recibido formalmente la orden de traslado a un centro penitenciario del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega. “En la dirección del INPEC reposa ya la orden de remisión emitida por la jueza tercera especializada de Bogotá, María Stella Jara, y se ejecutará en cualquier momento”, informó el organismo a los medios de comunicación, pero mintieron. Se lo llevaron con todos los honores y privilegios a un cuartel.

¿Quién ordenó cambiar la determinación de la juez, basada y la constitución, las leyes y acuerdos judiciales internacionales? Ya los organismos internacionales comenzaron a pronunciarse y con sobrada razón. “La ONU exhortó al Gobierno a acatar y respetar el fallo contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega al pie de letra como lo produjo la justicia, sin interferencias de ninguna naturaleza”. Esta historia finaliza con las declaraciones del sentenciado: “me siente complacido porque el Inpec acató la orden que había dado la jueza tercera especializada de recluir a su cliente en una guarnición militar, Agregó que según la ley colombiana, el oficial tiene derecho a ese sitio de reclusión…” 11 desaparecidos forzados…delitos de lesa humanidad… por eso urge la intervención de la Fiscalía ahora que esta interina y que ha servido mejor que nunca en su historia...” Patria, te adoro en mi silencio mudo y temo profanar tu nombre santo…