Esta decisión fue calificada "como un acto de justicia, que, aunque tardío, es una buena señal” para lograr la paz.

La eliminación física de más de 4.000 miembros de la UP entre finales de los años 80 y primera mitad de los 90, lo que prácticamente condujo al exterminio de ese partido político, que al quedarse sin caudal electoral perdió también su registro jurídico, decisión revertida por el Consejo de Estado.

La Unión Patriótica perdió la personería jurídica tras las elecciones legislativas de 2002 en las que no obtuvo representación en el Congreso, la UP fue acusada de ser el brazo político de las FARC, con lo cual se desató la ola de crímenes para acabarla como diera lugar. El futuro político debe ser para todos los sectores sociales y políticos. Que tengan derecho a opinar y a decidir. En eso consiste la democracia. El futuro político de Colombia será delineado en la constituyente para la paz".

La UP podrá acceder a la financiación del Estado y presentar candidatos en las próximas elecciones.

En el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado que esta semana declaró parcialmente nula una resolución y totalmente nula otra, ambas del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en el 2002 le retiró la personería jurídica a la UP. En el fallo se llegó a a la conclusión que la Unión Patriótica (UP) no contó con las condiciones de garantía indispensables para vincularse a la contienda electoral al Congreso del año 2002 (...) Por obvias razones, estaba en imposibilidad de conservar al menos una curul”.

En la sentencia, de 35 páginas, los magistrados evaluaron los argumentos del CNE, así como informes de la Relatoría de la ONU, Amnistía Internacional y la Defensoría del Pueblo, que documentaron el exterminio de la UP. Los reportes citan, por ejemplo, que entre 1985 –cuando fue creado el movimiento– y 1989 asesinaron al menos a 800 miembros y activistas.

El alto tribunal señaló que el CNE omitió “una realidad reinante”, pues no valoró que el partido estaba frente a “circunstancias excepcionales y de fuerza mayor” que le impedían ir a una elección. Y agregó que el organismo electoral no tuvo en cuenta que “se trataba de una decisión de especial trascendencia social, política e histórica, al tratarse del partido político surgido a la vida nacional como resultado de la política de paz y con el reconocimiento nacional”.

La magistrada Susana Buitrago, ponente de la decisión, explicó que la UP podrá acceder inmediatamente a la financiación del Estado y presentar candidatos en las próximas elecciones.

Frente al riesgo de volver a perder su personería por no cumplir los topes electorales, Buitrago consideró que el CNE debería tener en cuenta que el partido apenas “está recuperando su capital político y aún no se levanta de las causas que lo llevaron a esa situación”, por lo que, en caso de no superar el umbral, debería estudiar una medida diferente a declararle la muerte política.

“Hubo una conspiración mayor para exterminar a los miembros de la UP”, indicó la Corte en mayo pasado. Y agregó que se trató de una incursión de ‘paras’ patrocinados por militares y políticos, luego del triunfo de la UP en la Alcaldía y el Concejo de Segovia (Antioquia).

La abogada de la Corporación Reiniciar Luz Stella Aponte, quien representa a las víctimas de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que ni siquiera en los casos más conocidos, como el crimen del excandidato presidencial Bernardo Jaramillo, se ha llegado a todos los que participaron en el homicidio.

Los procesos por los ataques a más de 5.000 militantes, incluidos 7 congresistas, 13 diputados, 69 concejales y 13 alcaldes, hasta ahora han estado regados por despachos judiciales de todo el país.

Hace seis meses la Fiscalía decidió enviar a priorización el caso de la UP, lo que según el fiscal general, Eduardo Montealegre, permitirá impulsar esas investigaciones y llegar a los máximos responsables de esos crímenes tanto a los políticos como a los paramilitares.

Entre tanto, avanza en la CIDH una demanda por el genocidio del movimiento político. El Estado colombiano ya fue condenado en mayo del 2010 por ese tribunal internacional, por el asesinato del entonces senador Manuel Cepeda.

Con la decisión del Consejo de Estado, nace la preocupación en la UP porque podrían perder de nuevo su personería jurídica; con el aumento del umbral al 3% para las próximas elecciones, algunos integrantes de la Unión Patriótica temen quedar de nuevo sin personería jurídica por la gran cantidad de votos que se necesitan para no desaparecer. El presidente la UP, Ómer Calderón, dijo que comparte esa preocupación y admite que muy posiblemente no alcancen el apoyo necesario para llegar a un cargo de elección popular.

Sin embargo, cree que debe evaluar muy bien el mecanismo que utilizarán para participar en los comicios sin desaparecer. Si nosotros presentamos candidatos a las próximas elecciones para diversas corporaciones, Senado y Cámara a nombre de la Unión Patriótica, muy seguramente no logremos superar el umbral porque somos una fuerza diezmada y seguimos viviendo los efectos de la situación que se generó a lo largo de casi dos décadas de persecución, señaló.

Entre tanto, Carlos Romero, ex presidente de la Unión Patriótica, dijo que no puede haber garantías democráticas con un umbral tan alto, representado el alrededor de 450 mil votos.

Es necesario que ese umbral se reduzca tal y como lo ha planteado el movimiento MIRA, para que todas las minorías puedan estar presentes en el Congreso y puedan participar en la disputa por el control de los poderes públicos", manifestó. Integrantes de la Unión Patriótica están examinando la posibilidad de pedir una aclaración al Consejo de Estado sobre el tema del umbral. La unidad, la convergencia de los sectores sociales y políticos que hoy claman cambios estructurales. Preferiríamos un gran movimiento que desde abajo despliegue sus alas como alternativa política, después de 200 años de injusticia política.