En 1 de marzo de 2008 ocurrió una incursión militar colombiana contra un campamento de la guerrilla Farc, en Ecuador, sector conocido como Angosturas. Dejó 25 muertos, entre ellos el jefe guerrillero Raúl Reyes, cuatro mexicanos y el ecuatoriano Franklin Aisalla. Por este ataque se iniciaron dos procesos penales. El primero contra Juan Manuel Santos, por la muerte de 25 personas. La segunda contra las sobrevivientes del ataque, Lucía Morett, Martha Pérez y Doris Bohórquez acusadas de atentar contra la seguridad del Estado Ecuatoriano. Este caso está en suspenso y las sobrevivientes están prófugas de la justicia. Morett se esconde en México; mientras que Pérez y Bohórquez, son protegidas por el gobierno de Nicaragua. La justicia ecuatoriana pidió la extradición de las mujeres pero no se ha procedido. En desarrollo de la investigación contra el funcionario colombiano, el Juzgado Primero de Garantías Penales de Sucumbíos ordenó a la Policía que “se proceda a la captura de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Colombia”. Una vez que se lo haya detenido deberá ser puesto a órdenes de esa Judicatura. La boleta de captura se envió a Quito para que sea transmitida al resto de provincias y a la INTERPOL, como se hizo.

Santos está acusado de asesinato porque supuestamente dirigió, ordenó, coordinó y participó en el bombardeo a Angostura. Esta medida provocó la reacción del Gobierno colombiano, que anunció que se tomarán medidas para evitar su detención. La Interpol no podría desconocer una eventual orden de captura internacional contra Santos, si se cumplen los requisitos necesarios. La decisión del juez ecuatoriano es autónoma, está vigente y surtirá un trámite mientras no sea impugnada. El Gobierno colombiano consideró que la decisión judicial era “un ataque contra Colombia", pero el Gobierno ecuatoriano cree que Colombia ha llevado el tema judicial a un plano político y en Ecuador los procesos judiciales se desenvuelvan en el ámbito judicial y los políticos en el ámbito político, dijeron sus voceros. Sobre esta conducta de Uribe, de revolver lo político con lo judicial, es habitual en Colombia. Por eso la cantidad de enfrentamientos entre poderes públicos. Al final, aquí, ese estilo no le ha servido, quién sabe con el Ecuador. El Gobierno colombiano tiene que entender que la decisión que tomó el Juez es totalmente jurídica y que el tema legal es una cosa y el político es otro totalmente diferente”.

Juez ecuatoriano està actuando de acuerdo a las normas legales de ese paìs en la que nada tiene que ver el presidente de Colombia

El Fiscal del Ecuador declaró que va “a respetar el derecho penal internacional”. Se tiene en cuenta que se consumó un delito en Ecuador, se asesinó a un ecuatoriano. Si tenía cooperación con alguna organización irregular debía ser juzgado. Se faltó al principio básico de territorialidad. Se violó la soberanía y se asesinó a 25 personas más, dentro del territorio ecuatoriano. Por eso yo apoyo al juez que dictó la orden de prisión. Mas, se puede pedir la extradición de Santos, para juzgar aquí conde ocurrieron los hechos”. En Colombia, analizada la situación el gobierno determinó “contratar un bufete de abogados internacionales para que se encargue del caso”. Uribe señaló que ah falta de jurisdicción del Estado ecuatoriano, en relación con la presunta responsabilidad individual o personal de cualquiera de los servidores o funcionarios públicos que intervinieron en la Operación Fénix que fue una acción del Estado”.

"No lo dejamos tocar”, dijo lleno de ira el presidente Uribe y anuncia que pasará por encima de todos así las normas vayan n a parar al carajo. ¿Los intereses de una persona con los del país? Uribe acusa con lo primero que se le venga a la cabeza: "el juez vulnera diversas normas y principios de derecho internacional". Aquí hace lo mismo cada vez que le destapan cosas feas de sus funcionarios o su gobierno. Recordamos, por ejemplo, como salió a defender el hecho que bandidos se reunieran en casa de Nariño con funcionarios para tratar de desarrollar un complot contra los magistrados que investigan la parapolìtica. Aquí ha arremetido contra la Fiscalía y declarado “victimas” a los militares investigados por los “falsos Positivos”. Cuando las chuzadas del Das contra magistrados, sus familiares, políticos y periodistas hizo esfuerzos por desconocer su importancia frente a los derechos humanos porque “eso era falso”. ¿Tiene asidero verídico la afirmación de Uribe contra el juez de Sucumbíos cuando asegura lleno de odio de que ese funcionario judicial es parte "la guerra política que promueve el terrorismo dentro y fuera de Colombia siga creando impunidad para los terroristas"? ¿Fue lo primero que se le vino a la cabeza para aprovechar el momento y hacer politiquería? Así, como hace con los jueces colombianos, hace afirmaciones contra el ecuatoriano y buscan desconocerlos con frases lapidarias como “"no se puede, en nombre de la justicia, proponer acciones contra aquellos...”

Polèmica entre colombianos por la propuesta presidencial de poner al servicio de su ex ministro de Defensa al paìs

Conclusión: Ecuador es autónomo y puede investigar, judicializar y castigar lo que ocurra dentro de sus fronteras libre y soberanamente y Uribe no se lo puede impedir.