EL VOTO ¿Derecho o deber?

Por: ANGEL ALIRIO MORENO MATEUS

¿Por qué,  si la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, el voto no puede ser considerado igualmente, como derecho y deber concomitante?  Soy de quienes creen que al establecer el derecho al voto como deber de obligatorio cumplimiento, nos ayudaría a resolver parte del problema de participación política y a establecer la posibilidad que las clases menos favorecidas sean “forzadas” a participar en las decisiones que les afecta. Además así podríamos, derrotar el abstencionismo de los que creen que votar no sirve, porque siempre salen elegidos los mismos.

Está probado y documentado que en Colombia se involucran más en los procesos electorales los sectores más fuertes de la economía y por ello las propuestas de los candidatos cada día más apuntan al favorecimiento de esos intereses, y que el voto de las clases menos favorecidas, en su gran mayoría, solo participa a través del incentivo económico, ese que el Estado-establecimiento reprocha, pero a su vez permite y no sanciona, siempre que quien salga elegido con esas prácticas sea proclive a sus intereses. Si se establece el voto obligatorio se abriría el espacio para la discusión de los temas sociales que impactan a los más pobres y estos tendrían una nueva esperanza de opinión y participación directa.

Los incentivos para la asistencia a las urnas de nada han servido. Eso de la reducción del costo del pasaporte o de las matrículas universitarias no resulta atractivo para los abstencionistas, que pocas oportunidades tienen de viajar fuera del país o de acceso a la universidad pública, porque provienen de planteles públicos de bajo rendimiento académico. Y qué decir de la disminución de un mes en el servicio militar, si quien va al ejército es el campesino que apenas llega a la mayoría de edad es incorporado a las filas, sin siquiera haber votado la primera vez. Menos el día de descanso remunerado si el abstencionista no tiene empleo, o el mejor puntaje en los concursos públicos que a la final son manejados.

En Colombia se involucran más en los procesos electorales los sectores más fuertes de la economía y por ello las propuestas de los candidatos cada día más apuntan a esos intereses

La cedula de ciudadanía demuestra eso: la ciudadanía. Ella se ejerce social, civil y políticamente. Debería ser requisito para poder ejercer la ciudadanía social y civil, el ejercicio previo de la ciudadanía política como acto de validación integral, de tal suerte que quien no vote quede limitado en el ejercicio de la integra ciudadanía, es decir que cuando no participe del acto eleccionario, tenga que demostrar ante un juez electoral, una causal valida de inasistencia a las urnas o de lo contario le sea suspendida la ciudadanía civil que le impediría el otorgamiento de instrumentos públicos como escrituras, traspaso de vehículos, suscripción de contratos de telefonía y otros actos ordinarios de orden civil.  

Claro, tendremos que ajustar a nuestra sociedad a una cultura de transparencia. No  vayamos a resultar que ello se traduzca, en un nuevo episodio y una  oportunidad para los corruptos, que venden el pasar de agache en los trámites, sanciones y multas, y resultemos que aparezcan avívatos que vendan el certificado electoral con la misma facilidad que hoy ofrecen licencias de conducción o certificados de revisión técnico mecánica. Que el gran arquitecto nos ilumine.