Al encuentro en Bogotá llegaron delegados de todos los departamentos, en un número superior a las mil personas reclamando justicia para los cinco mil casos registrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como crimines de Estado perpetrados contra la colectividad política surgida de los acuerdos entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno del presidente Belisario Betancur, fruto de los diálogos en La Uribe, Meta. El derecho a vivir, dice Jaime Caicedo secretario general del Partido Comunista Colombiano, es el derecho a la justicia, a las libertades, a la paz, y eso fue y seguirá siendo la Unión Patriótica.

Su memoria viva

El Encuentro se instaló formalmente con una gran marcha de claveles amarillos que recorrió la principal avenida de la capital del país. Los familiares y sobrevivientes recordaron a sus mártires cuando ellos decidieron hacer política en una agónica democracia y recibieron a cambio la persecución y la muerte. Extendieron por toda la Plaza de Bolívar un mantel blanco sobre el cual sentaron los retratos de sus seres queridos, junto a pertenencias personales, libros, fotos y notas en un acto simbólico que atrajo su memoria, exigiendo justicia y reclamando no ser olvidados. “Ellos deberían estar en la mesa de diálogo, pero no están porque los mataron” comentó Patricia Ariza, en un acto de imposición de La Cruz del Caballero, otorgada por el Senado de la República a instancias de la senadora Gloria Inés Ramírez, a Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar, en reconocimiento a su compromiso incansable por la defensa de los derechos humanos y las víctimas de la Unión Patriótica.

El proceso de paz

Los vientos de esperanza y paz hicieron presencia en el encuentro. Los testimonios de los sobrevivientes resultan un faro de guía para no cometer los errores del pasado en el tercer intento de paz que se inicia entre las FARCEP y el Gobierno. “Los que planearon y ejecutaron el genocidio están todavía en la capacidad de hacer otro”, advirtió Jahel Quiroga. La petición de justicia en el encuentro es el aporte de las víctimas y sobrevivientes a la fase de diálogo en La Habana. “La justicia significa la depuración de las fuerzas militares donde están todavía en organizaciones como Acore, mucha gente que tuvo que ver con el extermino, ya sea por sus comentarios o porque tuvo mando y no garantizó los derechos a la oposición. Allí hay mucho culpable”, remarcó Quiroga. Y es que evidenciar no solo los errores de procesos como el iniciado en La Uribe, Meta o el satanizado Caguán, pasan no solo por los temas de la agenda, también es fundamental reclamar garantías a aquellos combatientes que participarían en la vida política del país sin armas. La advertencia es a no repetir el camino de la UP. En eso coincide Carlos Ossa Escobar, exconsejero de paz del gobierno de Virgilio Barco, quien recordó la angustia vivida en la época por el sistemático exterminio con beneplácito incluso de altos funcionarios del Estado, “Tenemos que detener esta conspiración del narcotráfico y las fuerzas militares” le manifestó a Barco luego del asesinato de José Antequera.

Justicia ausente

Veintisiete años después de la aparición de la UP, han pasado tres procesos de paz con las FARC, nueve periodos de fiscales generales y la justicia ausente, dejando en las gavetas del olvido folios y expedientes que relatan un cruento pasado sin resolver. “La Fiscalía está demostrando su neficacia declarando crímenes de lesa humanidad algunos casos referentes a la UP, pensando que así no podrán prescribir los procesos. Pero nuestro caso, es un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace inminente la suspensión de los casos y no hay lugar la prescripción. Aquí deben reabrir todos los casos de la UP”, reiteró Jahel Quiroga.

Al encuentro en Bogotá llegaron delegados de todos los departamentos, reclamando justicia para los cinco mil casos registrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

La Fiscalía apenas ha reconocido ochocientas víctimas de un listado de cinco mil conocidas por Reiniciar, es un mal síntoma de las actuaciones judiciales en Colombia. A eso se suma la intención denodada del Gobierno Santos por entregarles a los militares la impunidad mediante el fuero penal militar que está a dos debates de convertirse en ley. “La doctrina militar no cambió desde los tiempos de la UP y no hay razones para pensar que pueda haber un giro radical” le dijo a VOZ, un analista invitado al encuentro.

Un relato de viva voz

De nuevo, su mirada encontró rostros que la hizo viajar por la memoria y el tiempo. El encuentro de víctimas era un pequeño respiro para Imelda Daza, una vallenata exiliada en Suecia hace veinticinco años, quien fue repatriada momentáneamente para contar la desgarradora historia de un departamento al que le borraron como una plaga maldita toda la militancia de la UP.

Era concejal en Valledupar, capital del Cesar, en 1984, junto a sesenta concejales y un Representante a la Cámara elegidos por la UP. “Yo soy la única viva, no quedó ninguno”. Contó la dureza el exilio y todas las heridas que apenas están cerrando. Pero la que aún le duele en el alma y le es imposible detener sus lágrimas al recordarla, es la de su compadre y colega de aquellos tiempos, Ricardo Palmera. El economista que compartía parrandas con presidentes y premios Nobel en los patios de palmas gigantes y tonadas interminables de acordeón, también acompañó a Imelda en su trasegar político en el Cesar, departamento que acogió por primera vez en plaza pública la esperanza de paz en cuerpo upeista. “Mi compadre Ricardo Palmera es una herida abierta que no se cura hasta que no lo pueda abrazar aquí en Colombia”. El compañero de luchas de Imelda, es hoy el vocero de la insurgencia ausente en la mesa de instalación de Oslo. Simón Trinidad, acogió las armas para defender su vida y sus ideas, para muchos es la dignidad de un luchador en cuerpo y alma, para Imelda Daza es el antídoto al dolor de su exilio.