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Varapalo del Gobierno al informe de la ONU de los políticos presos: "Plagado de inexactitudes y de medias verdades"

28/05/2019 18:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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El Gobierno ha desacreditado el informe de un grupo de trabajo de la ONU sobre la prisión de los líderes independentistas, que además ve "especialmente grave" en un momento como éste porque podría ser interpretado "como una interferencia en un proceso penal en marcha".

Fuentes del Ejecutivo han criticado este informe y han cuestionado su imparcialidad por considerar que sus redactores no saben los delitos de los que están acusados los dirigentes independentistas, por creer que en España es legal la convocatoria de un referéndum independentista y porque "no tienen en cuenta el principio de separación de poderes ni la independencia judicial".

Moncloa reclama a los responsables de este informe, que ha elaborado el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que "refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos" y estén "alerta" ante los "intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos".

El informe cree "arbitraria" la privación de libertad de los líderes catalanes

El informe del grupo de trabajo de la ONU que se ha conocido este miércoles, considera "arbitraria" la privación de libertad de los líderes catalanes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.El documento entiende que la prisión provisional de los tres imputados vulnera los derechos humanos y pide al Gobierno español que proceda a su liberación.

Moncloa ha respondido esta tarde a este trabajo advirtiendo de que los redactores del informe desconocen los delitos de los que están acusados los tres dirigentes en prisión preventiva. Según el Gobierno, el informe también cree que es legal la convocatoria de un referéndum como el del 1-O "cuando es claramente contraria a la Constitución Española".

Los autores del informe, continúa el Ejecutivo, "dan por hecho que las concentraciones celebradas los días 21 y 22 de septiembre de 2017 eran manifestaciones convocadas en favor del referéndum del 1 de octubre y no concentraciones destinadas a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales".

Moncloa critica que el documento no tenga en cuenta el principio de separación de poderes y la independencia judicial, "llegando a pedir al gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al Poder Judicial". Y reprocha también a los autores del trabajo que den "por cierto" que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, "obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia".

"Interferencia en un proceso penal en marcha"

"Es especialmente grave que este Grupo de Trabajo haya emitido su informe poco antes de que quede vista para sentencia la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los denunciantes" subraya el Ejecutivo. Y añade que esa "lamentable circunstancia podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha".

Por razones como éstas, el Gobierno apunta que este informe del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria "plantea dudas sobre su independencia e imparcialidad y pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios". Y hace un llamamiento a los responsables y a los supervisores del sistema en su conjunto para que "refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos" y estén alerta ante los intentos de "manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos".

Por su parte, la secretaria de Estado para la España Plural, Irene Lozano, ha lamentado que el Grupo de Trabajo haya sido "víctima susceptible a una campaña de desinformación y manipulación". "El informe está plagado de inexactitudes y medias verdades hasta el punto de que parece que están siendo procesados por convocar una manifestación independentista", ha asegurado Lozano.

El embajador español en Londres, Carlos Bastarreche, informó de que el Gobierno ha pedido una auditoría sobre el funcionamiento de ese grupo de trabajo, que depende de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bastarreche lamentó que no se hayan "respetado las normas de procedimiento" para la publicación del informe, que se ha "filtrado a una de las partes" antes de su divulgación oficial, prevista esta tarde. Criticó asimismo la "falta de rigor" de la comunicación y expresó su "preocupación" por "el uso de un grupo de la ONU" en lo que considera "una campaña de desinformación".

Torra exige la libertad de los presos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido por su parte a la Fiscalía que retire las acusaciones contra los líderes soberanistas juzgados por el 1-O y que pida "de inmediato" su puesta en libertad, después de la resolución del grupo de trabajo de la ONU.

En concreto, ha afirmado que el Govern se dirigirá "formalmente a la fiscal general del Estado, a través del fiscal superior de Cataluña, para que, a la vista de la decisión del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, promueva en el Tribunal Supremo y en el resto de órganos judiciales que están persiguiendo la organización del referéndum" la retirada de "todas las acusaciones" y la petición de "libertad inmediata de todos los presos políticos".

Torra ha remarcado que la resolución "demoledora" del grupo de trabajo de la ONU, aunque solo cite a Junqueras, Sànchez y Cuixart, implica "al resto de presos políticos" y ha considerado que debería ser de "obligado cumplimiento": "Si el Reino de España no la cumple estará vulnerando el derecho internacional", ha juzgado.


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