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El Señor Ministro de Hacienda, a pesar de haberse aprobado la Ley 1943 de 2018 que había impulsado el gobierno nacional alegando la necesidad de recursos (O Ley de Financiamiento), sigue impulsando la venta del 8.5% restante del 20% de las acciones de ECOPETROL cuya negociación fue autorizada mediante la Ley 1118 de 2006. El argumento para insistir en la negociación de esas acciones, es la necesidad de 10.7 billones adicionales para atender los gastos que se requieren en materia de infraestructura y temas sociales en medio de la apretada situación fiscal del país ( Esto es, como un medio para la consecución de la responsabilidad fiscal y de eficiencia del gasto público) y que se trataría simplemente de continuar la enajenación hasta completar el 20% autorizado por la Ley 1118 de 2006)
Los argumentos de quienes apoyan la posición del Ministro de Hacienda son entre otros:
1) Que la conectividad vial que se conseguiría con la negociación de las acciones es un activo estratégico más importante y necesario que el porcentaje de las potenciales reservas de hidrocarburos que se perderían con la negociación.
2) No hay otra forma de conseguir los recursos para inversión social faltantes y al mismo tiempo cumplir la regla fiscal.
3) A la luz de las nuevas condiciones es mejor adquirir reservas en otros mercados y a corto plazo se obtendría liquidez necesaria para "cuadrar caja".
Los argumentos dados por los que se oponen a tal negociación son entre otros:
1) Que siempre se mira a ECOPETROL y en general al sector energético cómo un generador de renta pública y nunca cómo generador de empleo y competitividad.
2) Que aún no se conocen los resultados, beneficios y verdaderas consecuencias de la enajenación de ISAGEN; muy a pesar que la misma se hizo con fundamento en los argumentos hoy presentados para la nueva enajenación de acciones de ECOPETROL.
3) La enorme posibilidad de recuperación en los precios internacionales del petróleo y nuevas alternativas que permitan la generación e incorporación de nuevas reservas petroleras ( Tales como el incomprendido fracking)
Además de tales contrargumentos, el Partido Liberal Colombiano ha presentado el Proyecto de Ley 261/19 con la finalidad de proteger el patrimonio público y en razón a ello modificar el artículo 2 de la Ley 1118 de 2006 en el sentido de establecer la garantía de propiedad del 88, 5% de las acciones de Ecopetrol con derecho a voto en circulación, y prohibir durante 20 años la enajenación accionaria de la Nación en ECOPETROL S.A además de que se garantice que los ingresos de ECOPETROL S.A. se destinen a infraestructura e inversión social; establecen los Honorables Senadores en la exposición de motivos del Proyecto de Ley que las condiciones del sector han mejorado significativamente, el aumento de la producción y el aumento del precio del petróleo WTI; situaciones estás que según el dicho de los proponentes, no solo hacen inconveniente la venta de acciones sino también constituirían un detrimento patrimonial (pues además del porcentaje accionario los nuevos accionistas tendrían participación en las reservas de hidrocarburos)
Las preguntas que se sigue haciendo PEDRO PUEBLO, completo opositor a que se sigan negociando activos de la Nación con los mismos trillados argumentos son: 1) ¿Por qué a genios tecnócratas educados para encontrar nuevas soluciones siempre llegan a las mismas soluciones y creen que a punta de argumentos rebuscados se van a comer el cuento al sufrido pueblo?, 2) ¿Por qué hasta ahora se le prende el bombillo a nuestros parlamentarios con iniciativas para la protección de los recursos de los activos de la Nación?
