La libranza es la autorización que le da el asalariado o pensionado a su empleador o entidad pagadora, para que realice un descuento de su salario o pensión con el objeto de que el mismo sea girado a de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios objeto de libranza; esto es, un compromiso de pago suscrito mediante un contrato, en dónde se establece el compromiso de pago irrevocable mediante la cancelación de cuotas durante un lapso específico.

El marco regulatorio de la libranza o descuento directo, viene establecido en la Ley 1527 de 2012 que fue reformada por la Ley 1902 de 2018; en el cual se señala que el objeto de la libranza es posibilitar la adquisición de productos y servicios financieros y de bienes y servicios de cualquier naturaleza , acreditados con el salario, los pagos u honorarios o la pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de la libranza o descuento otorgada por el asalariado, contratista o pensionado, estará obligada a girar los recursos directamente a la entidad pagadora.

Pueden realizar operaciones de libranza los establecimientos de crédito vigilados por la superintendencia financiera, los patrimonios autónomos, sociedades mercantiles, cooperativas, las cajas de compensación, los fondos de empleados, los INFIS y las sociedades y asociaciones mutuales.

Cómo producto financiero, se supone debe ser un mecanismo que las personas accedan a esquemas de financiación formales al mismo tiempo que se garantiza el recaudo de la obligación.

A pesar de toda la reglamentación y salvaguarda, ha pasado poco más de 32 meses desde que se destapó el más grande fraude financiero de los últimos tiempos ("El artículo 10 de la Ley 1527 de 2012 hoy reformado por la Ley 1902 de 2018, señalaba que la inspección, vigilancia de control de las entidades operadoras de libranzas serían objeto de la respectiva Superintendencia según sea el caso; no se entiende ¿Por qué sucedio lo que sucedió entonces?), producto de irregularidades en la venta de cartera sin respaldo financiero que afecto a 6.000 familias (Sin que a la fecha se conozcan mayores avances para lograr la reparación de los afectados).

Por lo pronto, esperamos que las medidas de protección y el Registro Único Nacional de Operadores de Libranza, eviten que a futuro se repita el fraude y que se haga justicia.

Lo que si queda como enseñanza de todo, es que finalmente no existía el vacío legislativo o falta de regulación sobre lo relacionado con vigilancia y control de las entidades protagonistas del fraude; pero si había que cerrar las troneras utilizadas por la falta de vigilancia y control de las entidades del Estado.

Leer ¿VAS A SEGUIR? -LIBRANZAS en LA ESQUINA DE ELIPHAS HARKONNEN